¿Por qué ME-O sí y Piñera no? La falta de pruebas que ha salvado al ex Presidente de la formalización

Hoy el Consejo de Defensa del Estado ingresó una querella contra el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami por fraude al fisco. Con esto el CDE busca averiguar si ME-O solicitó la devolución fraudulenta de gastos electorales simulados a través de facturas por servicios no realizados. La acción del organismo volvió a abrir la sospecha entre los adherentes del líder del Partido Progresista respecto a una posible intencionalidad política detrás de las acciones judiciales que enfrenta Enríquez-Ominami.

«Mis cuentas están abiertas, no como otros», declaró esta tarde el ex candidato presidencial del PRO, apuntando a Piñera. Paralelo a la querella del Consejo de Defensa del Estado, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago suspendió esta tarde las medidas cautelares de arraigo nacional para Enríquez-Ominami con motivo de un viaje a tres países hasta el 8 de noviembre. ME-O debió pagar $2 millones de caución para optar al beneficio. Sin embargo, esta pequeña victoria con sus cautelares no alcanza a amortiguar el duro golpe que significa la querella del CDE.

Pero ME-O no es el único que compara su situación con la de Piñera: lo mismo piensa el senador ex RN Manuel José Ossandón. «Acá hay una impunidad tremenda, o sea, los ex Presidentes no se tocan». Ese fue el comentario del precandidato presidencial de la derecha, cuando lo consultaron por la formalización de Marco Enríquez-Ominami el pasado jueves 20 de octubre. Al igual que la justicia, la opinión pública tampoco toca a Piñera por su vinculación a casos de financiamiento irregular de la política: los resultados de la encuesta Barómetro de la política CERC-MORI entregados el día de ayer consolidaron al ex presidente como la carta más segura de la derecha.

Actualmente, Sebastián Piñera lidera la lista de los cinco políticos con más futuro y se consolida como carta presidencial. Sobre el primer punto, el ex mandatario alcanzó el 20% de menciones como «el político con más futuro», seguido muy de lejos por Ricardo Lagos con un 13% y el senador Alejandro Guillier, con un 11%. Cuando la encuesta consultó “¿Quién le gustaría que fuera el próximo jefe de Estado?”, Piñera obtuvo un 16%, seguido por Lagos y Guillier con un 6% cada uno. Isabel Allende, ME-O y Farkas aparecen aún más atrás con un 3% y Manuel José Ossandón con un 2%.

Incombustible, a la proyección política del ex presidente Piñera no parece afectarle que el administrador electoral de su última campaña esté formalizado por financiamiento ilegal de la política y fraude tributario, mismo cargo que recae sobre Cristián Warner, ex administrador de ME-O. Y es que, a diferencia de Enríquez-Ominami, a Piñera aún no le salpica ninguna de las investigaciones judiciales que enfrenta su entorno directo de colaboradores.

Desde que lanzara su libro «La historia se escribe hacia adelante» en julio de este año, Piñera sólo se ha visto obligado a responder públicamente por estos escándalos invisibles luego de que Enríquez-Ominami acusara públicamente al fiscal Gómez de estar bajo el mando del ex Presidente. “Al fiscal de Piñera quiero decirle algo: su teoría es que yo sabía todo ¿cierto?, y por tanto yo estaría involucrado. Bueno, le quiero contar que en el caso de Piñera su administrador electoral está formalizado por facturas falsas, que Jaime de Aguirre director ejecutivo de Chilevisión, públicamente y judicialmente dijo que Sebastián Piñera -a través de Santiago Valdés- pagaba bonos con facturas falsas con platas de campaña. Que las empresas de Piñera tienen facturas forwards para descontar impuestos, y que Magdalena Piñera (su hija) aparentemente tiene facturas falsas”, dijo ME-O en septiembre, dejando el tejo pasado respecto a la investigación judicial que enfrenta LAN en Argentina.

¿Por qué Piñera no ha sido formalizado si, al igual que Marco Enríquez Ominami, su administrador electoral está formalizado por delitos tributarios? De acuerdo a abogados tributarios, la diferencia radica en que en el caso del ex Presidente aún no se conocen pruebas que expliciten su participación en posibles delitos. «Piñera tiene décadas de oficio mezclando negocios y política. Su fideicomiso ciego lo blindó ante la opinión pública en 2010, y aunque es difícil de creer que un empresario como él desligue decisiones en sus subalternos, aún no hay nada que lo acuse», señala un abogado de una reconocida oficina de derecho tributario.

