El derecho a la vivienda: La disputa ideológica tras el debate constituyente

¿Debiera ser la vivienda adecuada un derecho constitucional? ¿Qué entendemos por vivienda adecuada? ¿Cómo debiera legislarse en torno a políticas de vivienda y urbanización para no seguir perpetuando bolsones de pobreza en la periferia de las ciudades?

Expertos, dirigentes sociales y grupos políticos exponen las distintas perspectivas que plantean los diversos actores del mundo de la vivienda.

“La vivienda digna es un derecho que tiene que estar garantizado porque para poder constituir familia, para poder hacer la vida, es necesario tener un lugar. Para nosotros el derecho a la vivienda es una reivindicación básica e ineludible”, comenta Aland Castro, coordinador nacional del movimiento de pobladores Ukamau, de Estación Central. Lo hace mientras recorre los terrenos de la maestranza San Eugenio, que en poco tiempo más ocuparán las 428 casas que darán vida al proyecto de vivienda definitiva por el que han luchado años.

Ukamau es sólo uno de los tantos actores sociales que tienen la convicción de que el derecho a la vivienda adecuada debiera estar escrito en la próxima Constitución. Lo trazan como una prioridad. Para Cristóbal Ruiz Tagle, director de Estudios de Idea País –centro de formación política y social de jóvenes-, debiera ser un factor a considerar el hecho de que establecerlo en la Constitución puede derivar, a la postre, en demandas hacia el Estado: “sin entrar en la polémica sobre si debería ser un derecho o cómo debería plasmarse, estamos en la línea de que hay que plantear la inquietud de una vivienda adecuada. La pregunta es qué es una vivienda adecuada. Estamos convencidos de que el principal problema pasa por ubicar la vivienda en un entorno adecuado. Nosotros hablamos de metas solidarias en vez de garantizarlo como un derecho porque el derecho siempre va acompañado de una posibilidad de que puedas ejercer un acto judicial para asegurar que eso se garantice, y eso ya es más complicado”.

Chile suscribió al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, redactado por la ONU, que señala que “los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y una vivienda digna…”. Pero de eso aún poco y nada.

Los partidos políticos también se han sumado a la discusión. La Democracia Cristiana ha levantado una comisión de Ciudad y Territorio con el objetivo de definir una postura respecto al derecho a la vivienda y otros asuntos relativos a la urbe. Sobre si la vivienda debiera ser una garantía constitucional aún no hay muchas luces. Catalina Guevara, miembro de la comisión, afirma que “no podría decir que hay un consenso absoluto sobre este tema, pero sí creemos en la construcción de una ciudad fraterna. La cual tiene que albergar y dar cabida para que las personas tengan la posibilidad de tener un hogar, una vivienda. En ese sentido, es que estamos a favor de que todas las familias – independiente de las clases sociales – tengan la posibilidad de acceder a un hogar”.

Para Javier Hurtado, gerente de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, la temática no tiene dos lecturas. “A mí no me gusta el tema de los derechos constitucionales en general. Hay países que no tiene presupuesto para soportar una cantidad extralimitada de derechos. Yo no hablaría tanto de derechos, pero sí de que el Estado tiene un rol importante en la provisión de viviendas. Si uno mira la historia de los últimos 20 años, de tener un déficit de vivienda social de un millón de viviendas más o menos, hoy día hay un déficit de 150 mil viviendas sociales”, afirma.

Las políticas habitacionales: un legado de la dictadura

Si bien la cobertura ha sido un problema que se ha sabido atenuar en las últimas décadas, la calidad de las viviendas sociales que se construyeron principalmente entre la década de los 80’ y los 90’ no fue el foco de preocupación de los gobiernos que implementaron las políticas de vivienda.

Una situación que ejemplifica la línea de la política que se ha implementado en temas de vivienda en las últimas décadas es la de Bajos de Mena, un conjunto de 49 villas de blocks ubicadas en el extremo sur poniente de Puente Alto que hoy alberga a más de 120 mil personas. Cada departamento de 42 m2 es reflejo de hacinamiento, y el sector no cuenta con una placa comercial establecida, su acceso a transporte público es verdaderamente limitado, se ubica a distancias considerables de los servicios básicos y hoy se encuentra tomado por la influencia del tráfico de droga y la delincuencia.
Otro caso es el de las casas Copeva. En 1997, casi 600 familias de Puente Alto recibieron las llaves de sus nuevas casas en la villa Jesús de Nazareth, en la misma comuna. No alcanzó a pasar un invierno y las casas sufrieron serias filtraciones en sus murallas, hongos en la cocina y los baños y una gran cantidad de humedad. El episodio obligó al Estado a indemnizar a cada una de las familias con sumas de dinero del orden de los 3 millones de pesos.

Rafael Soto, presidente de la Federación Nacional de Pobladores, sostiene que el problema radica en la línea discursiva que incorporó la dictadura militar en asuntos de vivienda. “Bajo el gobierno de la Unidad Popular se logran establecer sistemas de construcción mixta del Estado con los pobladores. Entonces cuando llega Pinochet, lo que hizo fue cortar un proceso social histórico que venía madurando, e instala un sistema subsidiario con una Constitución que es pro lucro. Termina entregando la urbanización de las ciudades a la mano privada. Utilizó dos instrumentos segregadores: el sistema se subsidio y el indicador de situación socioeconómica del momento”, comenta.
Fue en pleno régimen militar en que los apodados “Chicago boys” se ocuparon de conducir las políticas públicas por el camino del neoliberalismo. En ese marco, la política del gobierno de la época aspiraba a subsidiar la demanda de viviendas de bajo costo.

