La opción de ‘Brexit’ (la salida del Reino Unido de la Unión Europea) ganó el plebiscito en Gran Bretaña, el 23 junio de 2016, con 52% de los votos a favor de Leave (Salir).  Si Brexit es la versión británica de la Asamblea Constituyente para salir de un acuerdo constitucional neoliberal (como sostiene la columna anterior), este resultado equivale a una derrota para la derecha.  Pero el consenso aplastante es que esto no es así.

Es cierto que la tendencia dominante dentro del Partido Conservador, y la opinión de la inmensa mayoría de los empresarios y del sector financiero, favoreció la opción de quedarse en la UUEE (Remain).  El renombrado economista Branko Milanovic, en su análisis de la votación de Brexit, nos entrega cifras que explican este apoyo a la UUEE de los sectores más pudientes.  Desde la intensificación de la integración europea hasta la crisis financiera, los ingresos reales del 1% más rico a nivel global aumentaron un 60%, mientras que entre el 10% más rico (después de ellos) el aumento fue alrededor de 20%.

Dado que los más ricos se beneficiaron tanto con la UUEE, uno podría pensar que fueron ellos los más derrotados con la victoria de Brexit.  Sin embargo, fue la izquierda la que más apoyó a la opción Remain (pro-UUEE).  Mientras que solo un 42% de los votantes del Partido Conservador votaron pro-UUEE, un 63% de los seguidores del Partido Laborista hicieron lo mismo.  Es bastante incongruente que el apoyo pro-UUEE fuera mayoritariamente izquierdista cuando las mismas cifras de Milanovic demuestran que la base natural de la izquierda (los más pobres) no se beneficiaron de la integración europea como sí pasó con las elites.  Con el modelo neoliberal protegido bajo el alero de la constitución europea, los pobres y la clase media-baja del Reino Unido vieron sus ingresos reales estancarse en la misma época en que se dispararon para el 1%.

Entonces, para entender la situación de Brexit en comparación con Chile, hay que analizar bien una curiosa paradoja. En Chile las encuestas dicen que un 51% de la población está a favor de la Asamblea Constituyente versus un 52% a favor de la demanda equivalente de Brexit en el Reino Unido.  Pero en Chile la gente a favor es mayoritariamente de izquierda, mientras que la gente a favor de la demanda equivalente en el Reino Unido no lo es. ¿Por qué los izquierdistas en Gran Bretaña han rechazado la causa del Brexit, si es el mismo tipo de demanda en contra de una constitución neoliberal?  Para entender esta realidad hay que analizar las muy fuertes divisiones dentro de la sociedad británica, divisiones dentro de la cultura política que tienen ciertas semejanzas con las que marcan el Chile contemporáneo.

Dentro de la izquierda chilena la gente que se opone a la Asamblea Constituyente es aquella que se formó políticamente después del golpe de 73 y de la consiguiente derrota aplastante de la izquierda. Producto de dicha derrota estas personas tienen miedo a la movilización social, el conflicto político y la incertidumbre – y eso explica por qué se oponen a la Asamblea Constituyente. En Inglaterra la gente de izquierda que se opone al Brexit tiene una cultura política de profunda desconfianza a la movilización social y la incertidumbre del debate constitucional, producto de una derrota similar.  Exactamente como en Chile, la generación que se formó entre mediados de los años 80 y mediados de los años 90 en Inglaterra vivió el colapso general de la izquierda en un contexto bastante autoritario.

Aunque no se quebró la democracia británica en aquella época, como sí pasó en Chile, el gobierno conservador de Thatcher utilizó los servicios de inteligencia británicos para colocar espías entre los sindicalistas del TUC (la CUT británica).  Así se destruyó el movimiento obrero, el que Thatcher había denominado, con un cierto toque pinochetista, ‘el enemigo interno’.  En esta misma época, la lucha anti-subversiva en Irlanda del Norte llegó a su peor momento.  Dentro de aquel conflicto se cometieron crímenes como el asesinato del abogado de derechos humanos, Pat Finucane, cuando agentes pagados por estos mismos servicios de inteligencia colocaron una bomba en su auto.

