El voto a favor de salirse de la Unión Europa, a finales de junio de 2016, ya ha abierto un ‘momento constitucional’ en el Reino Unido.  La soberanía del pueblo británico, que se encontraba parcialmente esparcida en las varias instituciones de la UUEE (el poder ejecutivo en Bruselas, el poder legislativo en Estrasburgo y el poder judicial en Luxemburgo) vuelve al parlamento de Westminster.  Como ya se analizó en la primera columna de esta serie, Brexit es para Gran Bretaña lo que la demanda para una Asamblea Constituyente es para Chile.  Entonces, haber votado a favor de Brexit implica salir de un modelo neoliberal constitucionalmente blindado.  Sin embargo, nada garantiza que el nuevo acuerdo constitucional que sale de la ‘proceso constituyente británico’ no sea igualmente, o más neoliberal que el actual.  Las consecuencias depende de la correlación de fuerzas que es enfrentarán en el debate venidero.

Tanto como en Chile la izquierda oficialista se opone a la Asamblea Constituyente, en el Reino Unido la izquierda oficialista se opone al Brexit.  En la segunda columna se examinó la acomodación entre el neoliberalismo la famosa tercera vía (en su versión chilena del socialismo renovado o su versión británica de nuevo-laborismo) que hace temerosa a esta centro-izquierda frente al tema constitucional.  También se discutió, en la tercera columna, como la izquierda disidente que sí quiere salirse del neoliberalismo es todavía débil, tanto en Chile (la ‘generación sin miedo’ del movimiento estudiantil) como en Gran Bretaña (la gente de Lexit – Left-Exit o Brexit-de-izquierda).  Estos grupos son muy nuevos y tienen que enfrentarse con la generación oficialista ya instalada en la política con un poder difícil de sacar.  La debilidad de la izquierda, a causa de sus profundas divisiones generacionales e ideológicas, implica que la fuerza con más poder de incidencia en el proceso constituyente va a ser la extrema-derecha, como ya se argumentó en detalle en la cuarta columna.

Entonces, la correlación de fuerzas en el debate constitucional británico es de una izquierda dividida y desconectada de su base popular a causa de la influencia de la tercera vía con una extrema-derecha anti-inmigrante que ha logrado compenetrar esos sectores.  Crucialmente el discurso anti-UUEE de los nacionalistas británicos ha logrado vincular el descontento de las clases populares no con el neoliberalismo imperante sino con los inmigrantes que el neoliberalismo mismo ha traído al país.  El diseño neoliberal de la UUEE impuso una tendencia deflacionaria y de alto desempleo al sur europeo, generando olas de emigrantes al mercado laboral del norte, que la unión ha hecho más ‘flexible’ (solo absorbe a estos trabajadores bajando salarios).  Durante la campaña para Brexit la extrema-derecha habló constantemente de estos efectos nocivos de la inmigración.  Entonces, las clases populares británicas esperen que el nuevo acuerdo constitucional pos-UUEE termine con los flujos libres de inmigración y el estancamiento de sus ingresos y el deterioro de su calidad de vida que han causado.

Para resumir: el debate constitucional tiene dos componentes ideológicos, la demanda de controlar los flujos migratorios y la demanda de terminar con la distribución de ingreso neoliberal que ha dejado a las clases populares marginados del crecimiento del último tiempo.  La primera demanda emergió de la campaña plebiscitaria como la ‘narrativa política dominante’’ para lograr la segunda demanda.  Entonces, en este cuadro complejo, todos los actores políticos tienen que presentar sus nuevos acuerdos constitucionales (estrategias de la salida de la UUEE) que prometen cumplir con estas dos metas.  El ya ineludible énfasis en el tema migratorio como elemento fundamental para enfrentar problemas de desigualdad económica y cultural es una muestra del poder de la extrema-derecha.  Sin embargo, la forma en que el debate constitucional va a interpretar estas dos demandas no va a ser necesariamente producto de ese lado político.  Hay narrativas distintas que podrían cumplir con las dos metas, y no se sabe si la narrativa derechista va a aplastar la narrativa progresista.

