Venezuela: Los papelones de Luis Almagro y Heraldo Muñoz

El pueblo venezolano no deja de sorprender, y los «analistas» siguen sin entender. Patricia Janiot, la reportera política estrella de «CNN en Español» no puede creer que después de tres años de crisis virulenta -una guerra económica sin precedentes- el pueblo venezolano reaccione con la cabeza y el corazón, en lugar del estómago.

Para ella, y para Luis Almagro, el Secretario General de la OEA, o para Heraldo Muñoz, el canciller chileno, la única explicación posible debe ser el fraude. El problema es cómo sustentar tal hipótesis, y a falta de pruebas, nada mejor que la acusación gratis: una dictadura no pierde elecciones, y el «asilo contra la opresión», un verso del himno nacional chileno.

Curiosamente, tanto Almagro como Muñoz son beneficiarios políticos directos de resultados electorales obtenidos tras negociar pactos con dictaduras terroristas de Estado: el referéndum de 1984 en Uruguay, y el de 1988 en Chile. En ambos casos, el pacto incluyó garantizar la impunidad a los genocidas. Ambos son parte de esa corriente política camaleónica que aprendió de las dictaduras que es mejor jugar con las reglas del adversario que seguir luchando por una sociedad justa a cualquier precio.

Tejado de vidrio (o rabo de paja)

En Chile, el Gobierno, la Fiscalía y las policías civil y militarizada lanzaron hace un mes la «Operación Huracán», un vasto operativo para arrestar simultáneamente a ocho dirigentes mapuche, allanar sus moradas y las de sus familiares y amigos, y acusarlos de asociación terrorista, por incendios de camiones de empresas forestales. El viceministro socialista del Interior, Mahmoud Aleuy, se hizo responsable de todo.

Mientras en Argentina se buscaba al joven desaparecido Santiago Maldonado, las autoridades chilenas daban sustento a los infundios de sus colegas argentinas acerca del papel del joven asesinado en un supuesto tráfico de armas entre mapuche argentinos y chilenos. Aleuy incluso viajó vistosamente a Buenos Ares a reunirse con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El jueves 19 de octubre, la Corte Suprema chilena decretó la libertad inmediata de los detenidos, y consideró ilegales las detenciones. En los términos más duros posibles, repudió la actuación de los jueces de la Corte de Apelaciones de Temuco por decidir la prisión de ciudadanos con base en pruebas febles, como interceptaciones de mensajes WhatsApp entre teléfonos no identificados.

Esto, cuando en Argentina se encontraba de pronto el cadáver maltrecho de Maldonado.

En el exacto instante en que todo esto ocurría, el Canciller chileno acudía personalmente a rendir homenaje a cuatro «magistrados» venezolanos que se habían refugiado en la embajada chilena tras ser acusados por usurpación de cargo público. Esto, tras aceptar una nominación ilegal efectuada en la calle, en julio, durante el apogeo de las guarimbas y los llamamientos de la mayoría opositora de la Asamblea Nacional a la formación de un gobierno paralelo.

Paradójico que Chile y la OEA reconozcan el título de magistrados supremos a estas personas, mientras nadie en Venezuela, ni siquiera quienes los designaron, les reconoce ya esa categoría.

Y mal que le pese a algunos, las acciones de Muñoz representan -como lo dijo él claramente- a la presidenta Michelle Bachelet y a quienes están en su Gobierno, y no solamente al Canciller, como aseguran quienes buscan salvar su corresponsabilidad en estos papelones.

Pero no es sólo Chile. Ampliamente difundidas han sido las imágenes contrastantes de la democracia española agrediendo a los catalanes que querían votar, frente a la dictadura chavista tolerando plebiscitos ilegales (16 de julio) y con un récord de 22 elecciones en 18 años.

Resultados

El 15 de octubre pasado, 54 por ciento de los votantes venezolanos votó por el chavismo. Sitiados y amenazados. El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) obtuvo 18 de las 23 gobernaciones estadales (Venezuela es una república federativa). La participación electoral fue de 61,4 por ciento, la más alta en la historia de las elecciones regionales. El chavismo obtuvo casi un millón de votos más que en los comicios de 2015, cuando la derecha ganó ampliamente las elecciones parlamentarias. La derecha, a su vez, obtuvo dos millones menos que en 2015.

Ocurrió un fenómeno inverso al de 2015, cuando los chavistas, molestos con sus dirigentes, no fueron a votar.

La oposición venezolana ha reclamado fraude en todas las elecciones que ha perdido: 20 de 22. Sin embargo, pasado el escándalo, obtenidos los titulares, y a falta de evidencia alguna, siempre termina por acatar los resultados y participar en la siguiente elección, regulada por el mismo denunciado Consejo Nacional Electoral -poder estatal autónomo-, porque saben que el fraude en Venezuela es extremadamente difícil, si no imposible.

Estos comicios no son la excepción, pero ahora el debate de la derecha no es ya acerca del fraude, sino sobre si aceptar o no la autoridad de la Asamblea Nacional Constituyente en ejercicio, elegida el 30 de julio, para juramentar a sus cinco gobernadores. Autoridad que ya acataron, por cierto, al concurrir a los comicios que convocó, precisamente, la ANC.

La derecha obtuvo triunfos importantes en cinco estados: Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta, Táchira y Zulia. De ellos, cuatro son estratégicos: Anzoátegui, en el oriente del país, contiene importantes recursos petroleros, al igual que Zulia, en el extremo occidental. Táchira y Zulia son fronterizos con Colombia. Táchira y Mérida son importantes productores de alimentos. Juntos, Zulia, Táchira y Mérida conforman una «medialuna» territorial fronteriza que muchos temen pudiera ser el gérmen de un intento secesionista o de «territorio liberado», en conformidad con los planes golpistas.

De los cinco estados, sólo uno -Zulia- cayó en manos de uno los partidos de derecha neoliberal surgidos durante la hegemonía de la Revolución Bolivariana (Primero Justicia). El otro, Voluntad Popular, se quedó sin sustento. El gran ganador resulta ser Acción Democrática, con cuatro gobernaciones, y en especial su añoso líder, Henry Ramos Allup, quien se perfila como candidato presidencial para 2018.

Muy significativamente, después de casi diez años de control opositor, el chavismo logró recuperar el estado Miranda, en que se asienta la mayor parte del área metropolitana de Caracas, entre ellos Petare, el barrio popular más grande del país, y los municipios más ricos y virulentamente opositores.

También logró mantener el control de los estados Bolívar, Carabobo y Aragua, y recuperar Lara, todos centros industriales neurálgicos.

Ante esta realidad, fue precisamente Ramos Allup quien exigió al jefe de la OEA, Luis Almagro, que deje de interferir en la política interna de Venezuela, después de que el ex canciller y miembro del Frente Amplio del Uruguay reprochara a la oposición el haber participado en los comicios, en lugar de continuar con la política de sublevación, violencia y golpismo promovida sin éxito entre marzo y julio de 2017. El saldo fue de más de cien personas muertas y centenares de heridos graves. De ellos, 29 fueron quemados vivos por parecer chavistas (pobre y de piel obscura), y nueve fallecieron.

La vieja política y el «fraude»

Ramos Allup fue parlamentario, participante de la llamada Cuarta República, dominada por AD y el partido socialcristiano COPEI desde los años 60, y que terminó cuando Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales en 1998 y promovió una nueva Constitución Bolivariana, aprobada en 2000.

Con Ramos, AD y su vieja política populista y anticomunista renacen de las cenizas, y sepultan por ahora a la llamada «generación Play Station»: los -más o menos- jóvenes dirigentes de la extrema derecha neoliberal como Freddy Guevara, Luis Requesens, Delia Solórzano, Daniel Pizarro, Leopoldo López, María Machado, Henrique Capriles y otros, todos activos promotores de la violencia (las «guarimbas») de 2013, 2014 y 2017, y a quienes sus bases hoy repudian por haber negociado con el Gobierno mientras mandaban a los suyos a encender la calle con la promesa de una salida rápida, la «hora cero» que nunca llegó.

