El ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación también criticó el proyecto de Reforma a la Educación Superior, asegurando que no incluye en el sistema de selección a las «universidades privadas rasca» y que deja espacios abiertos al lucro.
Un promedio de titulación del 45% de las personas que ingresan a universidades; un acceso disparado entre los años 2005 y 2015 en universidades privadas (38,9% en las privadas del Cruch, un 96,1% en las adscritas al Sistema Único de Admisión y de un 78,2% en el resto de las privadas); un aumento de aranceles de un 78,1% en el sistema universitario que hace a Chile el país con mayores aranceles de la OECD y el segundo con mayor gasto de parte de las familias; una incapacidad para terminar con el lucro y asegurar la calidad.
Esos son los datos y puntos que el ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Patricio Basso (DC), asegura que el mercado jamás pudo regular. Los datos están tomados del artículo que hizo para la Revista Límite de la Universidad de Tarapacá, llamado “Educación Superior en Chile: El fracaso del modelo neoliberal”, y le han servido como base para analizar la Reforma a la Educación Superior que se envió finalmente al Congreso este mes.
Basso, asegura que el proyecto tiene errores incluso de diagnóstico. “El primer error que comete la presidenta es en su mensaje presidencial, donde parte aplaudiendo la masificación de la educación superior en materia de cobertura. ¿Cómo puede decir que el sistema es exitoso cuando solo el 45% se titula? Al resto de los estudiantes los engañaron, quedó endeudado y sin título. Ese es el único argumento que uno le puede escuchar a los neoliberales para decir que el sistema ha sido un éxito.”, asegura en conversación con El Desconcierto.
Presentación Patricio Basso «Reforma a la Educación Superior: Análisis y Discusión», presentada en la U. de Chile hace unas semanas.
También sostiene que uno de los grandes problemas ha sido decir que el sistema de selección es la gran causa de desigualdades en los alumnos que egresan de la enseñanza media, siendo que “es un termómetro”. “Con este diagnóstico, se tiende a tratar de relajar los mecanismos de selección. Se propone un sistema único de acceso, obligatorio para todas las instituciones que reciban aportes públicos. Ahí la cosa se pone loca porque están dejando fuera, para que puedan seguir matriculando gente sin ningún tipo de exigencia, a todas las universidades privadas rascas, que es donde se producen los mayores niveles de deserción”.
Respecto al debate sobre el financiamiento que deberían recibir universidades privadas con “rol público” -que han liderado rectores como Carlos Peña de la Universidad Diego Portales o Ignacio Sánchez de la Universidad Católica- Basso asegura que una cosa es financiar la investigación y otra es la docencia:
“Ahí lo privado y lo público se va a la cresta, porque la UC es una universidad de investigación y eso hay que financiárselo. Lo que no tiene que financiarle el Estado es la educación, porque no tiene por qué facilitarle recursos al Vaticano –esto lo digo siendo católico y creyente activo- para que le de principios religiosos a sus estudiantes. Eso que lo financie el Vaticano. O si no después va a aparecer una universidad ortodoxa, ¿y el Estado va a tener que financiarle los estudios para que los niños puedan convertirse a la fé ortodoxa? No. Investigación, sí. Docencia, no”.
En el proyecto de reforma, además del fondo para las universidades estatales, en su artículo 187 se contempla un fondo para la investigación y creación artística para “aquellas universidades que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad de la presente ley”. El financiamiento de universidades privadas a través del CAE, sin embargo, sigue sin entrar en la definición de financiamiento estatal, a pesar de ser la principal fuente de ingresos de gran parte de estas universidades. “La definición de financiamiento público es una muy mala definición”, asegura Basso, quien valora de todos modos que el proyecto contemple una medición de la calidad para la acreditación obligatoria.
El escepticismo con las medidas para terminar con el lucro
Para el ex secretario de la CNA, el lucro se ha convertido en un tema personal. Habiendo denunciado en particular los casos de la Universidad Santo Tomás, la Universidad San Sebastián y la Uniacc en 2012, hoy mira con desconfianza las medidas del gobierno para terminar con el lucro.
“Si efectivamente se logra terminar con el lucro hay empresas que tendrán que irse. Porque si Laureate International no puede seguir teniendo utilidades por transacciones relacionadas, sus accionistas le van a decir ‘oiga qué está haciendo ahí, ¿caridad?’. Ellos debieran irse del país. Si no se van, es que la ley les permitió seguir lucrando”, dice Basso, quien mira con especial escepticismo los artículos 134 y 135, que abren ciertas excepciones a las transacciones relacionadas.
Mientras el artículo 134 deja fuera algunas de las letras que definen las personas relacionadas en el artículo 132, el artículo 135 establece algunas excepciones a estas transacciones con la condición de que “deberán contribuir al interés de la institución de educación superior y al cumplimiento de sus fines; ajustarse en precio, términos y condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado en el lugar y tiempo de su celebración”.
“Ahí hay un error conceptual grave”, dice Basso en referencia a las transacciones “a precio de mercado”, una definición que ya aparecía en el proyecto de ley de creación de la Superintendencia de Educación Superior que había enviado el gobierno de Sebastián Piñera en 2011 y que nunca fue aprobado.
“El lucro por definición es la utilidad que hay en una transacción comercial. La compra de un bien o servicio tiene un precio de mercado, la utilidad es la diferencia entre el precio de mercado y el costo, y esa utilidad es el lucro. Debería decir «al costo». Si no, hay lucro”, explica Basso.
Además agrega: “Tratar de establecer el costo de una transacción es muy, pero muy complicado. Un ejemplo. Los precios del negocio inmobiliario para educación superior están absolutamente por encima del precio de mercado, y lo han inflado para lucrar con la universidad. ¿Cuál es el precio de mercado en un arriendo en un edificio con fines educacionales, si el precio del arriendo está absolutamente pervertido por el lucro que han generado los empresarios de la educación?”.
Basso postula que debería “eliminarse todo el articulado de las excepciones a las transacciones relacionadas” y que la Superintendencia de Educación Superior regule los casos en que sean imprescindibles y al costo.
Además teme que, tal como pasó con la compra de la Universidad San Sebastián a la Inmobiliaria Laguna Blanca Dos S.A. –controlada por sus mismos dueños- en 2011 a un sobreprecio de más de $21 mil millones, los dueños de las universidades aprovechen de transferirse las utilidades en el tiempo que demora la entrada en vigencia de la ley. “Yo no entiendo por qué no enviaron el día uno de este gobierno un proyecto de ley para terminar con el lucro. Era cortito. Ahora las universidades tendrán todo el tiempo para comprar todas sus empresas y terminar de transferir sus utilidades a los dueños”, dice, explicando que hacían falta dos proyectos cortos: uno que definiera la utilidad de los dueños de las universidades como lucro, y otro que tipificara esto como delito.
