Gestionar con sabiduría nuestra agua y territorio

*Escrita en coautoría con Daniela Manuschevich (vocera medio ambiente comando Beatriz Sánchez)

Desde hace 15 años se observa desde imágenes satelitales cómo las plantaciones de paltas de exportación crecen sobre los cerros de la V Región. Cerros que antes estaban cubiertos de matorrales nativos, adaptados a las condiciones áridas del centro-norte de Chile.

En paralelo, el gasto en camiones aljibes en la Región de Valparaíso ha aumentado diez veces en los últimos años. Entre 2010 y 2016 se han gastado más de $17 mil millones en camiones aljibes, generándose también un lucrativo negocio gracias a la escasez de agua. Si bien este gasto estatal, poco fiscalizado, permite a las familias contar con mil litros de agua (que reciben cada 15 días), estos muchas veces son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas de sanitización.

¿Cuál es la conexión entre estos dos hechos? Es que se han privilegiado actividades rentables en el corto plazo, por sobre la conservación del agua y el bienestar de las comunidades.

Chile es en extremo vulnerable al cambio climático. En esta línea, la escasez de agua será un problema cada vez más crítico.

Sería lo lógico, entonces, prepararnos para el cambio climático, gestionar con sabiduría nuestro territorio, plantar especies que requieran poca agua, y hacerlo en lugares apropiados.

Lo anterior requiere de dos estrategias que apunten a la cogestión del agua, fomentando técnicas y tecnologías a nivel doméstico, que permitan cosechar el agua y asegurar un suministro propio, pasando de la dependencia extrema de los camiones aljibes a entregar capacidades para las localidades de captar y gestionar su propia agua.

Además, se requiere con urgencia modificar la normativa que apunte realmente a que el agua sea un bien público resguardado y garantizado por el Estado, como ocurre en todo el mundo.

En este marco, desde el Frente Amplio proponemos lo siguiente:

1.- Proteger los derechos de agua de los grupos vulnerables. Con reconocimiento constitucional de los usos consuetudinarios y con otras medidas que protejan los derechos de indígenas y de pequeños agricultores.

2.- Proteger los requerimientos hídricos para los ecosistemas y servicios asociados. Los caudales ecológicos son insuficientes y afectan el funcionamiento de los ríos. Por ello, se requiere un sistema de información; recursos suficientes para control y fiscalización, generación de conocimientos y experiencia de los sectores públicos y privado y de la ciudadanía en general.

3.- Regular los mercados de aguas y mejorar el registro público de los recursos hídricos. Con transparencia de las transacciones y la formalización del mercado, problemas que afectan sus resultados.

4.- Hacer la gestión del agua subterránea más sostenible. La sobreexplotación está aumentando con la intensificación progresiva del uso del agua, especialmente para sectores habitados.

5. Profundizar en las medidas ya tomadas para asegurar la calidad del agua. Si bien hay avances, existe una disminución de la calidad de los cuerpos de agua, las zonas costeras y del norte. Se requiere afrontar la contaminación difusa agrícola y forestal que todavía no se controla y los impactos eventuales de los pasivos asociados a los residuos mineros, además de proteger los lagos costeros, los estuarios y las aguas subterráneas, muy vulnerables a la contaminación.

6.-Fomentar la cosecha de agua lluvia o de niebla. Existe la posibilidad de aprovechar los eventos climáticos con esta medida. Esto ayudaría a que las familias dispongan del recurso hídrico tanto para su consumo como para actividades de subsistencia.

Ni las familias de la V Región ni el cambio climático seguirán esperando, por lo que es fundamental proponer y avanzar en medidas concretas que disminuyan la vulnerabilidad de los territorios y comunidades, algo que requiere cambios políticos y técnicos.