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Justicia para cinco comuneros mapuche asesinados por la dictadura

Por: El Desconcierto | Publicado: 13.09.2017
Justicia para cinco comuneros mapuche asesinados por la dictadura mapuche-dictadura-720×440 | Imagen de contexto / mapuexpress
Ya cumplida su “valiente misión”, los carabineros dieron orden expresa a los familiares de todos los hogares que supieron de su repudiable presencia que apenas amaneciera debían darle sepultura a los muertos, sin cumplir los trámites de inscripción de defunciones ni ceremoniales de velatorios.

Sra. Directora:

En la madrugada del 8 de octubre de 1973 en el sector rural de Galvarino, entre la una y las cinco de la madrugada, se vivieron episodios represivos que tuvieron características racistas y de ensañamiento increíbles, protagonizados por una patrulla de carabineros de la tenencia de Galvarino en la provincia de Cautín. Esta patrulla se hizo acompañar en su misión represiva por un civil que les sirvió de guía e informante acerca de los lugares a visitar. Estos emisarios de la muerte llegaron a diferentes comunidades de los lugares Llufquentúe, Fortín Ñielol y La Serena.

Al primer hogar que arribaron fue al de Segundo Lepin Antilaf, a quien, en presencia de su esposa y su pequeño hijo de 2 años, lo sacaron de la casa maniatado y a golpes de pie y culatazos hasta un lugar cercano a la casa, donde procedieron a ejecutarlo con disparos de fusiles, dejando su cuerpo abandonado en el mismo sitio.

​El siguiente destino de la patrulla fue la casa de Heriberto Collío Naín, a quien dejaron gravemente herido en su propio hogar con varios impactos de fusil, a consecuencia de lo cual falleció momentos más tarde.

​Se retiraron del lugar los represores para continuar su periplo de exterminio dirigiéndose a la propiedad de Juan Nahuel Huaiquimil, sacándolo a golpes de su casa y en el patio de ella procedieron a ejecutarlo.

​Cumplida su misión de muerte allí, el grupo se encaminó al hogar de Julio Ñiripil Paillao, en la comunidad Huilcaleo y en un lugar cercano a la casa lo ejecutaron.

​La siguiente detención, cuando ya eran alrededor de las cinco de la madrugada, fue la casa de Víctor Llanquien Tropa, en la comunidad Chachallao, a quien golpearon brutalmente con palos y fusiles en el patio dejándolo abandonado gravemente herido. Se retiró la patrulla a beber a un lugar cercano para momentos después regresar a la casa y culminar su misión asesinando con tiros de fusil a Víctor Llanquien.

​Este episodio represivo vivido aquella madrugada del 8 de octubre de 1973 por cinco familias mapuche pobres que subsistían gracias a la chacarería y agricultura de auto sustento, tuvo varios elementos comunes. A todos los hogares a que arribó la patrulla, les manifestó a los familiares de las víctimas que “a los indios había que matarlos porque flojos y ladrones”; todas las víctimas fueron asesinadas en presencia de sus grupos familiares, siendo también ellos brutalmente reprimidos.

​Ya cumplida su “valiente misión”, los carabineros dieron orden expresa a los familiares de todos los hogares que supieron de su repudiable presencia que apenas amaneciera debían darle sepultura a los muertos, sin cumplir los trámites de inscripción de defunciones ni ceremoniales de velatorios. Temprano en la mañana todas las familias afectadas cumplieron dicha orden sepultando a sus víctimas en el cementerio de la comunidad en rústicos cajones fabricados por ellos mismos durante la noche.

Por este condenable episodio represivo el Ministro Alvaro Mesa, de la Corte de Apelaciones de Temuco llevó a cabo una exhaustiva y rigurosa investigación que le posibilitó esclarecer totalmente los hechos vividos en aquella ocasión e identificar plenamente a los integrantes de esa patrulla. Hace tan sólo algunos días concluyó su investigación dictando sentencias de primera instancia. Les impuso a los ex carabineros Manuel Sandoval Cifuentes, Felidor Morales Flores y Carlos Parra Rodríguez la pena de 20 años de presidio como autores de homicidios calificados; a Erasmo Fuentes Sepúlveda, 16 años de presidio, también como autor y a Gonzalo Soto Sandoval, Luis Ibacache Salamanca y Luis Araneda Gutiérrez, 5 años por su calidad de encubridores de estos delitos, con el beneficio de la libertad vigilada.

Como organismo de derechos humanos recibimos con satisfacción lo resuelto por el Ministro Mesa por la importancia que ello tiene para los familiares de las víctimas que durante décadas esperaron una respuesta así de categórica, pues da cuenta en plenitud de su legítima demanda de Verdad y Justicia, y porque termina con el manto de impunidad que cubrió estos crímenes durante décadas. El CINPRODH confía en que una vez agotadas todas las instancias procesales se concluya con la confirmación de estas penas, por cuanto se trata de crímenes de lesa humanidad.

​En este especial momento les reiteramos a los familiares de estas cinco víctimas nuestro respaldo y acompañamiento de siempre. También valoramos de manera destacada el desempeño que ha tenido el Ministro señor Mesa, el que se ha traducido en importantes logros en el plano de hacer justicia, que es las demanda fundamental del mundo de los derechos humanos y la superior forma de reparación a que aspiran los familiares de las víctimas. Del mismo modo reconocemos y valoramos el desempeño altamente eficiente y profesional de los integrantes de la Brigada Especial Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos de la PDI.

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