El nuevo subsecretario de Pesca, las redes del lobby y la corrupción político-empresarial

La presidenta, Michelle Bachelet designó a Pablo Berazaluce Maturana (PDC) como el nuevo subsecretario de Pesca y Acuicultura, quien asumió sus funciones este 10 de abril. Este cientista político de la Universidad Diego Portales (UDP) es parte de las transversales redes de lobbystas, asesores y consultores que pululan alrededor de las “cocinas políticas” de los gobiernos de turno, parlamento y partidos políticos. Al momento de ser designado, Berazaluce se desempeñaba como coordinador legislativo del Ministerio de Economía y vicepresidente del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP).

Post Súnico, ¿brillará el sol demócrata cristiano en la Subpesca?

En la designación del actual subsecretario de Pesca pesó el apoyo de los clanes pesqueros industriales y del partido demócrata cristiano, conglomerado que esta vez le correspondía suceder al maltrecho subsecretario socialista. También contó con el aval de más de una década de asesoramientos externos a diversos ministros de la Concertación y Nueva Mayoría y el haber sido coordinador territorial del PDC en sus campañas electorales.

Berazaluce asume el cargo luego que la subsecretaría de Pesca (Subpesca) estuviese acéfala por más de dos meses. Esto, consecuencia de la intempestiva renuncia de Raúl Súnico (PS), tras divulgarse la investigación realizada por Ciper Chile respecto a correos electrónicos enviados por el ex presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros del Bío Bío (Asipes), Luis Felipe Moncada (RN) a sus directores.

En dichos correos, Moncada informaba sobre las operaciones encubiertas de Súnico para favorecer los intereses del «cartel» pesquero industrial, a la vez que lograba boicotear la implementación de la medida del programa de Michelle Bachelet más rechazada por el depredador empresariado pesquero: la eliminación de las operaciones de pesca de arrastre en aguas chilenas.

La gota que rebalsó el vaso de Súnico lo constituyó la denuncia de pagos por 33 millones de pesos (aprox. U$ 50.000) efectuados por la Asipes a su esposa entre 2010 y 2013, período en que el ex subsecretario de Pesca preparaba su campaña electoral para retornar a la Cámara de Diputados.

Un subsecretario con fecha de expiración

La carrera como lobbysta de Berazaluce se inició el 2006, cuando fue asesor de la División de Relaciones Políticas e Institucionales de la Secretaría General de la Presidencias (Segpres), donde permaneció hasta el 2009, junto a los titulares de la cartera, Paulina Veloso y José Antonio Viera-Gallo. Durante el gobierno de Sebastián Piñera, participó el 2010 en la creación de la sociedad Conexxa Consultores S.A, para luego asumir como asesor del Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), cargo que ocupó hasta el 2011.

Durante el segundo gobierno de Bachelet es contratado como asesor del Ministerio de Economía para realizar labores de análisis de la agenda legislativa, preparar, tramitar y defender los proyectos de ley en el Congreso y sus indicaciones, y gestionar reuniones parlamentarias en el terreno. Allí coordinó el trabajo del Ministerio de Economía con el sector de la pesca y acuicultura, participando de iniciativas como la ley Nº 20.814,- la cual estableció la obligatoriedad de instalar posicionadores satelitales en embarcaciones pesqueras-, y la ley Nº 20.295 que bonifica el repoblamiento y cultivo de algas.

En este cargo fue uno de los 20 funcionarios a honorario mejor pagado de dicho ministerio, teniendo entre sus garantías el no estar obligado a entregar declaraciones de patrimonio o de intereses a la Contraloría.

El Club del Lobby: La Conexxa Consultores Connection

Berazaluce fue parte del grupo de asesores legislativos claves del PDC – junto a Julio Valladares y Exequiel Silva-, quienes fueron contratados en el primer gobierno de Michelle Bachelet para negociar en el Congreso algunos de sus proyectos claves, tales como la reforma tributaria y la reforma educacional.

Según Ciper Chile, Berazaluce, Valladares y Silva, crearon en agosto del 2010 la sociedad Conexxa Consultores S.A. junto a Alexis Yáñez. Esta sociedad se caracterizó por operar de manera discreta vinculados al lobby empresarial, lo cual hoy genera dudas sobre la real independencia que tendrá Berazaluce a la hora de defender los intereses del Estado frente a las patronales de la pesca y salmonicultura industrial, y de paso proteger los bienes comunes de la nación y los colapsados recursos hidrobiológicos del país.

Uno de los socios del actual subsecretario de Pesca durante el período de Conexxa Consultores fue Alexis Yáñez, ex operador político de la Concertación, quien mientras trabajaba para el gobierno de Bachelet realizaba lobby para KDM -el mayor consorcio en el país en el negocio de la basura en Chile-, la Universidad Autónoma e Inca-Cea,- donde fue socio de Teodoro Ribera- y empresas relacionadas con la ley de casinos.

Otro de sus socios fue Hugo Lara Torres (PDC), ex asesor de ChileDeportes, quien debió renunciar en enero del 2014 antes de asumir el cargo de subsecretario de Agricultura debido a denuncias por estafa y giro doloso de cheques.

