U. de Chile ofreció millonaria indemnización a trabajador despedido por J. P. Cárdenas para evitar juicio

A comienzos de este año, trabajadores de la Universidad de Chile dieron a conocer el caso de Nelson Navarro, periodista a honorarios durante ocho años en la institución cuya desvinculación de la Radio Universidad de Chile se realizó «mientras se encontraba en recuperación tras haber sufrido un ataque cardíaco».

«Tras las denuncias iniciales de Navarro, surgieron nuevas acusaciones de malos tratos, acoso sexual y autoritarismo de parte de Juan Pablo Cárdenas, director de la Radio, hacia sus trabajadores, que fueron denunciadas públicamente», afirma el Sindicato de Trabajadores a Honorarios de la Universidad de Chile en una declaración pública.

En ella además dan cuenta del estado de la demanda presentada por Navarro contra la institución para que «se le pagasen sus cotizaciones previsionales pasadas, así como una indemnización por despido improcedente«.

Los trabajadores señalan que, luego de que se iniciara el proceso legal, «la Rectoría de la Universidad, a través de su Dirección Jurídica, ofreció una indemnización de $15.7 millones como un acuerdo entre las partes para evitar llegar a la primera instancia del juicio».

«Creemos que la urgencia de la Universidad por llegar a un acuerdo económico para evitarse una sentencia contraria equivale, políticamente, a un reconocimiento de culpa por parte de la institución» de la vulneración de los derechos laborales de sus trabajadores, agregan.

De este modo, los trabajadores del sindicato señalaron que «aprovechamos de recordarle a nuestra institución que hay más de 5000 honorarios en las mismas condiciones, por lo cual “resolver” posteriormente y en tribunales esta vulneración de derechos, si nos guiamos por este monto, le costaría a la Universidad alrededor de $78.500 millones».

Finalmente, la declaración afirma que «la solución al “problema” de los honorarios que cumplen labores habituales es una y una sola: la integración de estos trabajadores, reconociéndoles su condición de funcionarios públicos«.