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El director de Leasur, Sergio Faúndez, critica que tanto Gendarmería como el Servel no atiendan los fallos de la Corte Suprema para garantizar el voto a miles de presos y reivindica el rol de los municipios para la reinserción penal.
Unas 14 mil personas privadas de libertad no pueden ejercer su derecho a voto reconocido por la Constitución. La Carta Magna establece que la condición de “ciudadano” y, por tanto, también el derecho a sufragio, se pierden por estar condenado por un delito que merezca pena aflictiva o por conducta terrorista. Es decir, ni imputados ni culpables de otro tipo de delitos menores deberían de perder el derecho a votar.
Sin embargo, esta sigue siendo una deuda pendiente que el Estado chileno mantiene con las y los que viven en las cárceles y que desde hace años vienen reclamando las organizaciones por la defensa de los derechos de la población penal.
La semana pasada, la Corte Suprema ordenó al Servicio Electoral (Servel) y a Gendarmería establecer mecanismos para que las internas e internos de distintos penales del país ejerzan su derecho a voto en los futuros procesos electorales. No es la primera vez que el Alto Tribunal se pronuncia para garantizar este derecho básico. Pero parece que ninguna de las dos instituciones mueve ficha para que se den las condiciones para ello.
Sergio Faúndez, director de Leasur, quien desde 2014 se dedica a la defensa y promoción de los derechos de las personas privadas de libertad, conversó con El Desconcierto sobre el derecho a voto en las cárceles y otras medidas que se están debatiendo para mejorar las condiciones de las casi 50 mil personas que hoy viven entre rejas en nuestro país.
¿Cómo se observa desde Leasur el fallo de la Corte Suprema por el que acogió el recurso de protección presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para garantizar el voto a 11 personas privadas de libertad?
Celebramos la decisión de la Corte pero igual creemos que llega con unos años de retraso. Son cuestiones que se vienen ventilando al menos desde 2013, cuando un juez de garantía ordenó al Servel constituir las mesas para que las personas que no estaban inhabilitadas para votar, pudieran hacerlo. Ahora, entre finales de 2016 y principios de 2017 tenemos los fallos de la Corte Suprema que revoca el fallo de la Corte de Apelaciones, que estuvo por no dar lugar a la petición de que estas personas votaran.
Es una muy buena señal y esperamos que el fallo se complete en su ejecución. Sin embargo, nuestra suspicacia recae en la autoridad administrativa, particularmente en Gendarmería y el Servel. El poder judicial ordena que las autoridades administrativas lleven a cabo las dirigencias administrativas necesarias para poder asegurar que se ejecuta el derecho a sufragio, pero hasta el momento no hemos tenido noticias de qué providencia está tomando Gendarmería o qué conexión interinstitucional va a tener con el Servel.
El presidente del consejo directivo del Servel, Patricio Santamaría, dijo estar estudiando cómo establecer las circunscripciones electorales, como constituir las mesas de votación o como informar a las personas privadas de libertad de las distintas opciones. ¿Creen que hay opciones para implementar el mecanismo electoral en los centros penitenciarios con todas las garantías?
Los argumentos que esgrime el Servel son que básicamente su legislación no les permite crear circunscripciones ad hoc y especiales dentro de los recintos penitenciarios. Sin embargo, la Corte Suprema zanjó esta discusión y terminó diciendo que en verdad no existían impedimentos legales para ello.
Entonces, eso responde a una cuestión de voluntad política de excluir de la vida social a las personas que están tras las rejas. Sin voluntad política, probablemente no se puedan llevar a cabo las elecciones en las cárceles o se va a llevar un mal proceso y tendremos una mala experiencia. Pero actualmente se están vulnerando los derechos de las personas privadas de libertad que constitucionalmente se encuentran con facultades para votar y no lo están haciendo. Tenemos una actuación de la administración pública, del Estado, que es contraria a la Constitución. Impedir que voten es un acto ilegal, arbitrario y discriminatorio.
Y hay otro tema con las personas imputadas que permanecen en prisión preventiva, porque con el principio de la presunción de inocencia ninguna persona es culpable hasta que se demuestra lo contrario. Aún así, a las personas que están imputadas por una causa que conlleva una pena aflictiva les suspenden el derecho a voto.
¿Cuál es el rol de los partidos políticos en esta pelea por el sufragio de la población penal?