En esto coincide el abogado Ramón Sepúlveda, quien fuera defensor del funcionario del SII Juan Luis Martínez en el caso Penta. «El delito tributario por el que se formaliza a ME-O, que es ser facilitador del delito, hay que entender que ahí está al medio de Warner y quien pasa el dinero. Es decir, se le acusa de ser el nexo, la persona que habla con la persona de la empresa y quien emite la boleta ideológicamente falsa. Ese es el rol de ME-O en este delito donde hay tres partes, y él está al medio», explica.

En el caso de Piñera, según las declaraciones del Fiscal y lo que se conoce del caso en la opinión pública, no hay correos electrónicos, un testimonio directo o algún elemento probatorio que sostenga o acredite que Piñera facilitó. «El fiscal del caso no tiene hoy un antecedente plausible de que Piñera era la persona que mediaba entre la empresa que emitía el dinero y quien emitía la boleta, que es Santiago Valdés», puntualiza Sepúlveda, agregando que «como no tiene esos antecedentes, por el principio de objetividad que informa toda investigación del ministerio público, donde el fiscal debe investigar tanto lo que acusa como lo que exculpa al imputado, el fiscal no puede imputar per se que porque Valdés emitió boletas, necesariamente Piñera fue el facilitador. El que alguien de tu campaña haya emitido boletas ideológicamente falsas no acusa per se al candidato».

En definitiva, Enríquez-Ominami, contrario a sus palabras en la prensa, no está formalizado porque su administrador electoral lo esté, sino porque la fiscalía tiene la convicción de que fue quien facilitó esas boletas. Hasta que los persecutores no tengan esa convicción y esa prueba respecto a Piñera, el ex Presidente no será formalizado. O, como insinúan los detractores del empresario, puede que esa convicción no aparezca nunca.

Los casos que rondan a Sebastián Piñera

«Lo conozco desde niño, fue un colaborador leal y dedicado, es un hombre íntegro y un gran profesional» dijo Piñera en 2015, cuando el Ministerio Público solicitó la formalización -por delitos tributarios en montos que ascienden a $500 millones de pesos- de Santiago Valdés, ex gerente de finanzas y administración de Bancard y administrador electoral en la campaña presidencial de Piñera en 2009.  Santiago Valdés Gutiérrez es hijo de Fabio Valdés, uno de los mejores amigos de Piñera desde la enseñanza básica en el exclusivo colegio Verbo Divino. Por lado paterno está emparentado con el empresario Manuel Cruzat., dueño de la firma C.B.

En octubre de 2015, Valdés fue formalizado. Según declaró en ese momento el fiscal Carlos Gajardo, el motivo fue «la confección de un contrato forward por aproximadamente 50 millones de pesos que la fiscalía indica que no es real, y la facilitación de facturas de diversas empresas -de Vox Populi, Bancorp e Inversiones La Música- en favor de SQM por facturas que no son reales». 

En agosto de este año, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó decretar el sobreseimiento de la causa, por lo que la indagatoria sigue, y desde la Fiscalía han señalado que el plazo máximo en el cual se puede extender la causa es hasta marzo de 2017.

La implicación de Santiago Valdés llevó a otra arista: los bonos de desempeño que recibieron el ex director ejecutivo de Chilevisión, Jaime De Aguirre y el ex gerente general, Mario Conca en 2009, cuando Piñera todavía era dueño del canal. En la operación, Jaime de Aguirre facturó a Bancard, de propiedad de Piñera, $146 millones de pesos para luego anular las boletas y facturar por el mismo monto para Soquimich, Aguas Andinas, Pampa Calichera e Inversiones Ilihue, vinculada a José Cox.

Según declaró a la justicia el propio ejecutivo televisivo, creador del épico jingle «La alegría ya viene» de 1988, fue la empresa “Bancard”, propiedad de Piñera, la que solicitó la emisión de las boletas por 146 millones de pesos, por concepto de bono por desempeño. Según el medio Ciper, «la revelación causó indignación en el entorno de Ponce Lerou, donde se asegura que se trató de una donación política para la campaña presidencial de Piñera en 2009, la que habría sido gestionada ante el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse». Es decir, Piñera aprovechó la donación de Ponce Lerou para pagar bonos a sus ejecutivos.

