Amnistía Internacional por huelga de comuneros: «Hay un prejuicio, un ‘algo habrán hecho’ solamente por ser mapuche»

Este jueves, la directora de Amnistía Internacional, Ana Píquer, se refirió al caso de los cuatro comuneros mapuche que fueron trasladados a urgencias el pasado miércoles luego de 106 días en huelga de hambre y manifestó su preocupación por la manera en que el Estado ha conducido los juicios para enfrentar las situaciones de violencia en La Araucanía.

Píquer apuntó al uso de la Ley Aniterrorista y la mantención de prisiones preventivas muy largas –incluso en juicios que han terminado en absoluciones– y en conversación con Radio La Clave señaló que en ambas medidas existe una «aplicación aparentemente discriminatoria en relación al pueblo mapuche».

Los cuatro comuneros quedaron en prisión preventiva luego del relato de un testigo anónimo que los vinculó a la quema de una iglesia en Padre Las Casas en junio de 2016 –conocido como caso Iglesias–, y luego de un año y tres meses, aún no comienza el juicio. La abogada aclaró que sus reparos «no tienen que ver con negar los hechos de violencia sino con que la persecución de esos actos y los juicios tienen que seguir los estándares del debido proceso», y enfatizó que «una persona cuando va a juicio se le presume inocente, nosotros hoy día no sabemos si los cuatro comuneros que están en huelga de hambre cometieron realmente el delito que se les imputa«.

En el mismo sentido, Píquer explicó que «es importante que la prisión preventiva se mantenga como una medida excepcional porque si no lo que estás haciendo es mantener a una persona inocente presa y eso, desde la perspectiva de derechos humanos, es gravísimo».

La abogada además acusó que la defensa de los cuatro comuneros solicitó más de 15 veces la revisión de la prisión preventiva y que el análisis de los tribunales «fue muy escueto», debido a que se consideró «que el delito que se imputa es de carácter terrorista, que tiene asignadas penas muy altas, entonces dado que la pena es muy alta, esta persona debe ser un peligro para la sociedad y por lo tanto se mantiene presa».

Como el tribunal no consideró otros factores, como si hay peligro de fuga o el tiempo que ya llevan detenidos, ni tampoco otras medidas como el arresto domiciliario, Píquer señaló que «lo que está haciendo el tribunal en definitiva es prejuzgar».

Finalmente, la abogada acusó que «resulta al menos preocupante que la huelga haya tenido que llegar a los 100 días para que recién haya una reacción pública del gobierno».

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