PUC es condenada por prácticas antisindicales y quedan en entredicho sus contratos con el Estado

El martes, con bombos y platillos, se dio a conocer el acuerdo entre los ministerios de Educación, Hacienda y la Pontificia Universidad Católica de Chile. No ha sido una relación fácil los últimos años entre el Estado y una de las principales casas de estudio del país, principalmente a raíz de la decisión del gobierno de eliminar el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) como forma de financiar la educación superior.

Pero el martes los problemas parecían superados, pues el acuerdo consistió en que se haría un traspaso parcial de recursos a la PUC, a raíz de la demanda presentada por la universidad en enero de este año. 

Sin embargo, todo se podría ver entrampado por un reciente fallo de los tribunales laborales contra la Universidad Católica. Según informa El Mostrador, la PUC recibió una sentencia condenatoria y entre las sanciones arriesga, precisamente, la prohibición de suscribir a contratos con el Estado por dos años.

“La denunciada (la Universidad) ha incurrido en prácticas lesivas en contra de la libertad sindical, incurriendo en actos de hostigamiento en contra de toda la directiva del Sindicato Salud UC, consistentes en tratar de modificar de forma unilateral el acuerdo existente entre la organización sindical y la empresa respecto a los permisos sindicales, imponiendo una nueva forma de solicitar los permisos y privando con ello del pago de sus remuneraciones y cotizaciones previsionales a todos los dirigentes del Sindicato Salud UC», dice la sentencia.

El Estado establece a las prácitcas antisindicales como una vulneración de derechos fundamentales y reconoce como sanción ante estas situaciones la prohibición de celebrar contratos con el erario público. “Esta tiene la sanción de más alta entidad que posee el ordenamiento jurídico laboral, puesto que se trata de vulneración de derechos fundamentales, es decir, aquí no estamos hablando de vulnerar cualquier derecho. Es tan elevada la sanción, porque es tan elevada la falta que se comete”, aseguró el abogado del sindicato de Salud UC, Luis Arias.

«El rector va a tribunales para percibir estos recursos de parte del Estado, percibe además fondos que puede repartir a sus trabajadores para el pago de distintas bonificaciones, entonces el contrapunto está en que, por un lado, no se preocupa de cumplir las disposiciones que le permiten contar con recursos estatales y que tiene una sentencia que así lo señala, y, por otra parte, aparece defendiendo su condición de universidad que deba percibir los recursos», agregó.

La PUC sostiene una importante relación con el Estado, siendo un gran proveedor en materia de salud.