En esta última columna de esta serie analizado el Brexit desde Chile, se intentará examinar sus diferentes posibles consecuencias, o sea, los diferentes posibles modelos constitucionales nuevos que podrían implementarse.  Antes que nada es importante recalcar que el debate que se ha abierto no implica ni recesión ni caos sino una selección democrática de alternativas futuras.  Hay que explicitar eso porque la mera idea de Brexit ha generado un tremendo discurso de miedo, el así llamado ‘Project Fear’.  En Chile se dice que la incertidumbre del proceso constituyente y las demás reformas políticas están generando la desaceleración económica, y en Gran Bretaña se dice que Brexit va a generar una recesión fuerte.  Además, mucha de la prensa ha tratado de argumentar que no hay salida factible a la UUEE sino que el caos económico estará acompañada de un caos político sin solución.  Sin embargo, hay varias soluciones constitucionales factibles – que se analizará acá, el único factor desconocido es si se implementará una interpretación derechista o izquierdista de ellas.

Es fácil sucumbir ante la histérica generalizada de la prensa dominante y la elite gobernante, quienes siempre se oponían al Brexit.  Sin embargo, ya se está cuestionando la idea de que Brexit va a genera un colapso de la moneda, inflación de precios de importación y una recesión.  Como dice nobelista Krugman, “es cierto que la libra ha caído mucho comparado con las fluctuaciones cotidianas pero la caída no es tan grande comparada con otros episodios históricos británicos.  La libra se cayó un tercio durante la crisis de los 70 y se cayó un cuarto cuando el Reino Unido salió del METC (Mecanismo Europeo de Tipos de Cambio) en 1992.  Actualmente se ha caído tan solo 8%”.  Una devaluación de la libra tampoco es una cosa tan preocupante, hace que las exportaciones británicas sean más baratas y cuando el país tiene un déficit comercial grande eso sería un paso positivo.  Acuérdense que después de salir del METC con una fuerte devaluación de la libra la economía recuperó bastante bien.

Dado que el sector público y privado británico puede endeudarse en su propia moneda (no sufre de los que los economistas llaman el ‘pecado original’) la devaluación no va a generar problemas con pagar sus obligaciones internacionales.  El Brexit tampoco ha generado una fuga de capitales importantes sino que la tasa de interés de los bonos del Estado ha bajado.  Entonces el pánico por un posible derrumbe económico de corto-plazo se está desinflando.  Como observa Krugman “la recuperación de las acciones británicas, que ya están arriba de su nivel anterior a Brexit, está generando un rechazo” a los expertos agoreros.

El pánico político (cuya incertidumbre podría tener efectos económicos negativos a largo plazo) es más complejo.  Una tensa y prolongada negociación con la UUEE para crear una nueva relación comercial con el Reino Unido generaría problemas concretos para las empresas exportadoras e importadoras del país.  Después de invocar el artículo 50 (que rige el proceso de salida de un país miembro de la UUEE) hay un período de transición de 2 años después del cual los tratados constitucionales europeos dejarían de regir para Gran Bretaña.  Entonces las empresas de comercial internacional perderían su acceso al mercado de bienes y servicios de la UUEE (no sería tanto un problema de enfrentar aranceles sino perder los privilegios de acceso a mercados regulados).  Sin embargo, hay un ‘camino de menor resistencia’.  Como dice Varoufakis, “las negociaciones probablemente llegarán a la solución noruega, permitiendo que el próximo parlamento británico allana el camino hacia un acuerdo mutuo.  Schäuble [el ministro de Haciendo alemán] y Bruselas se quejarán pero finalmente aceptarán ese acuerdo con Londres”.

La ‘solución noruega’ (que también comparten Suiza, Islandia y Liechtenstein) permitiría al país salirse de la UUEE pero manteniéndose dentro de la Asociación Europea de Libre Comercio y el Espacio Económico Europeo.  En otras palabras, el Reino Unido seguiría teniendo acceso sin restricciones al mercado europeo y también seguiría la libertad de movimiento entre los países del continente.  La única cosa que cambiará sería una leve reducción en la contribución fiscal neta británica a Europa y otra leve reducción en la cantidad de legislación europea aplicable al territorio británico.  El costo sería la pérdida del voto en el Europarlamento y una menor influencia sobre la legislación europea (una parte de la cual inevitablemente tendría que implementarse en Gran Bretaña para mantener la armonización regulatoria esencial para la liberalización comercial).  Para aclarar: un ‘momento constitucional’ es siempre una situación de crisis política y mucha incertidumbre pero no tiene porqué ser caos total.  Más bien, en este caso, hay una ruta clara y el debate se centrará en variaciones de ella.