Lo anterior marcó a los izquierdistas que eran jóvenes en esa época, y los hizo tan miedosos frente a los procesos de potencial conflicto político.  Aprendieron que las votaciones nacionales las controlan casi siempre los conservadores y que por lo tanto, se necesita una estructura político-legal tecnificada como muleta para mantener la paz social.  En Chile la constitución de 1980 funcionó, según la famosa tesis de Boeninger, como un mecanismo para moderar las tendencias polarizantes de la política chilena.  En el Reino Unido la UUEE funcionó de manera semejante.  Así la izquierda machucada por Thatcher aceptó la tesis del presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors quién prometió a los sindicalistas del TUC que en Europa sí encontrarían el apoyo que ya había perdido frente a los ataques domésticos.

Fue recién en 1997 que el partido laborista pudo ganar una elección que terminó con 18 años sin interrupción de gobierno conservador neoliberal (primero bajo Margaret Thatcher y luego su sucesor John Major).  Una de las primeras cosas que hizo el nuevo gobierno del Partido Laborista fue acelerar el proceso de integración europea, fiel a su ideario de la tercera vía.  La manera en que la tercera vía de la Concertación se afianzó a la constitución de 1980 reformándola y añadiendo un componente de legislación social fue bastante similar.

Crucialmente, el Nuevo Laborismo sí introdujo a la legislación doméstica elementos no-neoliberales provenientes de la constitución europea.  Por ejemplo fortalecieron los sindicatos y los derechos sociales implementando las leyes de protección social europeas del famoso “Social Chapter” (esta legislación entró como parte de los tratados constitucionales europeos aplicables al Reino Unido en 1997).  El problema es que este avance en derechos sociales se logró a costo de aceptar una política de desregulación financiera que eventualmente generó la crisis financiera y además una política macroeconómica pro-cíclica de austeridad fiscal que bloquea cualquier intento de salir de dicha crisis.

Para la izquierda, las leyes europeas implementadas bajo el Nuevo Laborismo sí fueron un avance en comparación con la embestida neoliberal de Thatcher, tanto como los años de la Concertación fueron un avance en comparación con la dictadura de Pinochet.  Pero en conjunto la institución de la UUEE (incluso en la versión progresista de Blair) tiene un tinte neoliberal que obstaculiza una salida a la crisis financiera de 2007 generada por el neoliberalismo mismo.  Pesan las restricciones al rol contra-cíclico del Estado dentro de los tratados constitucionales europeos (como han explicado con tanta elocuencia los grandes economistas como Yannis Varoufakis y Jamie Galbraith).  Aquella situación es a la par con la chilena donde la constitución de 1980 (incluso en su versión progresista firmada por Lagos) obstaculiza una salida de la deceleración económica y a la ‘trampa de ingresos medios’.  Pesan las restricciones al rol diversificador y planificador del Estado dentro de la carta magna (como han explicado con similar elocuencia otros grandes economistas como Ha-Joon Chang y Mariana Mazzucato).

 Entonces, tanto la izquierda chilena marcada por la transición que se opone a la Asamblea Constituyente, como su símil británico marcado por la tercera vía que se opone a Brexit, lo hace por lealtad a un sistema institucional que ya está haciendo agua.  Ahora que su apuesta institucionalizadora ha fracasado, se ha abierto un debate constitucional.  Los derrotados partidarios de la UUEE van a tratar de incidir en este debate (tanto los conservadores que representan fielmente los intereses del 1% como los laboristas de la tercera vía todavía marcados por las traumas del pasado).  Sin embargo su opción perdió en el plebiscito y entran al debate con una clara desventaja.  Sus posibilidades de mantener su antigua influencia dependerán de sus contrincantes, los otros actores políticos del debate que sí apoyaron al Brexit – los que se analizará la columna siguiente.


Doctor en Ciencia Política, Magíster en Desarrollo Económico, Universidad de Cambridge