Ni corrupto, ni ladrón: Actual situación política en Guatemala

Cuando llegué a Guatemala, a un día del gran paro del 20 de septiembre, me dijeron varias personas que llegábamos en un momento crucial para el país, de mucha agitación social. Y sí, el país estaba indignado tras la votación de 107 diputados para reformar una ley del código penal que eximía a los secretarios generales de los partidos políticos de la responsabilidad del financiamiento electoral ilícito pues la responsabilidad penal recaería sobre el contador. Y claro, debía ser con principio retroactivo para que nadie quedara fuera del beneficio. Además, acordaron permitir pagar una multa para evitar la prisión en los delitos de hasta 10 años, lo que dejaba sin pena de cárcel a más de 400 delitos, un 89% del total contemplado en el sistema penal guatemalteco. De no creer.

La ciudadanía lo llamó #PactoDeCorruptos y, según la Procuraduría de Derechos Humanos, movilizó a más de 200 mil personas en todo el país. El llamado fue a expresar el repudio ante estos hechos y exigir la depuración de la clase política. Como parte central de las demandas figuraba además el despojo de la inmunidad al presidente Jimmy Morales para que sea investigado por las acusaciones que le realiza el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Como es posible suponer, una gran parte del congreso que se cuida las espaldas, también se las cuida al presidente y por segunda vez, al día siguiente de esta movilización, votaron para protegerlo y no quitarle esa inmunidad.

Aquí la cosa se transforma en una novela. James Ernesto Morales Cabrera, quien cambió su nombre legalmente en 2011​ a Jimmy Morales, y que fue electo en 2015, es un reconocido comediante, famoso por participar en el programa “Moralejas” por más de quince años. Paradójicamente produjo e interpretó a un presidente en su última película “Un presidente de a sombrero”. De tener una aprobación del 82%, porque era un nombre nuevo en política y lejano a la corrupción ya destapada por la CICIG, que provocó la renuncia del presidente anterior Otto Pérez, pasó a menos de un 19% en un año, según datos publicados por el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Qué pasó?

En enero de 2017 uno de los hermanos mayores y asesor de Morales, Samuel «Sammy» Morales (su compañero de escena en “Moralejas”), fue arrestado por corrupción y blanqueo de capitales junto con uno de los hijos del Presidente, José Manuel Morales. La CICIG, que comenzó a operar en 2007 tras el acuerdo de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala para combatir la corrupción, destapó este caso llamado “Botín Registro de la Propiedad”, donde se les acusa del delito de fraude de forma continuada. Son sindicados de haber participado en tres adjudicaciones públicas en el Registro de la Propiedad en 2013 por un valor de más de 200 mil quetzales, lo que equivale a más de 17 millones de pesos chilenos. Y todo comenzó por la denuncia de la Contraloría General de Cuentas por 564 desayunos que nunca se sirvieron.

Hasta ahora Jimmy solo aparece dando declaraciones de su compromiso con la justicia y con la patria a pesar del difícil momento que está pasando su familia. Pero en agosto de este año ya eran cinco las investigaciones penales dirigidas por el Ministerio Público y la CICIG relacionadas con allegados del presidente. El círculo se va cerrando.

Es en ese mes cuando ambas instituciones piden un antejuicio por financiamiento electoral ilícito de 6.7 millones de quetzales (cerca de 580 millones de pesos chilenos) que no fueron reportados por el Partido Frente de Convergencia Nacional, de derecha, al Tribunal Supremo Electoral. Esto habría ocurrido en la campaña en 2015, en la cual Morales fue candidato presidencial y, en su calidad de secretario general de la organización, lo hace responsable ante la ley. ¡Bingo! justo lo que el congreso quería cambiar.

Y Morales, que se enorgullecía de su eslogan de campaña “Ni corrupto, ni ladrón”, cae en la desesperación y en una pataleta dos días después de conocer la investigación en su contra y la solicitud de quitar su inmunidad. Entonces anunció la calidad de persona “non grata” al comisionado de la CICIG, el colombiano Iván Velásquez, figura clave en la revelación de varios casos de corrupción desde 2015, y solicita su retiro del país inmediatamente. Esto, pese a que como presidente había dado su apoyo a dicha organización, claro, antes de que tocaran a su familia. Pero no contaba con la astucia de la Corte de Constitucionalidad quien suspendió su decisión por no actuar en la legalidad.

Sin embargo, el gobierno de Morales sigue poniéndosela difícil a Velásquez pues acaba de revocarle la visa que le entregaran el 4 de octubre porque supuestamente la solicitud no fue formulada por la persona competente ni los canales correspondientes. Raro, porque antes ya había hecho el trámite de la misma manera. El jefe de la CICIG volvió a solicitarla y tiene hasta el 19 de este mes para renovarla, cuando se vence su actual documento. Pero esto no significa que debe dejar el país.

Luego de este incendio a mediados de septiembre, varios ministros presentaron su renuncia y a inicios de octubre otra marcha ciudadana exigía la dimisión del presidente para que pueda ser llevado a la justicia. Sin embargo, sus ministros desistieron y aún se mantienen en este barco que está a punto de hundirse, aunque con tanques de oxígeno y flotadores emanados del congreso.

El punto a favor en este balance de la actualidad guatemalteca es que la presión social sí se dejó sentir y los diputados que esperaban haber votado la gran fórmula para minimizar las penas de sus delitos de corrupción, vieron su plan desmoronarse cuando la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional y suspendió el trámite de los decretos por considerarlos una seria amenaza para el sistema judicial guatemalteco. Hay esperanza.