Por su parte, Exequiel Silva fue asesor externo de Azerta, agencia de comunicaciones que crearon en el 2008 Cristina Bitar, Felipe Edwards y Gonzalo Cordero, la cual contaba entre sus clientes a compañías de los rubros forestal, eléctrico, retail, sanitario, alimentos y minero, tales como AES Gener, Barrick y PwC. Importante es recordar que Silva fue un activo lobbysta y asesor legislativo en las discusiones de la ley de pesca y acuicultura, forestal, presupuesto y educación

¿Qué le depara el 2017-2018 al acuatifundio pesquero y salmonero en Chile?

Sin duda, Berazaluce será el subsecretario de más corta permanencia en el cargo, sólo superado por la saga de los fallidos ex subsecretarios de pesca socialistas, quienes han debido dejar sus cargos de manera súbita y abrupta.

En estos meses de gestión pesquera y acuícola del actual gobierno, la sombra de las patronales Sonapesca, Asipes, Asipnor, Asipes, Fipes y SalmónChile seguirán pauteando desde el «lobby profundo» y la corrupción al Ministerio de Economía y la Subpesca. Esto, en medio de la profundización de la aguda crisis de los recursos, biodiversidad y ecosistemas acuáticos nacionales; la exclusión de los pescadores de pequeña escala y pueblos indígenas, unido a una creciente concentración económica, así como el aumento de la sobreexplotación y cesantía de los trabajadores, y el absoluto desprestigio del sistema de administración política-pesquera y de acuicultura nacional, ya que por dónde se le investigue, sale pus.

En consecuencia, con la llegada de Berazaluce se ratifica la voluntad del Gobierno de Bachelet de mantener un sistema de administración pesquera fracasado, corrupto, excluyente, y deslegitimado, lo que continuará poniendo en riesgo los ecosistemas acuáticos y la sustentabilidad de las pesquerías nacionales.

La defensa de nuestro mar, sus recursos y las comunidades costeras: Tarea ciudadana

Entre las principales tareas del movimiento social y la ciudadanía organizada destacan:

1. Investigar el accionar del ex subsecretario de pesca Raúl Súnico, por su incompetencia y falta de probidad en la administración del patrimonio de los recursos hidrobiológicos del país, el no cumplimiento de los compromisos del programa pesquero comprometido por la presidenta Michelle Bachelet, y el operar sistemáticamente en favor de los intereses de las patronales pesqueras

2. Anular la corrupta ley 20.657 de privatización pesquera y acuicultura, con el fin de:

-Eliminar la entrega gratuita y a perpetuidad de la propiedad de las pesquerías del país, lo cual permite el goce monopólico de las billonarias rentas pesqueras al “cartel” industrial que domina este estratégico sector económico y social del país;

-Finalizar el sistema de licencias y cuotas individuales de pesca de carácter indefinido, plenamente transables, indemnizables y bancarizables;

-Restituir a la sociedad chilena de la propiedad soberana y derechos de acceso y uso de los ecosistemas y recursos marinos de la nación, sin ningún tipo de indemnización a quienes se apropiaron de ellos de manera fraudulenta;

-Recuperar y ampliar los derechos políticos, sociales y productivos expropiados a los pescadores de pequeña escala, las comunidades costeras y pueblos originarios.

3. Ampliar y profundizar las investigaciones por los delitos de cohecho, lavado de activo y fraude al fisco vinculados a la génesis y aprobación parlamentaria de la ley de pesca y acuicultura.

4. Castigo para los políticos y empresarios culpables de cohecho y sus encubridores. Caducidad de la personalidad jurídica a las empresas pesqueras involucradas en delitos de corrupción.

5. Denunciar y eliminar la fraudulenta maniobra gubernamental, parlamentaria y empresarial, para modificar fuera del control público la ilegítima ley “Angelini-Longueira” de Pesca y Acuicultura, mediante la realización de cambios cosméticos, para dejar intacto su articulado expropiador, privatizador y de mercado.

6. Prohibir las destructivas operaciones de pesca de arrastre en las aguas juridiccionales chilenas y eliminación de las “perforaciones” de las cinco millas costeras de protección de la biodiversidad marina y de la pesca artesanal por parte de la flota industrial.

7. Declarar 100% artesanales a las pesquerías de merluza común, merluza austral, sardina, anchoveta, congrio y jibia, entre otras, en el contexto de la soberanía alimentaria, defensa del empleo, salud pública y la alimentación popular.

8. Establecer moratoria indefinida a la expansión productiva y territorial de los monocultivos industriales del salmón. Fuera salmoneras de las regiones costeras del Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

9. Iniciar proceso político, social, legislativo y cultural, de carácter regional y participativo, que apunte a la construcción de una nueva ley de Pesca y Acuicultura Sustentable y Equitativa, de carácter democrático, descentralizada y participativa.

Aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo/ Naciones Unidas (OIT) sobre la consulta previa, obligatoria e informada a los pueblos originarios sobre una nueva ley de pesca y acuicultura.

10. Implementar las Directrices Voluntarias de la FAO para la Pesquerías de Pequeña Escala en el contexto de la lucha contra la pobreza, inequidad y la seguridad alimentaria.