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La vocera de Chile Sustentable analizó las indicaciones promovidas por el Ministerio de Hacienda para el proyecto que se encuentra en el Senado.
Como una “nueva señal de que este gobierno claudicó ante los intereses de los empresarios y la mirada mercantil de la sociedad”. Así calificó Sara Larraín de Chile Sustentable a los cambios que han promovido desde el Ministerio de Hacienda a la reforma al Código de Aguas, que hoy se encuentra en el Senado.
Hace una semanas se conoció una minuta que la cartera estaría difundiendo entre los integrantes de la comisión: Adriana Muñoz ( PPD), Víctor Pérez (UDI), Jorge Pizarro (DC), Isabel Allende (PS) y Francisco Chahuan (RN).
En enero comenzaron las audiencias en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara Alta, que preside la PPD Adriana Muñoz, recibiendo hasta hoy a representantes del gobierno, sectores productivos, canalistas, dirigentes de comités de agua potable rural, abogados, ONGs socioambientales y habitantes de comunidades afectadas por la falta de acceso al agua. Terminadas las audiencias, se espera que esta semana se inicie la votación en particular, incluyendo las indicaciones del Ejecutivo.
Son 27 las indicaciones que ingresó el Ejecutivo, de las cuales 11, según Chile Sustentable, transforman completamente el sentido de la reforma, privilegiando a los actuales controladores del agua y a aquellos que acaparan y especulan con esta.
Entre los cambios que impulsa la administración Bachelet está eliminar dentro de las prioridades esenciales el uso doméstico de subsistencia. También cambia en cuanto al estatus legal de concesiones de agua que aprobó la Cámara para los nuevos otorgamientos a particulares, insistiendo en la categoría de derechos de aprovechamiento, temporales pero renovables. Esto complejizará la distinción con el antiguo régimen de derechos, que permitió la mercantilización de los recursos hídricos.
Además, el gobierno propone ampliar el plazo que tienen los particulares para mantener el control del agua sin utilizarla, lo cual es un incentivo al acaparamiento. Tambien debilita la regulacion referida a las mineras, eliminando la obligación de estas empresas de solicitar autorización sobre las “aguas halladas” en caso de utilizarlas, privilegio que no tiene ningún otro sector productivo. Hay que recordar que los diputados aprobaron que la minería pidiera permiso para su uso, a pesar de que el ex diputado y ex ministro de Bachelet Jorge Insunza legisló a su favor mientras se discutía esta reforma y en paralelo prestaba servicios a una compañía minera.
Asimismo, la nueva indicación del Ejecutivo suprime la posibilidad de que el Estado establezca un caudal ecológico mínimo en áreas en que exista un ecosistema amenazado, degradado o un sitio prioritario en el que la fuente superficial pueda sufrir grave deterioro o esté siendo afectada, lo que en la práctica significa dejar que ríos y cuencas completas se sequen. Junto a esto el gobierno impulsa exceptuar de la obligación de caudal ecológico a las hidroeléctricas de hasta 20 MW (muchas de ellas de empresas trasnacionales) y cuyos promotores requieren una capacidad de inversión entre U$ 4 millones (para 1 MW) y U$ 80 millones (para 20 MW). Insólitamente la autoridad entrega esta excepción, diseñada originalmente para la situación de pequeños campesinos beneficiarios de Indap que utilizan el agua para actividades de subsistencia, a grandes poseedores de derechos cuyas inversiones pueden poner en peligro las fuentes de agua.
Finalmente la administración de Bachelet también propone eliminar la atribución del Estado de resguardar los usos prioritarios, como agua potable, saneamiento, actividades de subsistencia y protección de ecosistemas, para los casos de traslado de puntos de captación de derechos de agua de una cuenca a otra o en situaciones de cambio de la fuente de extracción, lo que contravendría con los criterios de interés público en las políticas de agua que busca la reforma.
“La idea original de este proyecto es garantizar el acceso humano al agua y proteger las fuentes de agua. Sin embargo lo que proponen las indicaciones del gobierno es debilitar la priorización del interés público ya alcanzado, para garantizar el lucro empresarial. Y eso es una aberración”, indicó Larraín.
