Los grandes de los mercados destruyen el Estado de Derecho

Recientemente se supo que la poderosa y mediática Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), la misma que por muchos años se llenaba la boca con su presunto apego a las normas legales, pontificando además a favor del mercado, se coludió con la norteamericana Kimberly-Clark para engañar a todas las madres, ya sea pobres, de clase media y ricas, que compraban pañales para sus guaguas y que el dueño, Eliodoro Matte, de la empresa chilena decía que desconocía esa impúdica práctica comercial, la que se une a la otra destapada antes referida a papel higiénico, sobre la cual también ese encumbrado sujeto aseguraba con expresión de inmaculado hombre de negocios que no sabía nada de nada.

Está claro que en todos los mercados los más poderosos actores lo que buscan es controlarlos y no competir dignamente, respetando la igualdad de oportunidades, con las otras empresas y por ello en Chile en los últimos años hemos conocido tantas confabulaciones privadas para vulnerar las leyes y las reglas que permiten el correcto desenvolvimiento de los mercados. Recordemos que si la empresa se auto delata ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE), como es habitual con la ingeniosa CMPC, ésta no tiene ninguna sanción, es decir, como dicen los jóvenes y los no tan jóvenes, pasa piola.

Cuando Matte explica por la prensa que él no estaba al tanto de esos espurios manejos comerciales le creemos, porque los que están en los pináculos de esas compañías desde sus adustos directorios instruyen a sus distintos gerentes, cuales vulgares testaferros, para que en sus áreas de comercialización vía libertinajes al por mayor, los que ellos no desean estar al tanto, se obtengan las crecientes utilidades buscadas y para ello, les otorgan cartas blancas asegurándoles fueros a todo evento con tal de que operen como estimen conveniente y con suculentos bonos por la obtención de resultados.

Es decir, allí la corrupción está aceptada corporativamente y si se llegara a detectar cualquier pillería, los que mandan desde las alturas argumentan con simulada convicción que tales agresiones a la fe pública y a la ley eran simples “iniciativas particulares” de sus ejecutores, los que, para mantener las apariencias, son despedidos aunque con suculentas compensaciones económicas para que más adelante no hablen más de la cuenta.

Ahora bien, el jueves 22 de diciembre recién pasado se realizó en la espaciosa Sala de la Comisión de Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados en Valparaíso una reunión de trabajo entre los miembros de la 5º región de la Fundación Defendamos la Ciudad y las autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), conforme a precisas instrucciones impartidas por la ministra Paulina Saball por una seguidilla de actos ilegales cometidos por el Director de Obras de la Municipalidad de Viña del Mar, con los cuales se favoreció a ciertos empresarios de la industria inmobiliaria.

En efecto, hace un poco más de un año nos entrevistamos con la ministra Saball en Santiago, representándole una especie de negligencia pública compartida para privilegiar los intereses comerciales de ciertos actores del mercado de la construcción, asunto delicado que esta alta autoridad de gobierno no podía darle crédito y por ello se comprometió a investigar lo que acontecía en la ciudad balneario. La trampa consistía en “equivocarse” para calcular los conos de sombra, los distanciamientos, las alturas y las rasantes de los proyectos inmobiliarios aprobados en esa díscola municipalidad, error consentido que le permitía a los titulares de esos negocios obtener millonarias e ilegales ganancias, práctica que no era aplicable a los empresarios probos, conocidos por algunos como giles, quienes se sometían a todos los rigores de la ley. A modo de ejemplo, uno de los permisos ilegales contemplaba una altura de 22 pisos, el cual se debía invalidar porque la altura máxima permitida antes en el Plan Regulador Comunal eran 18 pisos y hoy 10 pisos.

En la reunión de la semana pasado intervinieron, por parte del colectivo ciudadano, los abogados Rodrigo Avendaño y Paulo Pérez, quienes asesoran al enérgico vecino Carlos Valencia, el mismo que tiene por las cuerdas al mall trucho de las empresas Ripley y Parque Arauco, construyéndose con un permiso caducado en la estrecha calle 14 Norte de esa ciudad. Por parte del gobierno estaban presentes Pablo Contrucci, jefe de la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu, tercera jerarquía de ese ministerio, aunque primera en materias técnicas, Rodrigo Uribe, seremi de Vivienda y Urbanismo de la 5ª región y el arquitecto Felipe Zahr, de esa función pública regional. También intervino con singular acierto el diputado por la zona Rodrigo González y a pesar de que estaban acreditadas las ilegalidades de 23 permisos de edificación, lo que significaba denunciar inmediatamente los hechos en el Ministerio Público, ello no pudo ser posible pues el Seremi Uribe le pidió instrucciones formales a Contrucci para interponer las acciones judiciales, las que no fueron entregadas.

Los fastidiados funcionarios de la Seremi aducían que carecían del tiempo necesario para corroborar las ilegalidades denunciadas y ante esa pueril “justificación”, el arquitecto Contrucci manifestó en la reunión que en la tercera semana de enero de 2017 el asunto se tenía que resolver, pues estaba empeñada la honorable palabra de la ministra Saball para ir poniéndole una lápida a la corrupción viñamarina. Los miembros de Defendamos la Ciudad, cuyo trabajo lo hacen ad honorem, respondieron con la tranquilidad que otorga la actuación responsable, que si el gobierno, por temor al influyente sector privado o por no fastidiar a quienes violan las normas, será ella misma la que entregue los antecedentes ante el Fiscal Regional para que examine estas “equivocaciones” administrativas.

Como vemos, hacerse muy rico en Chile es fácil y para ello la receta mágica es congraciarse con el dúctil aparato del Estado.