Históricamente las cárceles han sido espacio de abandono y exclusión donde no existe interés político, y menos cuando las personas no pueden votar. Ese es otro objetivo de esta lucha: hacer a los presos parte de la comunidad política, que sean partícipes de la esfera pública y que puedan incidir en la elección de las autoridades.
La actividad legislativa en este país responde a implementar políticas de represión contra la delincuencia, pero no para promover medidas de reinserción, porque las autoridades políticas entienden que es muy impopular hacer modificiaciones o concesiones a las personas privadas de libertad. Eso porque la opinión pública está abiertamente en contra de esta población a la que denomina “delincuentes”. No han habido voces de líderes políticos que hayan asumido esta bandera de lucha y hayan planteado la necesidad de incorporar a las personas excluidas de la sociedad dentro de esta comunidad cívica.
¿Tienen esperanza en alguna de las fuerzas emergentes que disputan el poder al duopolio para que se impliquen en revertir esta situación?
No nos abanderamos con ningún sector político porque de todos los sectores hemos tenido respuestas contrarias a lo que nosotros planteamos que es que existan penas alternativas a la cárcel, a la utilización de la privación de libertad como respuesta a todos los problemas sociales…
Siempre se abren nuevas discusiones y ahora parece que se debate más sobre lo que ocurre en las cárceles. De todas maneras, siempre enriquece tener nuevas voces dentro del espectro político para intentar levantar estas ideas.
¿Cómo evalúan el documento que la Mesa de Trabajo de Políticas Públicas de la Universidad Católica presentó la semana pasada para mejorar las condiciones de las cárceles?
Compartimos el enfoque de este documento, desde el diagnóstico hasta la propuestas. Y hay cuestiones que se vienen repitiendo desde hace muchos años: el hacinamiento, el juez de control de ejecución de la pena, la ley de ejecución penitenciaria. Son temas que hoy aún no tenemos y que mantienen a la cárcel en en un estado inconstitucional.
Más allá de las propuestas que ya se han planteado en muchas ocasiones y que siguen sin resolverse, destacan ideas como potenciar el rol de los municipios en la inserción social. ¿Qué papel debería jugar la esfera local en esta cuestión?
Las municipalidades cumplen un rol fundamental en cualquier proceso de reinserción. Hacer parte a los condenados dentro de sus propias comunas. En la Región Metropolitana, la mayor parte de las personas privadas de libertad provienen de las comunas más marginadas y de los barrios más pobres: Lo Espejo, La Pintana, La Granja. Esas municipalidades no tienen programas de recolocación laboral, de reinserción social y ¿qué pasa en estos espacios cuando estas personas retornan de la cárcel a sus casas y barrios? No hay programas de acompañamiento.
Tampoco existen programas de las municipalidades que tienen cárceles en su comuna: San Miguel, Puente Alto, Colina y Santiago Centro. El gobierno local tiene que hacerse parte de las personas privadas de libertad y de sus procesos de reinserción porque van en directa relación con la seguridad pública. Con poca reinserción tendremos más reincidencia, aumentará el temor al delito y el índice de indefensión, y subirán los costos en policía, patrullaje, prevención, etc. y volvemos a rodearnos del miedo generado por los medios. Es como un problema global que tiene que tener una respuesta integral, más allá del Ministerio de Justicia, Interior y Gendarmería.
El documento también propone modernizar a Gendarmería, con especial énfasis en su formación. Sin embargo, no se habla mucho de la importancia de la formación para la población penal. ¿Cuál es su mirada sobre eso?
Las cifras indican que hay un 82 por ciento de las personas privadas de libertad no tiene la escolaridad completa. Es bueno que los presos estudien dentro de la cárcel y lleguen hasta cuarto medio, que tengan capacitaciones educacionales y laborales. Pero hay que ir un poco más allá para resolver los problemas estructurales. La cárcel no soluciona los problemas de condiciones que propicia que estas personas lleguen a la cárcel. Pueden terminar cuarto medio, y tendrán una habilitación educacional superior a la que ingresaron, pero eso no significa nada al momento del egreso si no existen programas de acompañamiento seguro y de colocación laboral.
Las alternativas que se ofrecen a los presos son de autoemprendimiento o mano de obra barata para confección, talleres de corte, artesano, panadero… pero son cuestiones que hoy en día, en la vida social, no te entregan grandes herramientas, sobretodo teniendo antecedentes penales. No podemos confiar ciegamente que los cursos de capacitación signifiquen reinserción social. Es una parte, pero no es suficiente.
