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La votación de este domingo será el tercer intento que el independentismo catalán impulsa para medir su fuerza, que empezó a crecer en 2010 tras un veto del Tribunal Constitucional a un nuevo Estatuto para la región.
Las páginas y secciones de Internacional y Mundo de los periódicos se han llenado en los últimos días de artículos y columnas sobre el conflicto entre Cataluña y el Estado español, que llega a su clímax a medida que se acerca el día D, este domingo 1 de octubre.
Pero ¿qué ha llevado al pueblo catalán a desafiar al gobierno conservador de Mariano Rajoy hasta este punto? ¿Por qué esta región se siente tan alejada del Estado en el que -por ahora- sigue inserida? ¿Cuáles son las raíces de la problemática actual?
Cataluña, ubicada al noreste de España, es una de las 17 regiones del país, donde viven 7,5 millones de habitantes. Su aporte al Estado central es de un 19 por ciento del total del PIB de España, es decir, una quinta parte del total, y ha estado a la vanguardia del desarrollo económico español desde la Revolución Industrial. En Barcelona, la capital regional mundialmente conocida por su vida moderna y cosmopolita, viven 1,5 millones de personas.
Cataluña posee una identidad propia fuertemente arraigada al territorio, con su cultura, lengua -el catalán- e historia. De hecho, en los episodios más grabados en la memoria colectiva destaca la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura del general Francisco Franco, quien reprimió muchas libertades civiles y suprimió el uso del catalán, cuyo uso ya estaba muy minorizado.
Tras la muerte del dictador, en 1975, llegó una transición a base de pactos y amnistías para todas las partes que permitieron crear un Estado descentralizado pero no formalmente federal y redactar la Constitución de 1978, vigente hasta el día de hoy.
La nueva estructura administrativa de España otorgó a las regiones del país cierta autonomía política pero, la demanda de más autogobierno ha sido una constante de los catalanes y las catalanas, que en 2010 vieron como se esfumaba su gran oportunidad.
En 2003, el entonces líder de la oposición al frente del Partido Socialista (PSOE), José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió a respaldar una reforma del Estatuto que el Partido Socialista catalán quería impulsar en caso de resultar vencedor de las elecciones parlamentarias que aquel año se convocaron. Los socialistas de la región ganaron y su gobierno impulsó un nuevo Estatuto que fue aprobado, en 2005, por 150 votos a favor y 15 en contra. También los diputados y diputadas del Congreso español avalaron el texto, que luego refrendó la sociedad catalana con un 72,3 por ciento de apoyo.
En 2010, y después de cuatro años en vigor, el Tribunal Constitucional declara inconstitucionales los puntos más controvertidos del texto tras un recurso presentado por el Partido Popular. El fallo de la Justicia fue interpretado por la sociedad catalana como una supresión de sus decisiones y de las de sus representantes políticos. Un millón y medio de personas salieron a las calles para rechazar el veredicto. Era la primera gran movilización independentista hasta la fecha.
En este punto confluyeron las crisis económica y social, representada en las protestas del 15-M que reclamaban «democracia real» en contra de vieja política impregnada de prácticas corruptas y cada vez más distanciada de las demandas de la sociedad. A ese quiebre se unen el que sería el preludio de la crisis territorial posterior. Varios municipios catalanes impulsaron una consulta popular sobre la independencia, respondiendo a la pregunta: «¿Está usted a favor de que Cataluña sea un Estado soberano, social y democrático?».
Desde 2012, cada 11 de septiembre, Diada de Cataluña, las movilizaciones masivas y pacíficas se han ido sucediendo con lemas y consignas referidos al «Estado Propio», al referéndum y a la independencia. Las protestas en Barcelona han sido de las más grandes en la historia de Europa.
El apoyo de los independentistas fue creciendo hasta que en noviembre de 2014 la región ya celebró una consulta no vinculante que la corte constitucional declaró ilegal pero que no fue obstaculizada por el gobierno central ni la policía.
En aquella ocasión 2,2 millones de votantes, de un censo de más de cinco millones, participaron y cerca del 80 por ciento estaban a favor de la independencia. El gobierno del PP, encabezado ya entonces por Mariano Rajoy, desestimó el resultado, afirmando que la elección había sido ilegal y señaló que la mayoría de los catalanes ni siquiera había votado.
Sin embargo, Madrid castigó a los responsables con un proceso judicial por su papel en la organización del voto. Artur Mas, el anterior presidente de Cataluña, y otros altos cargos, fueron multados en marzo de este año y se les prohibió desempeñar cargos político durante unos años.
La segunda votación determinante para los catalanes tuvo lugar en septiembre de 2015, con unas elecciones autonómicas convocadas en clave plebiscitaria a favor y en contra de la independencia. La coalición de centro-izquierda Junts pel Sí (Juntos por el Sí) y los anticapitalistas de la CUP sumaban la mayoría absoluta de escaños -no en votos- en el Parlamento catalán. Su poder en la Cámara se tradujo en el diseño de una hoja de ruta que, pese a varias modificaciones en el camino, terminó planteando un referéndum de independencia para el próximo 1 de Octubre.
«¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?». Es la pregunta que deberán responder los participantes de la jornada del domingo. El reto y la gran incógnita es si la ciudadanía catalana sigue con tanta fuerza como para superar, en un ambiente hostil y de amenaza constante del gobierno español, las cifras conseguidas en la primera consulta. Ese sería el gran paso -y quizás el único- para demostrar su fuerza ante los pares del resto del país y la comunidad internacional, que hasta ahora decidió mirar hacia otro lado.
