Las aguas sucias de Esval

Tras la fiebre de las privatizaciones durante la dictadura de Pinochet, un sector logró salvar incólume: el de las empresas sanitarias. Eduardo Frei Ruiz-Tagle se encargaría, durante su gobierno, de modificar esta situación. Así, en 1998 ESVAL, Empresa Sanitaria de Valparaíso, se convirtió en la primera sanitaria chilena que pasó a manos de privados. Desde entonces a la fecha, su composición accionaria ha experimentado más de un cambio, siendo hoy la entidad controladora (con sobre un 99% de las acciones) la institución canadiense Ontario’s Teachers Pension Plan Board –OTPPB– (algo así como la “Junta para el manejo de las pensiones de los profesores de Ontario”.)

Esta organización independiente es, en otras palabras, la dueña de ESVAL, siendo la sanitaria de la quinta región una entre las múltiples empresas o sociedades comerciales de distintas partes del mundo donde esta posee participación accionaria, mayoritaria o no. El dinamismo de la OTPPB resulta destacable: dueña de varios malls en Canadá, del aeropuerto de Bristol en Inglaterra, y con participación en otros de distintas ciudades europeas, también posee compromiso accionario en la Lotería inglesa e irlandesa, además de, por cierto, varias otras empresas sanitarias en distintas partes del planeta. De esta forma, la chilena ESVAL es apenas uno de los varios focos de interés comercial de esta poderosa institución norteamericana, cuyo balance interno reporta la nada despreciable cifra de 170.000 millones de dólares en activos.

Por encima de cualquier discusión ideológica en torno a la pertinencia de la política de las privatizaciones, un hecho es claro: las tarifas de ESVAL, desde fines de los 90 hasta ahora, han experimentado una fuerte y sostenida alza, llegando a convertirse, en determinados sectores, en una de las más altas de todo Chile. Puntualmente, en tres comunas de la provincia de San Antonio, las tarifas por agua potable son superiores incluso a las de regiones desérticas o extremas del país. Ante el asombro y malestar de los miles de ciudadanos afectados, las partes involucradas -autoridades de gobierno y ejecutivos del ámbito privado- argumentan que se trata de tarifas “reguladas”, que se fijan en base a costos, y siempre de acuerdo a un consenso entre la empresa y el ente fiscalizador estatal, en este caso, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).

Con todo, dicho argumento resulta demasiado feble, claramente insatisfactorio, frente a casos como el de las comunas litoraleñas, donde la tarifa impuesta por el agua está mucho más acorde con la realidad de un ciudadano de un próspero y desértico emirato árabe que a la de un simple habitante de una zona de clima mediterráneo del tercer mundo.

El cuadro empeora hasta alcanzar ribetes derechamente indignantes cuando la empresa que ofrece este servicio incurre, además, en una política de malas prácticas reiterada. En 2015, ESVAL fue la única sanitaria de Chile que se desmarcó en el proceso de fijación tarifaria. La SISS señalaba que los precios debían bajar levemente o bien mantenerse sin variación. ESVAL… insistía en subirlos. El gobierno tuvo que convocar a un panel de expertos para zanjar el conflicto. Por otro lado, la empresa ha sido varias veces denunciada por extraer agua ilegalemente en el Valle de Aconcagua y solo durante lo que va del 2016 la autoridad sanitaria ha tenido que intervenir en su contra tras causar un grave daño ambiental al verter aguas servidas nada menos que en un estero en Quilpué, además de iniciar una investigación por sucesivos cortes de suministro en abril último. Todo esto para un empresa que durante los últimos años ha acumulado utilidades récord (77.000 millones de pesos en 2014.)

La paradoja no deja de ser dolorosa: mientras en Chile los profesores, como la mayoría de los trabajadores, deben mantener regímenes laborales extenuantes para rasguñar pensiones apenas dignas, sus pares del primer mundo, a través de sus operadores comerciales, mandan a estrangular las billeteras de incautos ciudadanos de sociedades más débiles o simplemente más permisivas para asegurarse, tras la jubilación, un pasar “como Dios manda”