/Boris Yaikin

Así lo explicitaba el mismo ministerio de Vivienda y Urbanismo en un folleto de memoria anual en 1979, en donde señalaba que, bajo su rol subsidiario, en “nombre de todos los ciudadanos de Chile, el Estado ayuda en dinero para la compra de su casa y la solución de su techo. Así ganará usted la dignidad humana que tanto merece por su honradez y su trabajo. Esto no es paternalismo. Es justicia social…”.

Ana Sugranyes, autora de “La política habitacional en Chile, 1980-2000” hace referencia en su texto al plan de gobierno en torno a la erradicación de los campamentos en esa época: “Las operaciones de erradicación significaron un trasvasije de población. Los estudios demuestran que, a pesar de la obtención de la “casa propia anhelada”, para los erradicados aparecieron problemas como la pérdida del empleo; el incremento de los costos de traslado hacia y desde los lugares de trabajo; dificultades de acceso a la educación, salud y subsidios de la red social; y nuevas dimensiones de violencia e inseguridad que no existían en los campamentos. Además, los estudios demostraron que las erradicaciones contribuyeron al desarraigo de la red informal de ayuda y apoyo y a una fuerte disminución de la participación de los pobladores en las organizaciones comunitarias”.

Esto explica, en parte, cuáles son las deficiencias del sistema de vivienda que hacen que hoy no exista un acceso óptimo para una porción de la población. Iván Poduje, arquitecto y Magíster en Desarrollo Urbano define tres principales obstáculos. “El primero, es que el Estado tiene un problema serio para conseguir terrenos bien localizados para ubicar las viviendas sociales. En segundo lugar, como opera sectorialmente, construye proyectos de casa, pero no barrios. Lo tercero ocurre en los campamentos y los guetos que ya existen, donde las viviendas sociales se encuentran en muy mal estado”, concluye.

En la misma línea de los últimos dos puntos de Poduje, Javier Hurtado, de la CChC, apunta a algo similar: “Antes la discusión era la cantidad y la cobertura. Hoy nos hemos dado cuenta de que esa política ha llevado a constituir tremendas poblaciones donde el problema hoy pasa a ser un problema del barrio. Por esto, hace poco tiempo estamos todos preocupados del tema del barrio en sí, más allá de la vivienda. Muchos hablan de políticas públicas de viviendas con barrios mejores, yo creo que eso está bien, pero me parece que el problema de fondo tiene que ver con los barrios actuales”, argumenta.
Catalina Guevara, de la comisión DC, alza el concepto de “ciudad fraterna” como un eje medular a la hora de hablar de planificación: “hoy nuestra ciudad es violenta. Muchas veces transgrede y no acoge a todas las personas que vivimos en ella. Hay un tema que consideramos imprescindible para construir esta ciudad fraterna, que es la superación de la segregación. Los pobres para un lado, los ricos para el otro, nadie quiere compartir con gente de otra clase social”.

El proceso constituyente ha sido liderado por el Consejo Ciudadano de Observadores. Este grupo, cuya función es garantizar la transparencia de los diálogos ciudadanos, es presidido por Patricio Zapata, abogado constitucionalista de la Universidad Católica. Fue el mismo Zapata quien, en una entrevista radial, manifestó su parecer respecto al tema en cuestión: “Para mí el derecho a la vivienda es absolutamente fundamental. Yo creo que el Estado chileno le debe a cada uno de sus compatriotas el esfuerzo máximo posible para que nadie esté en la calle. Eso no es lo mismo que decir que todos van a poder llegar a un tribunal para pedirle al Estado que le dé una casa mañana, sino que tú estableces que el imperativo de la comunidad es que el Estado va a hacer todo lo que esté en sus manos para que no haya nadie sin un techo. El tema de los campamentos no es un tema de popularidad ni de votos, es un tema de dignidad”·

El debate constitucional ya está instalado. Después de los encuentros locales vendrá la etapa de los diálogos provinciales y los regionales. Posteriormente el resultado de los diálogos participativos compondrá las Bases Ciudadanas para la Nueva Constitución, documento que dará forma al proyecto de Nueva Constitución. Para que la Constitución sea reemplazada es necesaria una reforma constitucional que lo permita, así continuaría el proceso. Será el próximo Congreso (2018-2022) el que defina entre 4 alternativas cuál será el mecanismo para redactar la siguiente Constitución. Las opciones son: el mismo Congreso, una Convención Constituyente Mixta (parlamentarios y ciudadanos), una Asamblea Constituyente o un plebiscito para que los ciudadanos elijan entre las tres opciones mencionadas.

La última etapa consistirá en un plebiscito de ratificación, en el que a la ciudadanía se le convocará para ratificar la nueva carta fundamental.

*Reportaje publicado en la  revista «No Podemos Callar!»