Gestión Sostenible de los Bienes Comunes

Uno de las mociones programáticas que se está plebiscitando en el Frente Amplio (20 al 24 de septiembre) tiene relación con la gestión sostenible de los Bienes Comunes. Este es un desafío importante para las democracias del siglo XXI que quieren avanzar hacia un desarrollo sostenible que supere la lógica de las democracias neoliberales de las últimas décadas.

Hay determinados bienes de consumo que son privados y pueden ser regulados en el mercado, bajo la ley de oferta y demanda, y según la capacidad adquisitiva de los consumidores. Sin embargo, hay otros bienes que no deben ser propiedad privada, ya que no son de nadie en particular, sino que deben ser de todos, las actuales y futuras generaciones.

Son esos Bienes que denominamos Comunes, de todos y de nadie en particular, en los que tenemos que explorar alternativas público-comunitarias para gestionarlos colectiva y sosteniblemente. El debate acá no es sólo entre cuánto mercado y cuánto Estado, cuánta privatización o cuánta burocratización incorporamos. Eses es un debate propio del siglo XX.

Debemos avanzar hacia las miradas democratizadoras del siglo XXI que no sólo buscan des-mercantilizar derechos sociales (Salud, Educación, Seguridad Social) para que el Estado Social recupere un rol protagónico en la provisión de estas políticas públicas, sino que también buscan incorporar activamente a las comunidades y organizaciones sociales, sin fines de lucro, para que en alianza con el Estado puedan gestionar los Bienes Comunes.

Esto permite incorporar dinámicas de transparencia y rendición de cuentas, gestión participativa, mediación y resolución de conflictos, trabajo colaborativo, servicio comunitario, orientación al bien común. Esto en contraste con la lógica privatizadora y mercantil, donde se privilegia la competencia, el afán de lucro y maximización de rentabilidad, trabaja precario, explotación de las personas y ecosistemas, despojo territorial a las comunidades, especulación financiera. O bien, la lógica Estatal-burocrática, donde pueden primar dinámicas de cooptación política, corrupción, financiamiento ilegal de campañas, clientelismo político en las relaciones con la comunidad.

Algunos ejemplos nacionales, y significativos para la V Región, tales como el agua con la acumulación privada de derechos de otorgamiento con lógica especulativa están generando reducción significativa del recurso hídrico en muchos territorios; el mar con la corrupta ley de pesca aprobada para beneficiar a 7 familias y a los principales grupos económicos propietarios de la gran industria pesquera que están sobre-explotando el recurso marino, dejando en la precariedad a los pescadores artesanales, amenazando así la soberanía alimentaria de todo un pueblo que debería alimentarse equilibradamente con los recursos marinos en un país con gran extensión costera; la agroindustria exportadora v/s la agroecología, la agricultura familiar campesina y los circuitos locales cortos con lógica de Comercio Justo y desarrollo local. Dan muestra de la necesidad de explorar alianzas pública-comunitarias para la gestión colectiva y sostenible de los Bienes Comunes. El rol que puede jugar la Economía Social y Solidaria, con políticas públicas de fomento, con el reconocimiento jurídico de este sector y con adecuados incentivos para su desarrollo, puede contribuir enormemente a superar la lógica neoliberal imperante y avanzar hacia una agenda sustantiva de Desarrollo Sostenible.