Cambio de roles en el Mineduc: Así se cocinó la resistida Reforma Educacional

“Ya no hay vuelta atrás” dijo la Presidenta en cadena nacional el domingo cuando anunció que este martes la reforma a la educación entraraba al parlamento. Luego, el lunes fue el turno del comité político en La Moneda, donde el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés se encargó de dejar en claro la gradualidad de la política de gratuidad. Y fue ayer finalmente el día en que Michelle Bachelet ingresó el Proyecto de ley de Educación Superior a su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados.  

“Como Gobierno ya hemos optado por poner en marcha las transformaciones que la sociedad nos demanda, para cumplir nuestro compromiso de hacer de Chile un país de más y mejores oportunidades”, dice el documento de ingreso de la ley que ha sido esperada durante dos años y antecedida por iniciativas previas del PACE, las dos nuevas universidades regionales y los quince nuevos centros de formación técnica estatales.

Al presentar el proyecto, llamado mediáticamente Calidad y Gratuidad, el Ejecutivo ya vaticinaba que “la discusión de la Reforma a la Educación Superior se dará bajo una presión política y social”. Pero no se refiere sólo a la presión de la calle: en la educación superior existen intereses transversales al arco político y el mundo empresarial. Sólo el 2015 el 24,7% del dinero del Estado destinado a educación superior se fue para universidades privadas que no integran el CRUCh. Mientras tanto el 10,8% para se fue a los Institutos Profesionales y 4,3% para los Centros de Formación Técnica. Así, el 39,8% de los recursos públicos beneficiaron a planteles privados. Además, de acuerdo a la Fundación SOL, desde que se implementó el CAE el Estado ha destinado $2,7 billones a comprar activos financieros.

La Corporación de Universidades Privadas (CUP) reúne a 17 universidades privadas no tradicionales eligió en abril de este año como presidenta y vocera a Pilar Armanet, rectora de la Universidad Las Américas (Grupo Laureate) y militante PPD. La trayectoria de Armanet está íntimamente ligada tanto a la hoy Nueva Mayoría como al Crédito con Aval del Estado: la abogada fue jefa de la División de Educación Superior del Mineduc en el gobierno de Ricardo Lagos cuando éste se implementó. En 2014 ingresó a la U. Las Américas.

Entre los otros candidatos a presidir la CUP estaba el rector de la U. San Sebastián y ministro de Economía del primer gobierno de Bachelet, Hugo Lavados. Tanto la Universidad de Las Américas (cuyo grupo controlador posee también la U. Andrés Bello y AIEP) como la Universidad San Sebastián tienen más del 59% de sus CAE recomprados por el Estado. Los lazos de ambos rectores los posicionan como defensores estratégicos de la forma de financiamiento, que de acuerdo al proyecto de ley se mantendrá vigente hasta que termine la “gradualidad” de la gratuidad.

“Hay un avance conservador en las ideas sobre financiamiento”, señala Víctor Orellana, investigador de la fundación Nodo XXI. “En el borrador al que accedimos en enero no se incluía el CAE y hoy se asegura que se mantendrá sin plazos”, explica, haciendo referencia a la reunión que sostuvieron junto a miembros de la hoy Fuerza Autonomista.

La mantención a largo plazo del CAE es uno de los puntos que suma detractores. El texto de 170 páginas no había sido presentado siquiera cuando ya tenía en contra a dos actores claves en el debate educacional de los últimos diez años: la CONFECh y el Consejo de Universidades Estatales de Chile (CUECh). Mientras que la confederación de estudiantes acusa que la reforma consolida el sistema mercantil actual, no toca el Crédito con Aval del Estado ni garantiza la educación como derecho, entre los rectores de las estatales caló hondo la frase de la presidenta al inicio de su cadena nacional el domingo pasado: “Se consagra el sistema mixto de educación superior”.

Ayer, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, respondió que un sistema donde sólo el 15% de la matrícula corresponde a universidades estatales “es imposible de visualizar como sistema mixto”. Por su parte, Aldo Valle, vicepresidente del CRUCh, dijo que el proyecto “no fortalece la educación pública”.

Del otro lado, los rectores de las universidades privadas agrupadas en el G9 han criticado un “trato desigual” respecto a las estatales, intentando fortalecer el discurso de las “universidades privadas con sentido público” y buscando ampararse en el CRUCh para obtener una regulación distinta al resto de las privadas.

La oposición, en tanto, ha declarado que el proyecto es una “venta de humo” y que engaña a la ciudadanía respecto a los reales alcances de la gratuidad. El próximo lunes 11 de julio el consejo político de Chile Vamos discutirá el proyecto de ley, pero en sus declaraciones sobre discriminación arbitraria avizoran una posible impugnación constitucional, tal como ocurrió con la glosa presupuestaria para la gratuidad el 2015, a cargo del diputado UDI Jaime Bellolio.

Con todo, la tramitación se ve compleja no sólo por la presión social de la calle, los poderes fácticos de los intereses económicos en la educación superior y el rechazo parlamentario de la derecha, sino que por la propia falta de acuerdo de la Nueva Mayoría, una tónica durante los primeros dos años de gobierno. Esto se ve también en la composición de los equipos del Ministerio de Educación, cuyo último cambio de roles fue hace sólo dos semanas.

