Revelan las negociaciones de la Fiscalía que buscan evitar un juicio oral para Pablo Longueira

Según reveló esta mañana La Tercera, el pasado viernes 28 de noviembre tuvo lugar una tensa reunión entre tres fiscales del caso SQM, dos directores de la Fiscalía Nacional y los tres integrantes del Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado (CDE). ¿El motivo? Revisar la posibilidad de cambiar el tipo penal por el que está imputado Pablo Longueira para así acceder a un procedimiento abreviado en la investigación de la «arista royalty» del caso SQM.

Esto, debido a que el 25 de enero vence el plazo legal de seis meses para que la Fiscalía investigue. La propuesta de cambiar el tipo penal viene desde la Fiscalía, por cuya parte asistieron la abogada Lupy Aguirre, el fiscal regional Gómez junto a los investigadores Paola Castiglione y Claudio Rebeco. Los antes citados enfrentan dificultades para comprobar el delito de cohecho en el caso de Longueira, debido a que aún no se ha logrado establecer si los dineros que SQM entregaba a cambio de boletas falsas para sus colaboradores y ex asesores llegaban hasta el ex ministro y candidato presidencial de la derecha.

El cohecho como el tráfico de influencias en el Código Penal tienen la misma pena y en su relato son similares, pero el impacto político del primero en una figura emblemática de la UDI es distinto. Un eventual acuerdo entre la defensa de Longueira y la Fiscalía podría generar un «efecto dominó» de otras causas de financiamiento irregular de la política, como la del ex subsecretario de Piñera, Pablo Wagner, en el caso SQM, y del ex senador UDI Jaime Orpis en el caso Corpesca.

Según detalla el reportaje, las reacciones habrían sido dispares en el Consejo de Defensa del Estado. Mientras que el presidente Juan Ignacio Piña no manifestó su opinión, la consejeros María Inés Horvitz señaló inmediatamente sus repartos y el otro consejero presente, Daniel Martorell, se mostró a favor de un acuerdo con el político imputado. Sin embargo, Horvitz se encontrará fuera del país y la decisión estará en manos de Martorell, Piña y el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez.