Opinión

No basta con saber “a quién” disputar, sino “qué” disputar

Por: Vicente Lastra / Publicado: 23.03.2017
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Sin negar nuestras diferencias, y asumiendo que inevitablemente competiremos en los espacios electorales en que coincidamos, debemos ser capaces de construir una cultura de mayor apertura, discutiendo elementos comunes que puedan ser empujados conjuntamente desde los espacios en que distintas expresiones de la izquierda coexisten.

*Escrito en co-autoría con Javiera Petersen y Nicolás Bohme, economistas U. de Chile

Desde hace un par de semanas que, en las innumerables columnas, noticias y entrevistas que varios medios dedican al Frente Amplio, se ha levantado el debate sobre la eventual disputa que este referente abriría en las filas de la izquierda chilena, específicamente con el Partido Comunista (PC). Esto ha generado una discusión que, en lo sustancial, no es más que ficción. Una de las voces más agrias fue la de Francisco Figueroa, precandidato a diputado por el Frente Amplio, quien recurrió al manoseado recurso de apelar a las “bases honestas” del PC, contraponiéndolo a “los que quieren asegurar un cupo”.

Esta retórica resulta preocupante en tanto el carácter de las intervenciones -salvo valiosas excepciones- se ha volcado al intento de copar el espacio de la izquierda como una mera ubicación ordinal en el eje “izquierda – derecha”, en vez de profundizar en el debate político programático. Así, la prioridad se ha situado en “a quién” ganar el espacio actualmente llenado por la izquierda.

La disputa política se desarrolla de distintas formas, desde la batalla de las ideas hasta el marketing como afán diferenciador de posiciones, las que a simple vista pueden parecer distintas pero que, tras análisis más exhaustivos, resultan estar más cerca de lo que se nos presentaban. Por ello, es necesario que entendamos que las alianzas políticas, dado su carácter circunstancial, no son totalizadoras. En otras palabras, tras un debate serio y exhaustivo de ideas nos daremos cuenta que quienes adscriben a ellas no se encontrarán exclusivamente en el Frente Amplio ni en la Nueva Mayoría, y que por otro lado dentro de cada conglomerado coexistirán quienes no necesariamente compartan éstas.

Como izquierda, hemos avanzado en niveles de adhesión y legitimidad social, hecho crecer los espacios de organización de masas, y recuperado espacios de poder institucional. Es imperativo seguir en esa dirección. Para ello, en vez de gastar litros de tinta en busca de una diferenciación estéril, resulta prioritario que comencemos a saldar una deuda pendiente: desarrollar las bases de la propuesta del país que queremos. Más que “a quién” disputar, “qué” queremos disputar.

Esto permitirá transformarnos en una alternativa viable. El desafío es transversal, y obliga a los que compartimos un horizonte común a contar con espacios de diálogo más fluido, más allá de nuestras diferencias tácticas y estratégicas.

En esa dirección, trataremos de contribuir enfocándonos en algunos aspectos que consideramos fundamentales para la construcción de una alternativa al actual modelo desde la izquierda.

El problema de la propiedad

Uno de los aspectos centrales dice relación con el problema de la propiedad. La mayor parte del siglo XX, la respuesta venía desde los llamados socialismos reales, que vieron al Estado como el idóneo para hegemonizar la propiedad de los medios de producción, en miras a socializar los beneficios del desarrollo económico. Sin entrar en la interminable discusión de las causas de su disolución, lo cierto es que este modelo sufrió una implosión y, tras la división de la Unión Soviética, se aplicó en los países de su órbita una terapia de shock neoliberal que eliminó rápidamente lo que se había construido. Ya entrado el siglo XXI, debemos reelaborar una respuesta a este problema, que permita la desconcentración de la riqueza y el poder y abra paso a un desarrollo económico inclusivo y justo.

Es un relativo consenso que los sectores ligados a los recursos naturales, la provisión de derechos sociales, y sectores estratégicos de la economía, deben ser propiedad estatal o éste debe tener un rol mucho más preponderante en la administración y obtención de eventuales beneficios. ¿Qué mecanismos vamos a desarrollar para materializar lo anterior? E igual de importante, ¿qué ocurrirá con el resto de la economía? Una batalla importante será terminar con esa idea tan arraigada de que el derecho a la propiedad está un peldaño más arriba que todos los demás. El Estado puede y debe ampliar sus facultades para intervenir, sin que ello signifique volver a la idea de la estatización de toda la gran industria.

El denominado Nuevo Modelo de Desarrollo

Relacionado con lo anterior, nos tenemos que proponer ir más allá de la necesaria trinchera de la defensa de los derechos sociales. En palabras de Noam Titelman en una columna hace algunas semanas, debemos dejar de tener miedo a hablar del modelo productivo, o como lo ha bautizado el PC, hay que entrar a la discusión del Nuevo Modelo de Desarrollo.

La estructura productiva de Chile tiene características bien específicas y compartidas por buena parte los países de la periferia. Una economía con escasa diversificación y poca sofisticación productiva, bajo desarrollo industrial, y alta heterogeneidad estructural: las industrias de punta y competitivas a nivel mundial están ligadas a los recursos naturales, con un alto nivel de apropiación de rentas por parte de privados; el resto de los sectores –que emplean a la gran mayoría de los trabajadores-, presentan baja productividad, escasa innovación, y salarios deprimidos. La desigualdad de ingresos –una de las más altas del mundo- y la incapacidad de converger hacia los niveles de ingreso de los países desarrollados, están profundamente ligadas a esta estructura.

Es abundante la literatura que muestra que la visión tradicional de que es el mercado el que debe encontrar y desarrollar nuevos sectores, es errada. Los países que presentan casos exitosos de desarrollo económico han estado lejos de las políticas de laissez faire que tanto se defienden en nuestro país.

El rol del Estado va más allá de generar condiciones que permitan la aparición de nuevos sectores. Este debe tener la capacidad y legitimidad para identificar y desarrollar dichos sectores. El mejor ejemplo es el litio. Como propuso la Comisión Nacional del Litio mandatada por el ejecutivo, el Estado está llamado a asumir el control de la explotación del mineral e impulsar un cluster sectorial en torno a los salares que permita, por ejemplo, la fabricación en Chile de baterías de litio u otros productos industriales ligados a esta materia prima, para lo cual podría generar modelos asociativos con privados, en los que se pongan por delante los intereses del país.

Se trata de delinear una agenda que combine las necesarias políticas de redistribución con la transformación del patrón de acumulación. El cómo un país logra el crecimiento económico determina en gran medida las características de su desarrollo: debe ser el proceso mismo de generación de riqueza el que endógenamente tienda a una distribución justa, algo imposible en el actual modelo de dependencia de los recursos naturales.

Este patrón perpetúa la lógica rentista, en que poco importa la productividad agregada y por lo tanto alcanzar niveles mayores de desarrollo. Otros países de América Latina, que llevan más de una década de avanzados procesos de cambio, logrando poner al Estado como una poderosa herramienta redistributiva, mejoraron enormemente las condiciones de vida de las clases populares. Sin embargo, no han logrado la tarea de transformar el sistema productivo, lo que incluso los ha hecho tambalear. Hay que tomar nota y hacerse cargo de que una condición necesaria para plantear una propuesta de país alternativa, es entrar en la dimensión productiva.

Relación Capital Trabajo

Finalmente, otro punto que debe ser orientador en la disputa desde la izquierda es la relación capital trabajo. Lo señalado en anteriores párrafos sobre la propiedad de los recursos y la heterogénea estructura productiva del país, tiene una expresión recíproca con la disparidad presente en la repartición del producto entre trabajadores y dueños del capital. La llamada distribución funcional del ingreso es determinante de la desigualdad social. Aquí yace la importancia de fortalecer la organización de los trabajadores: su posición de fuerza es la que puja hacia una justa repartición de lo generado en el proceso productivo.

Para avanzar en la dirección esbozada, es provechoso destacar y apoyar resueltamente iniciativas que permitan delinear aspectos parciales del país que queremos construir. La propuesta de reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas sin que implique una rebaja en los salarios, hecha recientemente por la diputada Camila Vallejo; o la de gratuidad en el Transantiago, del diputado Giorgio Jackson, avanzan en esa dirección: generar mejoras en la calidad de vida que van de la mano con impactos positivos desde el punto de vista de la productividad y la distribución.

En síntesis, es estéril y contraproducente caer en la estrecha cancha de quién “se queda” con los votos con los que ha contado la izquierda los últimos años. Esta voluntad nos reduce a un espacio donde nadie va a ganar, permitiendo el cómodo avance de las fuerzas que buscan restituir el consenso de la dictadura. Sin negar nuestras diferencias, y asumiendo que inevitablemente competiremos en los espacios electorales en que coincidamos, debemos ser capaces de construir una cultura de mayor apertura, discutiendo elementos comunes que puedan ser empujados conjuntamente desde los espacios en que distintas expresiones de la izquierda coexisten. Vamos a ganar si ampliamos la cancha, si dejamos la cuña fácil, si somos capaces de convencer, cada uno desde su identidad y propuesta, a sectores que comparten nuestras demandas, pero no aún nuestras banderas. Y sobre todo, si constituimos una propuesta tangible y viable, un horizonte común, que ofrezca mayores luces en el presente de hacia dónde hay que avanzar.

Vicente Lastra
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