Ley de Presupuesto: 2/3 de la matrícula en educación superior podría estudiar gratis con el monto destinado al CAE

A 10 años de su aplicación, el polémico Crédito con Aval del Estado (CAE) está más vigente que nunca.

Pese al anuncio del gobierno de un proyecto que elimine el polémico crédito en 2017, la iniciativa de Ley de Presupuesto 2017 entrega una señal contrarias. En su partida de Educación Superior, se considera el mayor financiamiento hacia el CAE, crédito que ha entregado millones de pesos a la banca y endeudado a miles de estudiantes. Con 850 mil millones de pesos, el CAE representa el 38,2% de todo el presupuesto de la partida de educación superior. Pese las múltiples críticas como política pública e incluso a voluntades expresas de la Nueva Mayoría de ponerle -eventualmente- fin al crédito, la realidad parece demostrar lo contrario.

«Hay un empeño de mantener el financiamiento de subsidio a la demanda, esa es la decisión política que está detrás de esta Ley de Presupuesto…es cómo cumplir con financiar a los estudiantes pero sin salirnos de la lógica del subsidio a la demanda por la vía del voucher, que es el carácter más neoliberal que tiene el financiamiento de la educación superior», dice Roxana Pey, la destituida ex rectora de la Universidad de Aysén.

Hoy en el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda), Pey realizó junto al economista Manuel Riesco un profundo estudio sobre la Ley de Presupuestos 2017 que está en discusión en el Parlamento. Y las conclusiones -sobretodo en Educación Superior- son dramáticas: Con todo el dinero destinado a la gratuidad y las becas y al CAE, alcanza para financiar, hoy mismo, a 2/3 de los matriculados en educación superior.

Millones y millones para la banca

Corría junio del año 2006 y el entonces presidente socialista Ricardo Lagos Escobar firmaba la ley que creaba el Crédito con Aval del Estado. La promesa era el acceso de estudiantes de bajos recursos a la educación superior mediante un crédito bancario, con una tasa de interés de «solo» un 6%. La consecuencia a 10 años de su aplicación fue un boom explosivo en la matrícula. Según datos del Mineduc, mientras las universidades estatales aumentaron su matrícula en 9,6% entre 2006 y 2015, en el mismo período las universidades privadas no tradicionales lo hicieron en 51,2%; los Centros de Formación Técnicas crecieron en 63,2% y los Institutos Profesionales en 146,4%. Antes del CAE, la matrícula total de la educación superior contemplaba a 663.679 alumnos. Para el 2015 ya eran 1.232.701

Pero en paralelo al crecimiento en acceso, está la explosión de la deuda y millonarias ganancias para la banca privada. El estudio «Endeudar para gobernar y mercantilizar: El caso del CAE», realizado por los economistas de la Fundación Sol Marco Kremerman y Alexander Páez da cuenta de la danza de millones que ha ingresado a instituciones investigadas por lucro y a los bancos.

El 70% de la matrícula se concentra en 20 instituciones que pertenecen a grupos educacionales como Laureate International, Santo Tomás, Inacap y la Pontificia Universidad Católica, además de instituciones investigadas por lucro como la San Sebastián, Autónoma, Central y del Desarrollo. Según la Fundación Sol, hasta 2015 son 2,3 billones de pesos los que han ingresado a estas universidades producto del CAE. Las del grupo Laureate -que reconoce sus fines de lucro en otras partes del mundo pero no en Chile- han recibido 600 mil millones solo por el polémico crédito.

La tercera parte de la transacción son los bancos privados, que actúan en una especie de mediación. El 95% de los montos del CAE está concentrado en cinco: Scotiabank, CorpBanca, Banco Estado, Itaú y BCI.

Además de todo esto, el Estado le compra algunos créditos a sobreprecio a los bancos para asegurar la ganancia. A 2015 se habían comprado 753.094 créditos a 65,36 millones de UF.

Aumento del CAE año a año

En 2006, el Presupuesto asignó el 2,4% de la partida de Educación Superior al CAE. 10 años después, en el primer presupuesto que se ingresó el apartado de gratuidad universitaria, el CAE superaba el 35%. Y para este 2017, la tendencia no cambia.

Si bien el financiamiento en educación superior aumenta en 27% respecto a 2016, la partida que más crece es la del CAE, que representa más del 38% de todo el presupuesto, con 850 mil millones de pesos. La gratuidad por su parte, es menos de un tercio, con 726 mil millones. «Es preocupante esa señal de mantención y aumento del CAE, es grave. Se ha dicho que el CAE tendría que ir disminuyendo gradualmente, lo ha dicho el mismo gobierno, sin embargo, una disminución gradual tiene que partir en algún momento. Este es el tercer presupuesto de este gobierno y el CAE va en aumento», dice Roxana Pey.

Según el estudio realizado por el Cenda, con esos mismos montos dispuestos en la Ley de Presupuestos sería posible financiar la gratuidad de 2/3 de la matrícula. El cálculo se basa en que los ingresos de operación de todas las instituciones de educación superior del país, ya sean públicas o privadas, equivale al año 2016 a 4,3 billones de pesos. Estos se financian en dos tercios a través de lo que se conoce como «ingresos por docencia», es decir, cobro de aranceles, ya sea a través de créditos, del bolsillo mismo de las familias o los aportes contemplados por gratuidad. El otro tercio corresponde a ingresos de investigación, extensión, donaciones, etc.

Gratuidad, en el presupuesto 2017, corresponde a 726 mil millones de pesos, el segundo ítem más importante después del CAE. Según la cifra entregada por Michelle Bachelet en cadena nacional, el próximo año se duplicará la cantidad de estudiantes beneficiados, que en el 2016 alcanzó las 140 mil personas. Ahora alumnos pertenecientes a los cinco déciles más vulnerables podrán postular a CFT e IP acreditados por cuatro años y sin fines de lucro.

Según el Cenda, la cifra de gratuidad 2017 cubre un cuarto de todos los ingresos por docencia y extiende el beneficio a una proporción similar del estudiantado. Esto, dicen, se logra disminuyendo otros aportes fiscales a las instituciones, que bajan a un 6,5% este año, pese a haber aumentado el año pasado. «Lo más importante del presupuesto 2017 es que las partidas destinadas a «ayudas estudiantiles» y gratuidad suman en conjunto más de 1,8 billones pesos, que equivalen a dos tercios de todos los ingresos por docencia de todas las IES que operan en el país, por lo cual si se destinan todos ellos a gratuidad podría extenderse este beneficio ahora a dos tercios del alumnado», dice el informe.

Es decir, si se traspasan todos los recursos contemplados para el CAE y para las becas al ítem ‘gratuidad’, se puede cubrir el costo de más de 600 mil jóvenes en todas las instituciones, casi 2/3 de toda la matrícula.

«La fórmula que establece el proyecto de ley es en los hechos no una garantía de avanzar a la gratuidad, sino exactamente lo contrario, es decir, la prohibición por ley de hacerlo si no sube la recaudación fiscal a niveles inalcanzables por mucho tiempo como proporción del PIB», dice el estudio de Manuel Riesco, criticando el proyecto de reforma a la educación superior.

«Lo más importante del presupuesto 2017 es que las partidas destinadas a «ayudas estudiantiles» y gratuidad suman en conjunto más de 1,8 billones pesos, que equivalen a dos tercios de todos los ingresos por docencia de todas las IES que operan en el país, por lo cual si se destinan todos ellos a gratuidad podría extenderse este beneficio ahora a dos tercios del alumnado», dice el informe.

¿Beca o gratuidad?

Uno de los mayores debates iniciados respecto a la gratuidad en educación superior tenía que ver con la forma en que esta debe financiarse: si a través de aportes directos a las instituciones o a través de un voucher, en que se financia según estudiante, subsidio a la oferta, o subsidio a la demanda.

Estrictamente, dentro de la categoría de subsidio a la demanda entra el CAE y todas las becas de «ayuda estudiantil»: el alumno es seleccionado, escoge una institución y entonces se traspasan los recursos. Si la persona abandona sus estudios, el dinero se va con él.

Desde el Cenda aseguran que ahora, más que el año pasado, la gratuidad está en el medio. Si bien se le consideraba subsidio a la oferta, porque establece criterios de limitación de instituciones, en la práctica, sobretodo para este presupuesto, la gratuidad toma lógica de subsidio a la demanda. Esto porque, por ejemplo, para acceder a ella el estudiante debe rellenar una ficha socioeconómica y el traspaso de recursos a la institución va amarrada al alumno, al igual que cualquier beca. «Mantiene rasgos de subsidio a la demanda, puesto que pesar de que se dice ser aporte institucional, se parece, se comporta y se considera para efectos contables como una beca más», dice el informe de Cenda.

Otro aspecto importante que refleja voluntades: Dentro del Ministerio de Educación, la gratuidad está en del departamento de becas. Un subsidio a la oferta implicaría otra lógica, con financiamiento por años de acuerdo a desempeño, por ejemplo.

Lo que hace más incierto aún el panorama es no saber qué va a pasar con la esperada Reforma a la Educación Superior. Tras ser rechazada transversalmente, la ministra Adriana Delpiano anunció el envío de una indicación sustitutiva. Es decir, empezar casi de cero. Gran parte de las críticas eran porque en el proyecto original «no se ven propuestas que apunten a la desmercantilizacion y financiamiento estable las instituciones, que es lo que se espera», dice Roxana Pey.

¿Un CAE 2.0?

Ayer t13 dio a conocer el documento de «protocolo de rediseño a reforma de educación superior», que contempla, entre otras cosas, tipificar el lucro como delito y mantener los aportes basales a las instituciones, cosas no especificadas en el proyecto original.

Otro punto importante es «el envío de un proyecto de ley eliminando el actual Crédito con Aval del Estado, sustituyéndolo por un nuevo instrumento de financiamiento, que incluya al actual Fondo Solidario de Crédito Universitario”. El documento asegura que dicho proyecto se enviara en 2017 al Congreso y en que en el nuevo instrumento los bancos serán reemplazados por una agencia estatal «con potestades de cobro a través del sistema de impuestos», con un sistema de cobros que tenga en cuenta los ingresos de la persona.

El gobierno «está entre la espada y la pared», dicen en el Cenda, porque del consenso transversal a la eliminación del CAE, no hay claridad qué instrumento lo va a reemplazar porque, al ser la gratuidad focalizada, no se puede dejar sin financiamiento a miles de estudiantes.

El problema, explica Pey, es que se sigue en la lógica neoliberal de mercado: «Se avanza en gratuidad pero cuando se le da el carácter de voucher, porque aquí hay un amarre ideológico, se vuelve a lo mismo. cuando hay críticas al CAE, ¿qué se propone? Un CAE 2.0, con otro nombre, a lo mejor desbancarizandose , que es lo más que se ha logrado que se diga. Pero sacar a la banca en un crédito que tiene las mismas características sin hacer cambios adicionales, significa un regalo maravilloso a las instituciones que lucran. Imaginemos a todo el grupo Laureate que vive del CAE pero que ahora ni siquiera tenga que darle cuentas a la banca. Si ahora ni siquiera tienen que hacer eso, es un mecanismo de entrega de recursos fiscales a instituciones ya sin restricción en lo más mínimo», advierte la ex rectora.