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Caso Caval: Fiscalía pide pena de cuatro años de prisión para Natalia Compagnon

Por: El Desconcierto / Publicado: 20.10.2017
Como las penas solicitadas son menores a los cinco años, Compagnon y su socio Mauricio Valero podrían optar por cumplir sus condenas en libertad. Quien sí arriesga cárcel efectiva es el síndico Hermann Chadwich, para quien se solicitaron cinco años y un día, y la condición de que nunca más sea síndico de quiebras.

Al mediodía de este viernes, los fiscales Emiliano Arias y Sergio Moya presentaron ante el Tribunal de Garantía de Rancagua la acusación por la arista principal del caso Caval, que indagó en las irregularidades en la compra y venta de los terrenos en Machalí por parte de la empresa de la que la nuera de la Presidenta, Michelle Bachelet, es socia, y de este modo se cerró el proceso de investigación.

“El ministerio público actúa con independencia e independientemente del parentesco de las personas”, declaró el Fiscal Regional de O’Higgins, Emiliano Arias, con respecto al actuar del Ministerio Público.

En la acusación, se solicitaron cuatro años de cárcel para Natalia Compagnon por delitos tributarios de “declaraciones maliciosamente incompletas o falsas utilizando facturas falsas”, y para su socio, Mauricio Valero, tres años y un día por el ilícito de soborno y 541 días también por delitos de índole tributaria. Sin embargo, como las penas solicitadas son menores a los 5 años, ambos imputados podrían optar por cumplir sus condenas en libertad.

Quien sí arriesga una pena efectiva de cárcel es el síndico Hermann Chadwich, para quien se pidieron cinco años y un día por declaraciones maliciosamente incompletas, omisiones maliciosas de declaración de impuestos, ventajas indebidas y además se solicitó la condición de que nunca más sea síndico de quiebras.

En total, el Ministerio Público presentó acusación en contra de 10 imputados, donde además se encuentran los nombres de Juan Díaz, Cynthia Ross, Jorge Silva Menares y Marisol Navarrete, entre otros.

Además, se solicita una multa de más de 2.000 millones de pesos para la empresa Caval y la pérdida de  beneficios fiscales y la prohibición de cinco años para que el Estado contrate servicios.

A la salida del trámite, el fiscal Emiliano Arias declaró que “tenemos convicción de que las personas van a ser condenadas”.

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