Reportaje de The Guardian cuestiona privatización de recursos hídricos: «La crisis del agua en Chile es compleja»

Hace dos décadas, el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle logró que el Congreso aprobara el marco legal para iniciar el proceso de privatización de las empresas sanitarias. El proceso transformó a Chile en el país con la mayor privatización de agua del mundo, con un 95,8% de la población bajo sus servicios.

Según un reportaje publicado por el medio británico The Guardian, esta situación ha constituido un escenario complejo para las y los chilenos.

“A nivel mundial, más del 90% de los servicios sanitarios son administrados por el Estado gracias a la férrea oposición al ingreso de actores privados, que suele traducirse en mayores tarifas y menor responsabilidad sobre la infraestructura. De hecho, la ONG danesa Transnational Institute ha documentado 235 casos de comunidades que han recuperado la administración del agua de manos privadas entre 2000 y 2015″, explica Karunananthan.

La publicación sostiene que, aunque en Chile se suele pensar que la privatización mejoró las condiciones sanitarias del país, el financiamiento público, previo al traspaso a manos privadas, fue clave en extender la cobertura. De hecho, mientras se vive el desgaste de aquella inversión estatal y los nuevos desafíos del cambio climático exigen nuevas inversiones, los actuales dueños de sanitarias han incumplido los requerimientos mínimos estipulados por la autoridad.

De hecho, cifras del Gobierno sentencian que la empresa Aguas del Valle invirtió apenas un 49% del mínimo recomendado para 2014, mientras que Essbio y Esval invirtieron un 75% y 64% del mínimo recomendado, respectivamente.

El escenario parece más crítico en lugares afectados por la sequía o zonas sin acceso al agua potable, como el pueblo de Cabildo en la Provincia de Petorca.

Chile se encuentra en un dilema, ante la necesidad de cambiar las condiciones en las que se desenvuelven las empresas sanitarias. El país ha firmado 26 acuerdos comerciales con 62 países desde que se iniciaron los proceso de privatización en 1990 y podría sumar sanciones o demandas por parte de las corporaciones afectadas, en caso de que se decida echar pie atrás en la privatización.