El Desconcierto conversó con el nuevo Director Ejecutivo del Museo de la Memoria, sobre cómo fue el día en que Fuerzas Especiales lo detuvo por apagar la Llama de la Libertad con un extintor, por qué no quiso participar en ningún encuentro local autoconvocado y de qué máculas de la dictadura aún no logra desempolvarse esta democracia.
Francisco Estévez ha vivido varias vidas: fue integrante del Mapu, fue militante del PPD, fue Director del INJUV, fue vocero de la jueza Karen Atala, fue el único que se interesó en rescatar a los chilenos detenidos por rayar un grafiti en Cusco. Ahora, el 1 de julio de 2016, asumió como Director Ejecutivo del Museo de la Memoria.
El Desconcierto conversó con él, sobre cómo fue el día en que Fuerzas Especiales lo detuvo por apagar la Llama de la Libertad con un extintor, por qué no quiso participar en ningún encuentro local autoconvocado y de qué máculas de la dictadura aún no logra desempolvarse esta democracia.
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19 de agosto de 2003, mediodía. Falta un mes para que se cumplan 30 años del último golpe de Estado en Chile y Francisco Estévez está detenido en una comisaría. Fuerzas Especiales lo capturó en el Paseo Bulnes hace una hora: Estévez saltó las vallas papales que protegían el Altar de la Patria, se arrojó contra la Llama de la Libertad y apagó la flama pinochetista con un extintor de incendios.
“Queríamos desmonumentar esa herencia de la dictadura con una acción de arte político”, recuerda ahora Estévez, en su oficina, como nuevo Director Ejecutivo del Museo de la Memoria. Después de la hazaña, a Estévez le cayó un parte policial. Al gobierno, un escándalo. “Ahí se supo que la cuenta del gas de la llama la pagaba la Secretaría General de Gobierno. Después se ofreció a pagarla Labbé. Todo un absurdo. Al año siguiente se remodeló el lugar y se quitó la llama. Una solución bien a la chilena”.
Cuando eras directivo en el Instituto Arcos tenías el parte de Carabineros colgado en tu oficina, al lado del premio Madanjeet Singh de la Unesco, como un reconocimiento más.
—Lo guardo porque es muy divertido, está escrito en lenguaje de carabinero, dice “aconteció que los extintores fueron retenidos y trasladados al tribunal”.
Esa vez las FFEE se portaron bien, pero no toda la gente corre esa suerte. Hay denuncias de estudiantes torturados o de mujeres manoseadas por carabineros.
—Sí, hay casos de brutalidad policial. Eso no debe permitirse en democracia. Debe existir una política real de fiscalización a los organismos del Estado que controlan las armas. Ahí es clave apoyar al Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuyo trabajo es encomiable. Luego, que haya sanciones reales y que no dependan de la justicia militar. Aquí el desafío mayor es la tolerancia. Lo pienso en el accionar de Carabineros y también en los casos de violencia callejera en las manifestaciones. Hay que comprender, no sólo desde las fuerzas armadas sino desde toda la sociedad, que los temas de derechos humanos no son algo del pasado.
Pero el concepto está secuestrado en ese período. Hay un video en el que preguntan en la calle qué son los derechos humanos y la gente no sabe o los vincula al golpe, a los desaparecidos.
—La dictadura no vulneró sólo lo que aparece en los informes Rettig o Valech, también los derechos económicos, sociales y culturales de todo el país. Fue la implantación de un modelo de exclusiones brutales. Hay una deuda con la comprensión del “nunca más”, de nuestra sociedad y también de este museo. Cuando hablamos del “nunca más” no hay que pensar que la repetición va a ser exactamente igual a lo que sucedió después del golpe. Esa es una consideración histórica literal y equivocada. La gente debería visitar el Museo y salir con una conciencia de defender los derechos humanos ahora.
No sé si eso queda claro al visitar el Museo.
—El rol del Museo está acotado a visibilizar y educar sobre las violaciones del período 73-90, a todos los actores de la sociedad, incluidas las policías y las Fuerzas Armadas. La sociedad no puede ir en un camino de intolerancia y violencia. Cuando eso ocurre, son las personas más postergadas las que más sufren. Mi propósito es que el Museo juegue un rol más activo en cómo construimos una sociedad con enfoque de derechos. Que tenga capacidad de vínculo educativo para enseñar que hoy, paradojalmente, hay prácticas como las policiales que son muy parecidas a las de la dictadura. Ahí el Museo se alinea con una urgencia de presente y de futuro.
