Piñera, la Ley Longueira y el cómo los chilenos quedamos sin acceso al consumo de pescado (I)

Manuel José Ossandón increpó a Piñera durante las primarias respecto a su rol como accionista de Corpesca , después de que este último reconociera ante el Servel su inversión valorizada en más de 23 millones de dólares en AntarChile, la empresa de Angelini controladora de Corpesca, mientras su gobierno se preocupaba de hacer aprobar la Ley Longueira, calificada como un regalo regulatorio a favor del 1% más rico del país con inversiones en el sector pesquero -entre ellos la familia Piñera – y que terminó por profundizar la falta de acceso al consumo de pescados de niños, jóvenes y familias de nuestro país.

Piñera, Angelini y un puñado del 1% más rico de nuestro país con inversiones en el sector pesquero -conocidos como las 7 familias-, se hicieron con la Ley Longueira de un cuerpo legal para un regalo regulatorio sobre la riqueza pesquera del país. A la par impusieron que éstas no tengan otro destino que sus fábricas, que las convierten en alimentación animal -industria de harina y aceite de pescados-, un negocio que Piñera, su mujer e hijos escogieron para invertir parte de su fortuna, según lo prueban sus inversiones en Exalmar en Perú y Corpesca en Chile.

Según el gráfico de la derecha de la portada, aunque nuestro país posee uno de los stock más grandes en el mundo en riqueza pesquera el consumo de pescados de los chilenos es de apenas un 10% de lo recomendable entre los estratos socioeconómicos bajos y un poco más de un 20% entre los estratos alto y medio alto -según da cuenta la Encuesta Nacional de Consumo Alimentario (ENCA)-, realizada por la Facultad de Medicina en conjunto con la Facultad de Economía de la Universidad de Chile.

La inversión de Piñera en Corpesca-Angellini y el cómo estos se favorecieron con la Ley Longueira. Seg´ún el artículo sexto de la legislación: «El fraccionamiento de la cuota global de captura entre el sector pesquero artesanal e industrial entre los años 2013 y 2032, ambos años inclusive, en los recursos hidrobiológicos y áreas que a continuación  se indican, será el siguiente: a) Sardina española (Sadinops sagax) y Anchoveta (Engraulis ringens), en el área marítima entre el límite norte de la XV Región y el límite sur de la II Región: De la suma de ambas cuotas globales: Hasta 500.000 toneladas, el 16% para el sector pesquero artesanal y 84% para el sector pesquero industrial. Entre 500.000 y 1.000.000 de toneladas al monto que le corresponde al sector artesanal en el tramo anterior se le sumará un 12% de la diferencia entre la cuota global de captura a fraccionar y las 500.000 toneladas y el remanente (88%) será para el sector pesquero industrial….» ; b) Jurel (Trachurus murphy) en el área marítima comprendida entre el límite norte de la XV Región al límite sur de la X Región, 10% para el sector pesquero artesanal y 90% para el sector pesquero industrial».

La Ley Longueira corresponde a la principal iniciativa de Piñera. Carlos Peña, rector de la UDP, se hizo del siguiente convencimiento: «El problema es que en el caso de la Ley de Pesca esas cuotas no se licitaron a cambio de un precio, sino que simplemente se entregaron a algunas empresas. Fue un perfecto regalo regulatorio, una pesca bíblica, milagrosa, en la que el Congreso cumplió el papel de Jesús y las empresas el de muchos Pedros agradecidos.».

Veinticuatro senadores en forma transversal -derecha y Nueva Mayoría- votaron a favor » Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, Escalona, Letelier, Espina, Frei (don Eduardo), García-Huidobro, García, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés). El único votó en contra del artículo 26A que otorgó este regalo regulatorio al 1% más rico de nuestro país fue el del ex senador Mariano Ruiz Esquide. Por otro lado, cuatro se escudaron en la abstención, mientras otros buscaron la forma para no estar presente.

Además ha habido una complicidad del Ministerio de Economía y la Subsecretaría de Pesca para que los recursos del sector industrial sean destinados a las fábricas de harina y aceite de pescado para la alimentación animal, y que lo mismo ocurra con lo que captura la flota semi industrial dueña de la cuota del sector artesanal , la que está integrada en un 100% al negocio de los primeros.