Las diferentes opciones que se abren para el futuro constitucional del Reino Unido empiezan con la solución noruega que será una especie de gatopardismo con té.  La elite conservadora moderada del país podría implementar esta solución y los beneficios económicos de comercio internacional más fácil y fluido se mantendrían, garantizando así un buen clima para las empresas exportadoras e importadoras, británicas y europeas.  Hasta los universitarios británicos podría seguir entrando en el programa de intercambio Erasmus, descrito no sin cierta justicia como la única institución europea exitosa y querida (los noruegos participan en él sin dificultades).

Sin embargo, esta solución sería un acuerdo de la elite para pasar por alto los descontentos y quejas de las clases populares que votaron a favor de Brexit.  Siendo miembro del Espacio Económico Europeo el Reino Unido no podría controlar los flujos migratorios que han generado tanta tensión, ni cambiaría el acuerdo neoliberal básico (austeridad fiscal y flexibilización de los mercados laborales) que subyace dicha tensión.  Entonces, en términos políticos sería difícil ‘vender’ esta opción al público durante la campaña electoral para un nuevo parlamento (el que negociaría dicha solución).

El mainstream moderado del Partido Conservador tratará de implementar la solución noruega y en este momento parece que mantendrá el control del partido con Theresa May.  Los conservadores están en un proceso electoral interno para elegir su líder y ella es la favorita para ganar, a pesar de que votó en contra del Brexit en el plebiscito.  Sin embargo, nada garantiza que ella tendrá luego el peso necesario para imponer sus ideas políticas frente a su propio partido, y mucho menos frente al electorado cuando llega el momento determinante electoral.

En esta encrucijada abren dos flancos, dos posibles rutas distintas al mainstream.  El ala derechista del Partido Conservador, en alianza con UKIP (los nacionalistas británicos) presionará para abandonar la libertad de movimiento, introduciendo controles fronterizos a pesar de los costos que podría implicar en términos de acceso al mercado europeo.  Para compensar a dicha pérdida podrían firmar el TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership – Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión) que generaría una integración económica aún más neoliberal que la Unión Europea.  Bajo dicho acuerdo la armonización de regulaciones implicaría una desregulación generalizada, un sistema para-judicial donde las empresas podrían demandar a gobiernos que las intenta regular y una privatización paulatina de servicios sociales para que empresas extranjeras tengan acceso al mercado.  Una vez Atria dijo que “el problema constitucional chileno es algo que tendrá que resolverse por las buenas o por las malas” y la llegada al poder de este grupo dentro de la derecha sería un buen ejemplo de una solución por las malas.

Pero este grupo de derecha dura ya tiene su candidata para líder del Partido Conservador (Andrea Leadsom) quien, junta con Boris Johnson y Michael Gove (todos en algún momento pretendientes al liderazgo de esta facción) ha presionado por un control migratorio fuerte.  Quieren implementar un sistema de puntaje severo como en Australia (un país famoso para sus campos de concentración para inmigrantes).  Sería poco probable que los demás países europeos aceptaran al Reino Unido dentro del Espacio Económico Europeo con una política así, y por ende muy probable que tendrían que firmar el TTIP.  Ya Nigel Farage de UKIP ha hablado de la necesidad de privatizar el NHS (servicio de salud británico estatal y gratuito) como ejemplo de los recortes presupuestarios neoliberales esenciales para un futuro fuera del mercado común europeo.  Esta solución constitucional generaría mucho rechazo a largo plazo, cuando los efectos económicos en los servicios sociales empezaron a hacerse sentir, pero tiene la enorme ventaja del control migratorio que actualmente parece como panacea a la desigualdad imperante.