Es interesante el desafío educativo, en especial ahora que vuelve la formación ciudadana a los colegios.
—Afortunadamente ya no se habla de educación cívica. Esa diferencia es fundamental. La educación cívica es una especie de introducción al derecho constitucional. Básicamente, enseñar qué es una ley, cuál es el rol de los diputados, en fin. Está bien aprenderlo, pero eso no es educación democrática. La formación ciudadana no es abstracta, está vinculada a procesos. De lo contrario no resulta.
Pero los colegios son espacios súper represivos, qué difícil formar ciudadanía así.
—Sí, es evidente que no se puede educar para la democracia y los derechos humanos desentendiéndose de las prácticas autoritarias o poco participativas que puedan ocurrir en los liceos y colegios.
La democracia chilena tiene varias deudas y una es esa, que lo político parece algo que sólo ocurre en el Congreso y no en espacios de micropolítica. Como dicen los movimientos feministas, lo personal también es político.
—Claro, la visión más tradicional de los derechos es vincularla con el Estado. Después de Foucault se entiende que los derechos deben ejercerse en todas las relaciones de poder. Las relaciones de pareja y muchas otras en las que uno se desenvuelve son relaciones de poder, donde también ocurren prácticas inaceptables desde la perspectiva democrática. Entonces no es un problema sólo del Estado.
Insisto en que el Museo sólo muestra un imaginario más macropolítico, de que el Estado debe —obvio— resguardar los derechos humanos.
—Es complejo, porque uno no puede irse del Museo con la sensación de que fuimos todos culpables. Hay responsabilidades ampliadas y otras personales que ya fueron juzgadas. Y por supuesto que uno debe entender que no es ajeno, que lo político tiene que ver contigo, con tus conductas. Un caso, cuando aplicábamos las encuestas sobre tolerancia en Chile en la Fundación Ideas, ¿sabes cuál era el grupo más afectado?
¿Los pueblos originarios?
—No, los niños. Y siguen siendo. El porcentaje de adhesión a la afirmación “lo primero que deben aprender los niños es a respetar sus mayores” era altísima. Cuando lo primero que deben aprender los niños son sus derechos. Estoy convencido de que nuestra sociedad es más intolerante que discriminatoria.
¿Cuál es la diferencia?
—Visto desde los principios de la revolución francesa, la discriminación es violar el principio de la igualdad. La intolerancia, el de la libertad. Y queda el tercero, la fraternidad, que se vulnera cuando hay insolidaridad. Los estudios muestran que nuestra sociedad es violenta, autoritaria y eso también ocurre a nivel del Estado.
La Nueva Mayoría está desmontando algunas herencias de la dictadura, por ejemplo, con el proceso constituyente. ¿Qué te parece ese ejercicio?
—Partamos de lo positivo. Valoro muchísimo que se haya instalado la idea de ir de la constitución del 80 a una nueva constitución. No puedo sino valorar la discusión ciudadana. Dicho eso, los encuentros locales, provinciales y regionales se comprenden sólo como una etapa consultiva y es un error pensar así y pensar que esa participación ya concluyó. Hay que avanzar hacia una participación vinculante. Otra dificultad es que los movimientos sociales no han estado presentes en el proceso, sino en otros lugares. Entonces, antes de decidir la sede constituyente —Congreso o asamblea— la ciudadanía y los movimientos deberían elaborar y presentar un ante proyecto, una propuesta de nueva constitución. No para que esta asamblea constituyente la copie literal, pero sí como base. Ahí sí podría haber participación vinculante.
En Chile ha sido débil en general la inclusión de la sociedad civil. Pienso en los consejos de la sociedad civil de los ministerios, donde te dan un minuto para hablar y sería.
—Ése es un gran tema. Hoy se convoca a la gente a discutir en reuniones que tienen un destino incierto. Eso cansa, porque lo ves como algo inútil. El Estado debería dar una respuesta vinculante. Si se recibe un planteamiento a través de una instancia validada, este debería recibir una respuesta concreta. La autoridad debe decir si ha considerado o no esas propuestas en sus decisiones. No puede ser un “gracias por participar”. Eso está bajo cualquier estándar de proceso participativo.