Aunque las cerca de 2 millones de toneladas de anchovetas, sardinas y jurel desembarcadas por año convierten a Chile en un país estratégico como fuente de materia prima para proyectos de industrialización y comercialización de alimentos saludables para el consumo humano, estos emprendimientos no son viables porque un grupo de corruptos se han encargado de hacerse de una ley para destinarlos en un 100% a sus negocios de alimentación animal.

Hoy un lote de emprendimientos de Pymes que apalancamos a los laboratorios de investigación de nuestras principales universidades y a profesionales de excelencia, y que trabajamos en proyectos de I+D centrados en ciencia, tecnología e innovación para el aprovechamiento de las propiedades funcionales que contienen nuestras anchovetas, sardinas y jurel. Per se nos niega el acceso a la compra de esos recursos, y ello nos impide convertirlos en productos para la alimentación saludable de las familias de nuestro país. Estos peces ricos en proteínas marinas son de alto valor nutricional para el consumo humano, con aminoácidos esenciales, péptidos bioactivos, vitaminas, omega 3 marino (DHA y  EPA), y que son ácidos grasos fundamentales en la nutrición infantil y adulta.

Se nos ha impedido contribuir a que Chile se encamine a un Desarrollo económico sustentable y se destaque como un país de avanzada tecnológica. Hasta ahora una veintena de empresas Pymes que procesábamos la anchoveta para el consumo humano fuimos llevados a la ruina por la complicidad de los empresarios con la Subpesca y los ministros de Economía Pablo Longueira ( gobierno Piñera) y ahora Luis Céspedes (gobierno Bachelet). Se nos ha hecho desaparecer como parte de la economía de nuestro país, y como fuente de empleo para miles de compatriotas.

Vale hacer presente que mientras España perfeccionaba y modernizaba la veintena de mercados de subastas donde se venden los productos  que se capturan a diario en los caladeros al frente de sus costas,  las leyes pesqueras Piñera conseguían imponer por ley que las cuotas de pesca en Chile se encuentren adquiridas antes de que se capturen por el 1% más rico del país. Es la razón por la que no existen mercados de subastas en Chile y que ninguna familia de nuestro país ni Pymes tengamos la oportunidad de tener  acceso a la abundancia de recursos pesqueros que se captura a diario al frente de nuestras costas. El resultado: España con mucho menos recursos pesqueros que Chile ha conseguido un consumo de 35 kilos per cápita para cada niño, joven y adulto de su país, mientras el modelo impuesto por las leyes Piñera ha perpetuado los 7  kilos per cápita, cifra de consumo que se mantiene sin variación desde hace décadas y ha sido reconocida por Pablo Galilea, el Subsecretario de Pesca de Piñera.

Mientras España ha recurrido a Centros de Innovación para agregar tecnologías de última generación y hacer más eficiente el garantizar la calidad de su diversificada oferta de productos del mar, con la que han  conseguido seguir aumentando el consumo de proteínas marinas de las familias españolas, nuestros senadores y diputados han decidido votar para que nuestras principales pesquerías se destinen a la alimentación animal.

El 1% más rico de nuestro país con inversiones en el Sector Pesquero, entre ellos la familia Piñera no pueden pretender que aceptemos que hayan modelado una Ley Longueira a su antojo para el control monopólico de nuestra riqueza pesquera para mantenerla anclada a sus industrias y hacerse cada día más  ricos a espaldas del bien común y de todo un país.

De no prosperar una modificación de fondo de la Ley Longueira y ley 20.560 el consumo de pescado seguirá siendo imposible la alimentación saludable de las familias de nuestro país. Aunque Chile tiene todo para garantizar lo anterior, los corruptos han cooptado la clase política y de esta forma nuestra institucionalidad.

Lo anterior es un obstáculo insalvable para los nuevos emprendimientos como lo fue el latifundio en su minuto y que postergó por décadas a nuestro país en su desarrollo agroindustrial y de la actual diversidad de explotación agrícola. Hoy cientos de nuevos emprendimientos con los que tenemos la oportunidad de elaborar productos de alta complejidad en el campo de la alimentación humana con nuestra riqueza pesquera país, pero no lo podemos hacer ya que se nos niega poder aportar a que nuestro país se encamine al desarrollo y a una economía inclusiva con visión de futuro que mejore la calidad de vida y el bienestar de las familias, niños y jóvenes de nuestro país.