La segunda alternativa, frente al mainstream de la solución noruega, sería la de la izquierda.  La izquierda podría ofrecer un paquete para convencer a la gente escéptica frente a la opción noruega, añadiendo la creación de un programa de aportes estatales especiales para zonas que reciben mucha inmigración.  Para hacer campaña a favor de inmigración abierta la izquierda tendría que enfrentar directamente el fin de la austeridad fiscal.  Solo con un progresivo aumento en la inversión pública en servicios sociales (sobre todo en la construcción de vivienda social, un punto olvidado que ha generado buena parte de la tensión racial actual) podrían ganar el argumento.  Incluso se podría proponer controles migratorios temporales que se auto-eliminarían con la recuperación económica de las zonas deprimidas del país.

Dado que la legislación europea aplicable al Reino Unido estará bajo negociación, la izquierda también podría pactar la inaplicabilidad de la legislación laboral consagrada en el caso Vikingo y el caso Laval.  En ambos casos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló que no se puede obligar a una empresa extranjera a acatar a los acuerdos colectivos nacionales (hay un derecho de emplear a trabajadores extranjeros por un salario menor).  Dado que los bajos salarios (más las largas listas de espera para los desfinanciados servicios sociales) son la causa subyacente de la actitud anti-inmigrantes, estas políticas podrían resolver el problema y salir de la encrucijada constitucional “por las buenas”.

La mayor dificultad con una solución constitucional de este tipo es la debilidad de las fuerzas políticas que la podrían proponer.  Es cierto que la izquierda disidente (anti-neoliberal) se ha resurgido de manera histórica en los últimos dos años y el nuevo líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn quiere avanzar una agenda de esta índole.  Además, el movimiento social Momentum, que nació de la campaña de Corbyn para ser líder del Partido Laborista, es la única fuerza política que puede enfrentar al entusiasmo y popularidad de los cuadros de UKIP.  Sin embargo, en contraste con los activistas locales y miembros de base del Partido Laborista, la inmensa mayoría de los diputados son fieles al nuevo-laborismo (el socialismo renovado británico).  Ellos son intrínsecamente hostil a Corbyn y a cualquier programa que rompe con el neoliberalismo reinante en el país.  La austeridad fiscal-lite que propusieron para las últimas dos elecciones ha sido bastante desastrosa electoralmente pero no quieren cambiarse (su financiamiento no es de los tradicionales sindicatos sino de empresarios amigos).

La fuerza relativa de esta centro-izquierda neoliberal es tal que, dentro del debate constitucional que viene, parece probable que va a bloquear la izquierda radical con más eficacia que la centro-derecha va a obstaculizar la derecha radical.  Hay dos elementos particularmente preocupantes del discurso de la centro-izquierda que podrían fortalecer a la extrema derecha.  El primer elemento particularmente problemático de la tercera vía es que muchos de sus partidarios ven a la UUEE como algo intrínsecamente bueno que hay que defender de manera irrestricta.  Entonces ellos han llegado a cosas tan desatinadas como una petición pública que consiguió 3 millones de votos para rehacer el plebiscito porque los electores no fueron lo suficientemente informados acerca de la decisión que estaban tomando.

Hasta un connotado diputado de la tercera vía David Lammy (un antiguo aliado de Tony Blair) planteó que el parlamento británico debería simplemente desconocer el resultado a favor de Brexit (los plebiscitos en Gran Bretaña no son legalmente vinculantes).  La gente como Lammy utiliza argumentos platónicos acerca de la superioridad del voto ‘informado’, que en Chile solo se han escuchado de parte de los pinochetistas duros como Nicolás Ibáñez.  Ibáñez (desde el Consejo de Estado de 1976) trató de argumentar en contra de la elección directa del presidente con un lenguaje igual de clasista que el de la tercera vía.  Para Corbyn será muy difícil tratar de conectarse con las clases populares, con su enorme descontento con los efectos del sistema neoliberal actual, mientras influyentes miembros de su propio partido hablan con tanto desprecio contra ellas.