El cambio de mano que terminó con la salida de Martínez y RD

El segundo semestre de 2015 fue un período clave para reestructurar una reforma que ya estaba despertando diversas críticas entre los sectores más conservadores. Justamente en ese tiempo se dieron algunos de los cambios más significativos en el equipo que lideraba la Reforma a la Educación Superior.

En agosto se anunció la creación del Consejo Consultivo para la reforma, constituido entre otras personas por el ex ministro de Educación, Sergio Bitar (PPD), el doctor en Economía y profesor de la Universidad de Chile, Dante Contreras y el presidente del Consejo Nacional de Educación, Pedro Montt Leiva. Ante esto, el rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrés Benitez, calificó la instancia como “una forma elegante de reconocer el fracaso de la reforma tal como está estructurada”.

El consejo también estaba integrado por Rodrigo González López (PS), ex director de la Conadi, ex jefe de la División Jurídica del Mineduc en el primer gobierno de Michelle Bachelet y en ese entonces asesor del Ministerio de Hacienda. Un hombre que pronto pasaría a jugar un rol clave en el ministerio.

En diciembre de 2015 el fallo del Tribunal Constitucional respecto a la gratuidad fue el momento perfecto para darle un rol más protagónico a González. De los 11 integrantes del Consejo Consultivo, el socialista fue el único que se incorporó como asesor directo de la ministra, quien ya a mediados de ese mes lo presentó como “quien se hará cargo de la Reforma a la Educación Superior”.

Las funciones de González, según describe el portal de transparencia activa del Mineduc, son: “Asistir a la Sra. Ministra en la Reforma Educacional apoyando a los diversos equipos de este Gabinete liderando el equipo que elabora el Proyecto de ley de Educación Superior y apoyando en la gestión de la misma”. Su remuneración es de $6.123.000.

La decisión de incorporarlo respondía a mitigar el descontento que existía en la DC, el PS, el PPD y los ministerios de Hacienda y Segpres con la gestión de Francisco Martínez, en ese entonces jefe de la División de Educación Superior. Ignacio Walker calificó sus posturas de “ideológicas”, las universidades privadas lo apuntaban como el responsable del “desorden” de la reforma y la UDI pedía su renuncia.

Las críticas no sólo iban dirigidas hacia él, sino también hacia un grupo de asesores sin “la experiencia técnica para llevar a cabo una reforma de este tipo”, según señalaban fuentes del oficialismo a La Tercera en ese entonces. Carlos Montes había señalado al mismo medio que era importante “fortalecer” el equipo.

¿En qué derivó el cambio de mano? En la paulatina salida de todos los nombres que eran focos de crítica. Álvaro Cabrera, ex asesor clave de Francisco Martínez, dejó el ministerio en agosto para hacer un postgrado en Estados Unidos. Entre los miembros del Partido Comunista, Óscar Aroca se fue a trabajar al gabinete de la ministra de Sernam, Claudia Pascual, y Catalina Lamatta, militante de la JJ.CC. y ex dirigenta de la Federación de Estudiantes de la UTFSM, se fue a trabajar con la rectora Roxana Pey en la Universidad Estatal de Aysén.

Francisco Martínez también dejaría después su cargo en la Divesup, para reintegrarse solo como asesor de la ministra Delpiano. Por otro lado, los hombres clave de Revolución Democrática, Miguel Crispi (que se desempeñaba como asesor) y Gonzalo Muñoz (que era miembro de la planta del ministerio en la jefatura de la División de Educación General del Mineduc) salieron de sus cargos.

El puesto de Muñoz fue tomado por Juan Eduardo García Huidobro, ex presidente del Consejo Asesor Presidencial de Educación durante las movilizaciones pingüinas de 2006 que durante este año se desempeñaba como asesor del ministerio.

Al medio está Rodrigo González, reunido con los rectores del organismo / Foto: www.cupchile.cl

El equipo que liderará la reforma

Ya hace dos semanas llegó al Mineduc Alejandra Contreras Altmann, abogada que llevaba diez años trabajando como directora ejecutiva de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores (Ingresa), institución que administra el CAE. Su misión es asumir la jefatura de la Divesup, en reemplazo de Francisco Martínez, quien seguirá en el equipo liderado por la subsecretaria Valentina Quiroga y la ministra Delpiano, pero en calidad de asesor.

El equipo también lo integra el jefe de asesores, Luis Felipe Jiménez, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, máster en Política y Economía de la Universidad de Boston. También y ex miembro de la División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Por otro lado, Patricio Espinoza ha estado a cargo del equipo jurídico que redacta los proyectos de ley y de su tramitación en el Congreso Nacional. El abogado de la Universidad de Chile cuenta con un postítulo en teoría política en el University College of London y fue parte de la Dirección de Presupuestos entre 2009 y 2013. Eyzaguirre lo incorporó a su equipo en 2014 y se ha mantenido hasta hoy.

En el Congreso también lo apoyan en la gestión de tratar con los distintos parlamentarios la abogada Luz María Gutiérrez (PS), el jefe de asesores de educación de la DC, Gustavo Paulsen, y el mismo Rodrigo González. Desde Segpres, además de las gestiones que el propio ministro Eyzaguirre ha realizado con distintos actores de educación, ha apoyado las gestiones el jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales y ex directivo de la Universidad de Atacama, Gabriel de la Fuente.