El soberanismo en Cataluña: Entre la dignidad del pueblo y la represión del Estado

En Cataluña se está viviendo, en el marco del actual proceso soberanista, una situación política excepcional. El pasado domingo 1 de octubre, fecha escogida por el gobierno catalán para celebrar el referéndum de autodeterminación, se vivió la enésima anomalía democrática proveniente del Estado español. Esta, tanto por su forma como por su fondo, ha marcado un punto de inflexión que requiere de una reflexión profunda.

Empecemos tratando de situar la jornada mencionada en un contexto más amplio. ¿De dónde parte el movimiento soberanista en Cataluña? Para contestar a esta pregunta podríamos mirar hacia atrás y remontarnos, por ejemplo, a las expresiones que surgieron desde la lucha antifranquista. La necesidad de concisión nos hace, sin embargo, situarnos en los últimos años, los cuales han sido los de mayor aceleración política. Podríamos situar la eclosión soberanista en el año 2012, cuando se crea la Asamblea Nacional de Cataluña y se lleva a cabo la primera manifestación de la diada nacional catalana de corte netamente independentista. Desde esa movilización se han ido sucediendo otras tantas, todas ellas reivindicando de forma extraordinariamente masiva el derecho de autodeterminación.

¿Qué debería destacarse de todo este proceso que ha durado ya más de cinco años? Podrían mencionarse cuatro pilares fundamentales: la no-violencia como método de transformación, la participación popular masiva como base estructural, la unidad como principio estratégico-organizativo elemental y la solidaridad como forma de relación en el ámbito de lo social. Más allá de los factores exógenos –debilidades del Estado español, por ejemplo– estos cuatro elementos han sido y siguen siendo la base edificante y constructiva del proceso soberanista.

La respuesta del gobierno español ante toda esta evidente muestra continuada de desafección ha sido la de pasividad absoluta en cuanto a lo propositivo, lo cual ha alimentado la necesidad de buscar otras soluciones políticas. Estas han ido apareciendo y construyéndose hasta el punto de tener mayoría independentista en el Parlamento de Cataluña, la cual cosa ha permitido trabajar en lo que debería haber sido la solución definitiva: un referéndum vinculante que dirima la cuestión y de respuesta al conflicto desde una posición absolutamente democrática.

Como cabía esperar, sin embargo, Cataluña no encontró en el gobierno español al interlocutor que buscaba cuando hizo el planteamiento, de forma que decidió proceder de forma unilateral en la convocatoria del referéndum. Es en este punto cuando el Estado ha pasado de la pasividad propositiva a la acción represiva basada en la judicialización del proceso. España, todavía con importantes dejes demofóbicos, ha sido incapaz de gestionar políticamente una situación que le ha desbordado por completo.

El acercamiento al 1 de octubre ha ido hiperbolizando esta situación represiva hasta puntos ciertamente preocupantes que se han vivido en las últimas semanas: sirva como ejemplo la detención de cargos públicos, el asedio a sedes de partidos políticos sin orden judicial, la prohibición de actos políticos o el exhaustivo registro de sedes del gobierno catalán. Es así como se llegó al referéndum del pasado domingo: sorteando las acometidas de un Estado español empeñado en criminalizar la expresión democrática. Ante todo esto la ciudadanía de Cataluña ha reaccionado como hasta la fecha: exhibiendo músculo social a través de movilizaciones populares continuas y pacíficas que han reivindicado el derecho a expresarse democráticamente.

El pasado viernes, ante la orden del gobierno español para que la policía cerrara los colegios electorales, la ciudadanía decidió ocuparlos masivamente para garantizar así la apertura de los espacios el día de la votación. Fue de este modo, con muros de personas en cada uno de los centros de votación para evitar la incursión de la policía, como amaneció el domingo 1 de octubre. Del resto del día cabe destacar dos elementos principales y diametralmente opuestos: por un lado la vergüenza de la represión violenta de la policía española; por otro, la capacidad de la ciudadanía para dar respuesta a su principal aspiración: llenar las urnas de papeletas.

Del primer aspecto cabe incidir en la absoluta desproporción de una policía que actuó de forma indiscriminada e injustificada contra la gente que resistía pacíficamente. El día estuvo repleto de operativos con cargas violentas en numerosos colegios electorales que dejaron escenas realmente espeluznantes –ataques a personas ancianas, por ejemplo– impropias de un Estado democrático y de derecho. El saldo definitivo fue de más de ochocientos heridos, algunos de los cuales tuvieron que ser hospitalizados. ¿Acaso puede la confiscación de urnas justificar o dar sentido a un nivel tan elevado de tensión y de vulneración del derecho a la integridad?

Contrastando con esto está, como venía diciéndose, la dignidad de las personas que se organizaron para reivindicar sus derechos y resistieron a las acometidas colectivamente, consiguiendo en muchos casos el objetivo propuesto. Al grito de “las calles serán siempre nuestras” y “¡votaremos!”, cientos de personas se mantuvieron a lo largo de todo el día en las puertas de los colegios electorales para asegurar y proteger el derecho al voto. La sana rebeldía llenó una vez más las calles sabiendo que ante la fuerza violenta y la represión, la única receta posible es la solidaridad y la organización colectiva.

El resultado de la jornada fue, por lo tanto, agridulce para la gran mayoría de los catalanes. Pese a la movilización sin precedentes y el objetivo de tener centros abiertos para votar, la realidad es que muchas urnas fueron sustraídas y las garantías democráticas no estuvieron garantizadas por culpa del continuo empeño del Estado.

Ahora, que pese a ser un acontecimiento reciente tenemos ya una cierta perspectiva, cabe preguntarse: ¿cómo puede el pueblo catalán continuar reivindicando sus aspiraciones de autodeterminación de una forma contundente y efectiva? Parece evidente que la respuesta, una vez más y más allá de lo que hagan las instituciones, está en la calle. La mejor garantía para avanzar en el derecho a decidir es seguir construyendo legitimidades mediante la acción colectiva para desbordar –más si cabe– las estructuras represivas del Estado. Como dice el grupo Obrint Pas en una famosa canción muy utilizada estos últimos días: “no podrán nada frente a un pueblo unido, alegre y combativo”.