El cierre de ARCIS: Administración del saber y políticas de pensamiento

Con el polémico anuncio de cierre de la Universidad ARCIS de la ministra de educación, el gobierno de la Nueva Mayoría está perdiendo la notable oportunidad de materializar su discurso político de inclusión, diversidad y autonomía intelectual. El salto mortal de la ministra, del realismo pragmático de su institución, al realismo mágico de “una muerte anunciada”, va más allá de un lapso comunicacional o un mal entendido, es una campaña explícita, políticamente predeterminada, de anti-matrícula. En esta operación discursiva, nada de inocente, están en juego no exclusivamente algunos indicadores de viabilidad y sustentabilidad financiera de ARCIS, actualmente más de 17 universidades muestran déficit financiero, sino los principios fundacionales y las condiciones de posibilidad de una academia crítica de izquierda, es decir, las políticas de pensamiento para el sistema de educación superior.

La crisis de la Universidad Arcis, tratada con una imperdonable simplicidad por los medios de comunicación, es resultado de múltiples condiciones de orden político, institucional y académico, en el contexto de los procesos mundiales de globalización, que generan tensiones inevitables entre la academia, política y economía. Estas tensiones han sido determinantes en las políticas universitarias de ARCIS desde su fundación y se manifiestan en: una gestión administrativo financiera ineficiente e irresponsable; contradicciones legítimas, no superadas desde la dictadura, entre el amplio espectro de izquierdas que habitaron el espacio; la fallida expansión de la Universidad en las regiones; la inoportuna retirada de las inversiones del Grupo Marambio y del Partido Comunista que llevaron a la  descapitalización de la Universidad; el pragmatismo de las políticas públicas de la Concertación y de la Nueva Mayoría respecto a la educación superior, orientadas a la configuración de un sistema universitario compuesto por un cuerpo sólido de universidades estatales, y universidades privadas medianas, solventes, estandarizadas, fáciles de manejar, donde la Universidad ARCIS no tiene espacio; la falta de apoyo político masivo, dada la propia condición de una izquierda tecnocrática sólidamente instalada en los servicios públicos, con exceso de voluntad de poder y con la aura de glorias pasadas, a la vez, dividida, difusa e indiferente; una aniquiladora campaña mediática de ajuste de cuentas políticas entre la derecha y los partidos de la Nueva Mayoría; por último, la presencia correctiva del Estado mediante la Administración Provisional, dictada por las mejores intenciones, pero en el marco de las limitaciones de la Ley 20.800, con pocos resultados visibles.

A pesar de la crisis actual en todas sus dramáticas manifestaciones, lo que es incuestionable, es el peso intelectual de la Universidad ARCIS, su consistencia académica, su valoración de la libertad de cátedra y de creación artística, su estatus de polo de pensamiento crítico. La comunidad universitaria, precarizada y académicamente debilitada, resistiendo sin sueldo durante varios meses, en un gesto sin precedentes de voluntad de continuidad, sigue luchando no solo por su espacio laboral, sino por un espacio discursivo. El discurso de la academia, hoy está en disputa, la academia crítica está en peligro, es objeto de guerra en la economía actual de distribución de la palabra. La burocracia ministerial no logra interiorizar que no es solamente el orden y la administración “correcta” del conocimiento, sino la diversidad ideológica nómada y rebelde los que mueven las ideas, la inteligencia, y la creatividad política colectiva. La obsesión por la razón jurídica y económica está en desmedro de la razón política emancipatoria.

La decisión política de cierre de la Universidad ARCIS  se legitima por las políticas cortoplacistas, instrumentales y ordenadoras de la producción, circulación y distribución del saber. La comercialización de la inteligencia, la inscripción de la academia en las gramáticas del poder, su progresiva burocratización, normalización y castración intelectual en el marco del binomio saber/poder, proyecta el conflicto entre dos lógicas opuestas: la naturaleza rebelde y nómade del pensamiento social como dimensión ontológica, y la empíria “práctico-proyectante” de la política, orientada por metas, medios, consensos, realismo político y construcción de máquinas de guerra para instalar y preservar un determinado orden social. No es que el pensamiento carece de politicidad, sino que esta se piensa como “políticas de pensamiento”, como políticas públicas. El pensamiento piensa lo político, a la vez, este, desde la perspectiva de orden, del mejor orden posible, impone políticas de pensamiento para canalizar, controlar y domesticar su inobediencia rebelde.

Más allá de las responsabilidades políticas por la crisis, que los medios presentan como tema central, del lucro, la gratuidad, la rivalidad entre las universidades estatales y privadas, del CRUCH y fuera de este,  estamos ante varias preguntas de mayor espesor, incómodas y desconcertantes, que constituyen el debate actual sobre la universidad contemporánea ¿La academia entendida como espacio de construcción de claves interpretativas y de sentido puede ser administrada exclusivamente por una racionalidad procedimental?, ¿Es posible una producción, circulación y distribución del conocimiento diferente de su actual administración institucional e instrumentalización mercantil?, ¿Quién determina las políticas de pensamiento y con qué legitimidad? ¿Quién habla cuando habla la academia?

La complicidad entre la academia, política y mercado, y la inscripción de la academia en el formato del capitalismo cognitivo implica nuevos códigos de orden que se manifiestan en un proceso progresivo de capitalización de la inteligencia, mercantilización de la creatividad, estandarización, jerarquización, despolitización y reglamentación del saber mediante poderosas máquinas burocráticas. Esta camisa de fuerza, legítima e imprescindible desde la perspectiva de orden, saber/poder y control, se evidencia en un amplio espectro de discursos, códigos, registros, procedimientos y prácticas universitarias: comprensión de la formación universitaria como servicio educativo; surgimiento del mercado universitario; gestión estratégica del conocimiento y preponderancia del concepto de calidad, eje institucional organizativo y operativo de las políticas del pensamiento; convenios internacionales que consolidan la normatividad universitaria; “fondos concursables”; enfoques académicos y curriculares por competencias; acreditación universitaria como sello de calidad y acceso al mercado universitario; políticas sectoriales de investigación mediante “bancos de proyectos”; créditos transferibles a nivel continental y mundial; centralidad del  estudiante como cliente; ranking internacional de las universidades, etc. Estas condiciones y políticas de pensamiento generan una intelectualidad dispersa, indefinida, servil, funcionaria, sin voluntad de cielo y una academia “rutinaria y desapasionada”. No es la operatoria técnica y la sustentabilidad financiera, sino estas mismas políticas, que están en el trasfondo del cierre de ARCIS.

La única alternativa que nos queda es indignarse, armar una antimáquina discursiva, analizar la polifónica trama de contextos políticos y sociales, argumentar la compleja relación entre la academia, política y mercado, crear conciencia del poder de la autonomía intelectual y de resistencia al sistema, evidenciar la inevitable profanación del debate académico como potencia creadora, no buscar vencer, sino no dejar de luchar.