En las declaraciones a la justicia de De Aguirre, reveladas por The Clinic, este señaló que fueron “bonos que me fueron presentados como asesoría. Era una mezcla entre evaluación de desempeño y asesorías”. Sobre la supuesta asesoría de De Aguirre a SQM, Santiago Valdés declaró en abril del 2015 a la justicia que “por el gerente general de la época, Patricio Contesse, creo que es en el mes de noviembre de 2009. Esta consistió en una evaluación económica de la compañía en base a los modelos financieros con que contaba Bancard (…) En cuanto a esta asesoría, no cuento con respaldo de los modelos ni el informe entregados al señor Contesse”.

Santiago Valdés formalizado
FOTO: FRANCISCO CASTILLO D./AGENCIAUNO

Otro enigma es la firma Bancorp. El primer atisbo de la importancia de esta en las operaciones financieras de Piñera apareció durante la formalización en 2015 de Carlos Eugenio Lavín y Carlos «Choclo» Délano, dueños del grupo Penta. «Hay un décimo contrato, muy relevante, que la Fiscalía solo lo incautó la semana pasada, 25 de febrero del año 2015. Lo tengo en mi poder, es de público conocimiento, está en la carpeta. Fecha de este forward: 7 de noviembre de 2009, el pago se realiza en enero de 2010. ¿Quiénes intervienen en este forward? Inversiones Penta III, que deposita 50 millones de pesos en CB, forward de entrada. Y 50 millones de salida. ¿A qué empresa? Para administradora Bancorp S.A., domiciliada en Apoquindo 3000, piso 16. Saquen sus propias conclusiones de qué es lo que significa ese forward», señaló el Fiscal Gajardo, apuntando directamente al ex presidente Sebastián Piñera.

Administradora Bancorp, que es controlada por Inversiones Santa Cecilia, de propiedad de Piñera, es una incógnita para la opinión pública aún. Según un reportaje de El Mostrador, no existe claridad acerca de su modelo de negocios, clientes o empleados. Emitió distintas boletas entre agosto de 2009 y octubre de 2010, las que suman un total de $340 millones.

De acuerdo al Servicio de Impuestos Internos, en la indagatoria del caso Penta hay 16 boletas emitidas por Administradora Bancorp, 15 de ellas por $22 millones y la última, fechada en octubre de 2010 -cuando Piñera ya se desempeñaba como Presidente- por $10 millones. A eso se suma Vox Populi, una empresa que presta servicios de opinión pública y encuestas empresas, donde Piñera posee el 50% a través de Bancard Inversiones posee el 50%, que entre agosto y noviembre de 2009 emitió boletas dudosas que suman $26 millones de pesos.

Por último, están los pagos del Grupo Said, que a través de dos sociedades traspasaron millones al ex presidente. Con Inversiones Caburga, los Said destinaron $50 millones a dos sociedades de Piñera: Inmobiliaria El Boldo ($41,7 millones) e Inversiones Santa Cecilia ($8,2 millones). Otra de sus sociedades, Newport, que luego cambió su nombre a Inversiones Santa Virginia otra rama familiar, los Said Handal, «se pusieron» con otros $50 millones, esta vez a través de Bancard, Inmobiliaria El Boldo e Inversiones Santa Cecilia.

Esta mañana, El Mostrador reveló que Marisa Navarrete y Paulina Carrasco, ex jefa de Litigación Penal y la ex subdirectora de Contraloría Interna del SII respectivamente, solicitaron a la Contraloría General de la República pronunciarse sobre el oficio reservado Nº227. En este se fija la prioridad del plazo de prescripción administrativa de 3 años para enviar antecedentes al director del SII, el único que puede presentar querellas. Es un punto clave, ya que sin las querellas de Impuestos Internos, el actuar de la Fiscalía para perseguir estos delitos se debilita, y muchos de los casos de financiamiento irregular de la política ocurrieron en campañas electorales pasadas como las presidenciales y parlamentarias de 2013 o las municipales del 2012.

“Su actuación (la del SII) ha venido no sólo contradiciendo la ley sino causando un evidente perjuicio al Fisco por no ejercer adecuadamente sus facultades legales”, se lee en el texto citado por el medio. Según se publica, también se alude a casos como el del grupo Said donde pese a que hay vinculaciones con personajes políticos no se ha investigado. Mientras tanto, la opción de Piñera de cara a las presidenciales de 2017 se consolida.