¿Y participaste en algún encuentro local?
—No.
¿Por qué?
—Porque discrepo de la metodología. Desde la doctrina de los derechos humanos es insostenible elegir sólo algunos derechos para la constitución, porque son indivisibles. Hice una objeción de conciencia.
En lo que sí has participado es en varios actos de “desmonumentar” la dictadura, además del extintor.
—Sí, participé activamente en el cambio de nombre de la avenida 11 de septiembre, junto a chicos del Liceo Lastarria y Josefa Errázuriz antes de que fuera alcaldesa. Ahora, “desmonumentar” también implica construir memoria. Por ejemplo, promoví la instalación de una placa recordatoria de Leonardo Henrichsen, un periodista argentino-sueco que filmó la asonada militar de junio del 73. Le dispararon una, dos, tres veces y él mantuvo la cámara, hasta que cayó.
Sí, filmó su propia muerte.
—Claro, un caso emblemático a nivel mundial. Entonces pusimos una placa donde él estuvo filmando, frente al Banco Central. Cuando trabajé en el Instituto Arcos, que es un edificio donde funcionó Chilectra, pusimos una placa recordatoria de Juan Luis Rivera Matus, dirigente sindical secuestrado desde ese edificio el día del golpe.
¿Qué falta por “desmonumentar”?
—Es inaceptable que el Museo Naval le dedique una sala al Almirante José Toribio Merino. En ese museo hay tres salas dedicadas a tres marinos ilustres: Cochrane, Prat y Merino. Bueno, Cochrane y Prat, puede ser, ¿pero Merino? Es indignante que al ingresar haya que franquear una estatua de él y que en un salón central esté como pieza de museo la carta en la que Merino escribe: Augusto, tienes que tomar una decisión. Como Director del Museo de la Memoria no puedo no denunciarlo.
En ese ejercicio de bisagra entre democracia y dictadura hay uno bien escandaloso: descubrir que hay partidos declarados de izquierda financiados por el yerno de Pinochet.
—Es indignante. No luchamos contra la dictadura y por la democracia para eso. A la política le falta indignarse. La indignidad ética frente a hechos que no pueden permitirse, a los que debes oponerte por la dignidad de las personas.
¿Ese descubrimiento afectó tu relación con la Nueva Mayoría?
—Yo no tengo militancia hace veintitantos años. No voy a renegar del PPD, pero los partidos son amplios y hay pluralidad de personas y no puedo castigarlas a todas por acciones que comprometen a algunos integrantes.
Pero estamos hablando de una lógica de financiamiento institucional en los partidos.
—Sí, esa lógica no se puede permitir. El PPD fue un partido instrumental para avanzar hacia la democracia. Cómo voy a renegar de eso, no puedo. Pero no tengo problema en cuestionar los financiamientos irregulares de la política, sobre todo si está Ponce Lerou detrás, o sea, un pinochetista consumado. No puedes sino indignarte. No hay ningún criterio de realismo político que lo justifique.
También es difícil desmontar la dictadura si se aprueban normas como el control preventivo de identidad.
—Eso es peor que la detención por sospecha. Cuando fui director de INJUV una de nuestras conquistas fue terminar con la detención por sospecha. En ella por último estaba el argumento de que podía ocurrir un hecho que hacía sospechar a la autoridad la implicancia de un delito. Acá ni eso. Permite a las fuerzas policiales retenerte e investigarte simplemente porque lo consideraron. Es un error, una arbitrariedad total.
Entonces hay varios desafíos en derechos humanos desde el Museo.
—En mi trayectoria una constante ha sido la tolerancia y la no violencia. La otra, la participación. Espero juntar ambas acá. Como te decía, también es prioritario el “nunca más”. Que Cheyre esté vinculado con violaciones a los derechos humanos significa que no hemos resuelto el “nunca más”.
¿Y vas a colgar tus diplomas en esta oficina como los tenías en el Arcos?
—Sí, voy a colgar mi cuadro de la Unesco, el de la campaña que hicimos contra la pena de muerte y obviamente el parte por extinguir la llama de la libertad. Para mí, ése es un diploma de honor.