Todos ellos, incluido Ramos Allup, gritaron «fraude» cuando el resultado electoral los golpeó en la cara el 15 de octubre. Ellos esperaban un resultado inverso: victoria opositora en al menos 16 gobernaciones. No para nada habían promovido la destrucción de la economía nacional, sanciones internacionales, desabastecimiento; en fin, la desesperación cotidiana que tan buenos resultados dio en Chile en 1973, cuando fue derrocado el presidente Salvador Allende.

Como en otras ocasiones, anunciaron la inminente presentación de «pruebas». Una de sus voceras, Liliana Hernández, dijo primero que habían perdido contacto con 30 por ciento de sus testigos electorales, insinuando secuestros, un argumento que cayó cuando el Gobierno publicó la totalidad de las actas de mesas, todas con las firmas de los testigos opositores.

Además, el presidente Nicolás Maduro los madrugó, al ordenar la misma noche del 15 de octubre una auditoría del 100% de las actas.

Apareció luego el diputado Freddy Guevara diciendo que el fraude había ocurrido de un modo misterioso y sofisticado «antes» de las actas. Un proceso tan complejo que sólo expertos norteamericanos (of course) podrían auditar. Esto le generó un aluvión de críticas en las redes sociales, por parte de los propios opositores, agotados ya de tantas piruetas. Muchos recordaron el «hacker ruso» inventado en 2004 cuando Chávez ganó 60-40 un referendum revocatorio, un genio que robaba los datos en el tiempo de transmisión, los enviaba a Cuba y regresaba luego alterados. Todo en fracción de segundos.

Tres días después de los comicios, ya nadie discute seriamente el fraude, excepto Luis Almagro, y al parecer también el chileno Heraldo Muñoz.

Más elecciones

María Machado fue la única dirigenta significativa de la derecha que repudió la participación en las elecciones, en representación de un número no despreciable de opositores que consideran traidores a sus dirigentes por haber negociado con el Gobierno. Ellos no votaron el domingo 15, y posiblemente facilitaron el triunfo del chavismo. Tal es, al menos, el análisis de Ramos Allup. Otros estiman que unos dos millones de votantes opositores se agotaron de la violencia y las inconsistencias.

Machado, feliz por el resultado, convocó a una rueda de prensa para insistir que el único camino para salir de la «dictadura» es el golpe de Estado y la intervención extranjera. Ella, como varios de sus pares, es heredera de una de las familias más acaudaladas de Venezuela, y coincide plenamente con el «socialista» Almagro (sobre quien se promueve una campaña de firmas internacional para que lo expulsen del Frente Amplio que gobierna en Uruguay).

Nadie de la dictadura arrestó a Machado ni censuró sus dichos golpistas. Del mismo modo que -a pesar de clamores en contrario- nadie impidió la participación electoral de dirigentes que sólo semanas atrás promovían el golpe, ataques a cuarteles, incendio de edificios públicos, destrucción de alimentos, asesinato de chavistas, la intervención extranjera, y anunciaban como necesario provocar una masacre por parte del Ejército (este último Luis Requesens, en Miami, ante estudiantes venezolanos).

Machado y Almagro intentan ahora impedir que la oposición participe de los comicios municipales, que podrían ser convocados para diciembre próximo.

En las redes sociales se comenta con sorna que el «bruto» Nicolás Maduro, de quien algunos se burlan -como lo hizo en portada el semanario satírico chileno The Clinic- con el mote de «Maburro», logró en pocos meses derrotar la guarimba y el Golpe, elegir la Asamblea Nacional Constituyente, arrasar en las elecciones regionales, y tener ahora a la derecha enfrascada en un ajuste de cuentas interno, a cuchillo limpio.

Poco ha ayudado a la derecha -y quizás la haya debilitado- el inmenso apoyo combinado de los grandes medios corporativos, las amenazas de Estados Unidos, de la cúpula de la Unión Europea, de las petroleras trasnacionales, y -significativamente- de connotados intelectuales y políticos «progresistas» o de izquierda, todos unidos contra la «dictadura» bolivariana.

Desafíos

Los éxitos de Maduro en política no se corresponden en la economía. Pese a denodados esfuerzos de personajes como el nuevo Fiscal General, Tarek William Saab, el Gobierno no consigue controlar la inflación desatada, la especulación, la corrupción, el sabotaje, la manipulación cambiaria o el tráfico de influencias.