El segundo elemento, que complica aún más a Corbyn es que muchos en la centro-izquierda erróneamente confunden una defensa de los inmigrantes con una defensa de la UUEE.  No entienden que dicha organización neoliberal es una de las causas de los sentimientos anti-inmigrantes y que una institucionalidad migratoria distinta que la de la UUEE podría incluso reducir los niveles de racismo y xenofobia.  Entonces, además de pedir que el Partido Laborista sigue oponiéndose al Brexit, también quieren que se opone a cualquier control migratorio.  Sin embargo, como se analizó en la columna anterior, la falta de un sistema de transferencias fiscales compensatorias hace que el libre movimiento de personas genera más tensión.  Sería necesario primero crear una institucionalidad fiscal fuerte, y posteriormente abrir a la libertad de movimiento.  Nadie (ni siquiera los nacionalistas) está hablando de la repatriación de los inmigrantes viviendo actualmente en el Reino Unido, solo un control sobre los nuevos entrantes.  Pero para la centro-izquierda neoliberal, una política así es repugnante.

Para Corbyn y la izquierda disidente el debate constitucional será compleja.  Con una centro-izquierda totalmente desleal (han estado conspirando para sacarlo de sus posición de líder, a pesar de que ganaría cualquier elección interna a causa de sus aplastante apoyo entre los activistas de base) sería difícil comunicar sus ideas.  En contraste la derecha dura puede presionar no tiene que poner en discurso alternativo sino simplemente radicalizar la posición negociadora de los conservadores moderados para hacer una versión neoliberal de la opción noruega.  Es muy probable que eso pasa, si la centro-izquierda no deja espacio a Corbyn.  Hoy día son los del socialismo renovado británico los mejores aliados de la extrema-derecha.

 

La mejor esperanza para una salida de Brexit no-neoliberal depende de elementos fuera del debate interno de los partidos conservador y laborista, que dominan la política británica y el debate constitucional nacional.  Como región 62% de Escocia votó en contra del Brexit y entonces la salida del Reino Unido de la UUEE abre otra vez la posibilidad de la salida de Escocia del Reino Unido.  El Partido Nacional Escocés (SNP por sus siglas en inglés) es un partido anti-neoliberal que quiere terminar con la austeridad fiscal y la lógica deflacionaria europeísta.  La agenda constitucional que Corbyn podría proponer a nivel del Reino Unido tiene más posibilidades de ser implementada en una Escocia independiente.  Además, la salida de Inglaterra de la UUEE (y la entrada de Escocia) cambiaría la lógica interna de la unión.

Saldría de la UUEE un país cuyos gobiernos consistentemente se han opuesto a cualquier intento de crear mecanismos macroeconómicos redistributivos y mayor regulación financiera.  Saldría un país aliado de los gobiernos más extremistas del continente (Polonia, Hungría y Finlandia son los más preocupados con la salida británica porque pierden un aliado que frena estos proyectos).  Entraría un país gobernado por Nicola Sturgeon, una auténtica nacionalista de izquierda que ha apoyado al gobierno anti-austeridad de SYRIZA en Grecia.  Crucialmente, sin el ‘obstáculo británico’ y además con la necesidad de evitar un efecto domino entre otros pueblos insatisfechos con la UUEE, los líderes Europeos (alemanes) podrían recapacitar.    Tendrían la necesidad (para ganar apoyo) y la posibilidad (libre de los británicos aguafiestas) de fortalecer la unión fiscal e implementar las transferencias contra-cíclicas regionales necesarias para terminar con la deflación asfixiante del continente.

Todas estas posibilidades depende que quién narra la crisis política de Brexit.  Si las fuerzas de izquierda como Corbyn y Sturgeon logran imponer su narrativa anti-austeridad o la derecha dura la de la anti-inmigración, todo cambiará.  Mientras tanto, los gobiernos del ‘extremo centro’ (la frase es de Tariq Ali) tanto en su versión conservadora europeísta o de tercera vía, tratarán de imponer su gatopardismo con té.  Después del resultado de Brexit es evidente que el centro no podrá mantenerse sin aceptar ideas o de la izquierda radical o de la derecha dura.  ¿Cuál sería?  En la crisis política que es un ‘momento constitucional’ este interrogante no tiene respuesta, como dice Hegel “la lechuza de Minerva sólo inicia su vuelo al caer el crepúsculo”.  Habrá que ver.


Doctor en Ciencia Política, Magíster en Desarrollo Económico, Universidad de Cambridge