Movilizaciones en todo Cataluña para reclamar la libertad de los presos políticos por presunto delito de «sedición»

Unas 200.000 personas, según la policía local, se congregaron al centro de Barcelona para exigir la libertad de los dos líderes independentistas que este lunes fueron enviados a la prisión de Soto del Real de Madrid. 

Este lunes, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dictó la medida para los dirigentes de Òmnium, Jordi Cuixart, y la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, bajo una medida cautelar de prisión provisional por un presunto delito de sedición.

En la movilización, que ha llevado a la calle a otro miles de ciudadanos en al menos 12 ciudades de Cataluña, los concentrados encendieron velas y mostraron carteles con la palabra ‘libertad’ y ‘Help Catalonia’.  Tras varios momentos de silencio, la marcha terminó con unas palabras de los nuevos líderes que tomaron el relevo de los encarcelados: el vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro, y el portavoz de Òmnium, Marcel Mauri, quines calificaron a sus predecesores como «rehenes del Estado español».

«Estamos jodidos pero determinados a acabar la revolución democrática que hemos empezado», aseguró Mauri. Y agregó: «Ni tan solo el franquismo se atrevió a meter al presidente de Òmnium a la cárcel». El acto se cerró con la lectura de un manifiesto que reclamó la puesta en libertad «inmediata» de Sánchez y Cuixart, exigió justicia y llamó a Europa a fijarse en la vulneración de derechos humanos

Las concentraciones masivas, convocadas por las propias entidades y apoyadas por el gobierno catalán volvieron a las calles después de dos semanas de relativa tranquilidad en lo referente a la movilización social. Sin embargo, los últimos acontecimientos precipitaron la agenda de protestas de los independentistas, que tienen su próxima cita el próximo sábado también para pedir la libertad de ambos líderes.

Miles de personas rechazan en #Barcelona y en toda #Catalunya la represión del Gob. #Rajoy #España y en solidaridad con #SanchezCuixartTV3 #LlibertatJordis #LlibertatPresosPolitics
No podrán derrotaran a éste pueblo pacífico y democrático! #HolaRepublica pic.twitter.com/XNS0WTLWyg

— Manel Márquez (@manelmarquez) 17 de octubre de 2017

La magistrada señaló que, durante las protestas del pasado 20 y 21 de septiembre, ambos líderes se alzaron como «los principales promotores y directores» de las protestas «manteniéndose al frente de las mismas durante todo el día». Esa no era una protesta pacífica, sino que buscaba la «protección» de los altos cargos e instituciones catalanes afectados por la operación policial.

Los responsables de la policía regional (Mossos d’Esquadra) también declararon ante la misma jueza, sin embargo fueron puestos en libertad con medidas cautelares porque, en su caso, Lamela no vio riesgo de reiteración delictiva. No piensa lo mismo de los dirigentes independentistas, de quienes sospecha que «vienen operando dentro de un grupo organizado de personas» llevando a cabo una serie de acciones encaminadas a «lograr fuera de las vías legales la independencia de Cataluña frente al resto de España en un proceso que todavía se encuentra en marcha».

«Construir» un delito

La Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) criticó este martes que la jueza Carmen Lamela «construyó» un nuevo delito «diferente del legal» que consiste en el delito de sedición con «alzamiento tumultuario pacífico», pero igualmente delictivo «si persigue una finalidad política no prevista en la Constitución vigente».

Según los abogados, el encarcelamiento de Sánchez y Cuixart «no se ajusta al derecho» por varios motivos. Consideran que el delito de sedición no tiene que ser juzgado en la Audiencia Nacional de Madrid, sino en los juzgados de Barcelona porque se trata de un delito de orden público. La Comisión recuerda que los delitos contra la forma de gobierno no están previstos dentro del Código Penal actual y sólo en el Código Penal de 1973 -vigente durante la dictadura franquista- se justifica que se incluya la sedición contra el gobierno establecido.

Bajo ese argumento, el ICAB considera que se está haciendo una «distorsión del derecho vigente» y aplicando el «derecho penal del enemigo» para vulnerar los derechos y libertades de reunión, manifestación, expresión y participación política.