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Opinión

Lecciones y disyuntivas frente al orden regional ¿Ñuble, la última?

Por: Pablo Rojas Torres | Publicado: 16.07.2017
Así las cosas, el contexto nos invita a alegrarnos por la formalización de la creación de la Región de Ñuble. Sin embargo, en perspectiva del plano nacional, tal situación debe recordarnos que la emanación de ésta es una de las principales demostraciones que nos indican que no hemos avanzado lo suficiente en exigencias “descentralizadoras”, ni mucho menos se ha logrado descifrar institucionalmente cuáles son los requerimientos de la población en los espacios subnacionales.

Hace un par de meses, junto a Teo Valenzuela, nos propusimos la tarea de caracterizar las demandas por autonomía regional contemporáneas en Chile, a través de la cual se establecieron ciertos tópicos que distinguen a aquellas que lograron ser región, en desmedro de las que no. Dentro de las primeras se encuentran las demandas de Arica, Valdivia y Chillán; mientras que como reclamación fallida visualizamos las demandas de Maule Sur y Choapa-Limarí, sumándose con algunas conjeturas Aconcagua, sin perjuicio de otras reclamaciones que han profundizado, desde el 2000` a esta parte, su deseo de mayor autonomía y soluciones definitivas para problemas de relego que enfrentan, como son los casos de Chiloé y San Antonio.

Respecto a las reclamaciones exitosas, se establecieron cuatro pre-requisitos transversales que actúan como factores bases para su desarrollo:

a) Contar con un pasado histórico relevante dentro de la organización territorial chilena, siendo el ideal buscado “la restitución” del espacio administrativo autónomo.
b) Poseer una matriz socioproductiva atingente a la idea de autosustentación y autonomía administrativa, la que se vea fundamentada a través de una Corporación y/o Comité capaz de aunar a la sociedad civil y al mundo privado.
c) Tener un centro político-administrativo fuerte y consensuado para liderar la emancipación provincial sin disputa con otras ciudades intermedias.
d) Poseer un resentimiento arraigado de la población frente a la capital regional por condiciones de desventaja lo que activa la articulación de actores plurales y su movilización.

Junto a dichos factores, situamos la presencia de senadores Brokers que median con el Poder Central en tanto son capaces de consensuar apoyo en los gobiernos de turnos, además de hacer Lobby en el Congreso para una visualización y apoyo transversal dentro del espectro político. De ese modo, destacan en la escena personajes de la talla de Gabriel Valdez en la demanda de Valdivia -durante los 90`- quien toma como bandera de lucha la demanda, inclusive, a través de su rol en la CEPAL; en el caso ariqueño, destaca Fernando Flores quien levanta su candidatura senatorial en los 2000` con la promesa de la nueva región en un contexto en donde Lagos perdía terreno frente al candidato de la Derecha, Joaquín Lavín; finalmente, para el caso de Ñuble destaca Felipe Harboe, quien se vale de su aparataje político afianzado durante el primer gobierno de Bachelet para materializar mediante su rol de representante senatorial por la VIII Región Cordillera.

Asimismo, se observan situaciones particulares en cada caso, cuyo sustento en el desarrollo de la demanda robustece y otorga mayor énfasis al anhelo regional. En tan sentido, la demanda Valdiviana adquiere ribetes de historicidad importante, siendo el único caso que ve constituido, aunque sin avances concretos, un Comité para la creación de una región en 1977, el que se constituye formalmente en 1981. En el caso de Arica su rol como ciudad limítrofe es clave. Y, sobre todo, el avance precario de la zona que no logra congraciarse con mayores posibilidades de desarrollo, pese a las medidas de diferenciación tributaria que emanan mediante las leyes “Arica I y Arica II” a fines de los 90`. Para Chillán, en tanto, la situación adquiere tal cual lo ha enunciado el presidente de su Comité regional: Herex Fuentes, la connotación de demanda modelo. Y en parte lo es por cómo se constituye la demanda a través de un bloque sociopolítico transversal en la zona, presencia mediática de su Comité en los medios, coparticipación de autoridades locales en actos públicos, además de la gestión de resarcimiento emanada desde 2003 a la fecha, la cual logra revertir las consideraciones que llevaron a la SUBDERE a denegar la posibilidad de ser región en aquella época.

Como contrapartida, las demandas truncadas no han logrado congraciar un bloque sociopolítico atingente y tampoco han sido capaz de mantener latentemente una reclamación que capte la atención de la autoridad central. Es el caso de las reclamaciones de Maule sur y Choapa-Limarí, mientras que la demanda de Aconcagua espera, ya cumplido el plazo estipulado para marzo de 2017, el estudio de factibilidad comandado por la SUBDERE para saber si se cumple con los requisitos ¿mínimos? para conformar una región independiente de la actual Valparaíso.

La espera agota y la incertidumbre confunde. Sin embargo, más allá de los resultados que se esgriman en dicho estudio, es dable considerar algunos aspectos que se entremezclan entre el deseo local y la imposibilidad político-técnica. El primero de ellos tiene relación con los alcances y extensión de la región, contemplando como base a las actuales provincias de San Felipe, Los Andes, Petorca y Quillota, para lo cual ha emanado un discurso de restitución, consecuente a la Provincia Histórica de Aconcagua, el cual en la praxis no tiene real asidero en tanto Quillota, históricamente, ha comprometido su funcionamiento político administrativo a la ciudad de Valparaíso. Ocurrió en 1842 y 1936, de igual forma en que ambas ciudades a través de la consideración de “Departamentos” retornan a la Provincia de Aconcagua en 1928.

En segundo lugar, no existe consenso en torno a la capital dentro de una nueva región, y más bien se observan caudillismos locales que quieren concentrar poder, institucionalidad y recursos dentro de sus comunas, situación superada y ampliamente consensuada en los casos exitosos, pese a que, en el caso de Valdivia, Osorno quiso disputar su estatus sin lograrlo.

Como tercer factor se observa una pasividad discursiva por parte de los representantes parlamentarios, sin existir el broker “clave” que consigue apoyo en el Parlamento. Al menos no con éxito y latencia en el tiempo, pese a alocuciones intermitentes de los diputados Núñez y Rivas, de la senadora Pérez y, en el último tiempo -sin pensar que sea resultado del redistritaje- del senador Chahuán.

Finalmente, no se observa un real arraigado en la ciudadanía y el sector privado. A diferencia de lo que ocurrió con la CODEPROVAL hacia fines de los 90`en Valdivia, y la participación constante de sectores empresariales aunados por el Comité Ñuble Región, en Aconcagua la emanación de la demanda es esencialmente política, en donde movimientos tales como “Yo quiero Región de Aconcagua” no han logrado traspasar el entusiasmo a los aconcagüinos.

Así las cosas, el contexto nos invita a alegrarnos por la formalización de la creación de la Región de Ñuble. Sin embargo, en perspectiva del plano nacional, tal situación debe recordarnos que la emanación de ésta es una de las principales demostraciones que nos indican que no hemos avanzado lo suficiente en exigencias “descentralizadoras”, ni mucho menos se ha logrado descifrar institucionalmente cuáles son los requerimientos de la población en los espacios subnacionales.

El caso de Aconcagua, en tanto, llama la atención por una cuestión doble. En primer lugar, porque quizás sea la última manifestación atendida por la autoridad central para crear una nueva región; y, además, porque permite retrotraer la importancia de medidas descentralizadoras, no tan sólo a nivel Santiago-Regiones, sino que, sobretodo, al interior de las regiones en donde se genera un segundo nivel de centralidad en las capitales regionales.

Pablo Rojas Torres