De la corrupción, salvo Saab o Maduro nadie más habla, por temor a proporcionar argumentos al adversario.

El respetado portal MisiónVerdad.com aconseja reconocer que Venezuela se encuentra bajo ataque, en guerra económica, y que debe adoptar medidas consecuentes, visto que resulta imposible por las vías normales controlar los carteles que controlan la importación y producción de alimentos y medicinas, la asignación de divisas o el contrabando de combustible y productos esenciales hacia Colombia a través de la extensa y mal controlada frontera.

El chavismo obtuvo sus principales victorias en los territorios más pobres o más abandonados. O sea, allí donde el sabotaje y las deficiencias golpean más. Prima, entre otras cosas, una conclusión clasista plenamente confirmada en la realidad: «rico no quiere a pobre».

Pese a todo, al parecer el pueblo reconoce en lo esencial lo logrado en 18 años de Revolución, desde el millón 800 mil viviendas sociales de alta calidad hasta la erradicación de la desnutrición o el parasitismo infantil (éxitos ahora en regresión), el analfabetismo, la exclusión, la invisibilización, los vastos subsidios a la energía, el agua y los transportes, educación y salud gratuitas. Se reconoce también el inmenso esfuerzo nutricional desplegado a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que garantizan a la inmensa mayoría un paquete de alimentos regular y entregado a domicilio, a un costo inferior a medio dólar.

Es verdad que muchas de las «cajas CLAP» se van al mercado negro o a Colombia, así como el combustible y todos los productos subsidiados. Con la complicidad obvia de mafias internas. Pero el esfuerzo es notorio y refleja una política de Estado: proteger al pueblo.

Al fin, al parecer se entiende que esta es una crisis, una guerra total iniciada en 2014, cuando el precio del barril de petróleo -casi el único origen de divisas- se derrumbó de más de cien dólares, a 20. Y también que las crisis no son eternas, aunque nadie pueda hoy decir cómo salir de esta sin aplicar medidas de guerra, o paquetazos neoliberales que dejen a la mayoría en la indefensión y la miseria absoluta.

Las crisis producen tragedias sociales y humanas adicionales, como la de la emigración: miles de jóvenes venezolanos de clase media o en ascenso, bien educados por un sistema gratuito en todos los niveles, que no ven un futuro en su país. Y parten a países como Chile (al parecer el destino de moda), en busca de una ilusión: muchos de ellos terminan limpiando baños, o atendiendo mesas en restaurantes.

Como nos señaló el ex ministro de Cultura, Reinaldo Iturriza, el chavismo tiene ante si el desafío no sólo de restituir el nivel de vida alcanzado durante la Revolución, sino devolver a esos jóvenes la esperanza: «No se les puede culpar. Cuando ellos llegaron, todos los derechos ya estaban allí, no tienen memoria directa de la Venezuela prerrevolucionaria».

Por otro lado, la «medialuna» fronteriza ahora en manos de la derecha ha planteado más que nunca el tema de la defensa nacional. Durante las guarimbas de 2017, se hizo patente la infiltración masiva de paramilitares desde Colombia por el estado Táchira, que la Fuerza Armada -impedida de usar sus armas- no logró neutralizar. Lograron así ocupar y mantener territorios.

En los estados fronterizos es común desde hace décadas la acción de paramilitares, la mayor parte de las veces al servicio de los grandes hacendados ganaderos. Durante la sublevación de este año sólo fue posible frenar el avance paramilitar andino con la organización popular territorial, que formó brigadas de autodefensa, para garantizar las comunicaciones y el abastecimiento alimentario al centro del país.

Tras el golpe de Estado fallido de 2002, Chávez encabezó una gran reestructuración de la Fuerza Armada Nacional, bajo el concepto de la «defensa integral», y el fin de la doctrina de la seguridad nacional. Se creó así la Milicia Nacional Bolivariana como una nueva rama militar. Hoy, con gobernadores fronterizos de oposición y reconocidos vínculos con las mafias paramilitares, la defensa integral se convierte en piedra angular de la seguridad e integridad del Estado