Ampliación del control de identidad a menores de 18 años: Una expresión del populismo punitivo

Hace algunas semanas, la llamada Bancada Transversal por la Seguridad Ciudadana, integrada por los diputados Daniel Farcas (PPD), Gabriel Silber (DC), Gonzalo Fuenzalida (RN) y Claudia Nogueira (UDI), presentó una moción para ampliar el control de identidad preventivo a adolescentes entre 16 y 18 años. Su argumento central es que los menores son ocupados por bandas de narcotraficantes como carne de cañón para cometer delitos.

Sin embargo, esta “supuesta preocupación por la seguridad”, se contradice con los datos que se manejan sobre el porcentaje de menores aprehendidos en delitos. A diez años de la promulgación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA/20.084) los datos aportados por la Fiscalía Nacional muestran que objetivamente ha bajado el número de menores aprehendidos en delitos, donde se observa un descenso de un 42,3% respecto de 2008, año en que ingresaron al sistema 70.761 menores. Si se analiza según tramos etarios para el mismo periodo se aprecia que para el grupo de 14 a 15 años hay una disminución en un 43,7% (22.665 a 12.747) y, en el grupo de 16 a 17 años fue de 41,7% (48.096 a 28.014). Esto también se observa en lo relacionado con las causas-imputado ingresadas. Como señala la Defensoría Penal Pública, en el año 2012 el 9,2% de ellas fueron de adolescentes y en 2016 esa cifra bajó al 8,1%.

En resumen, es una disminución ostensible que contradice la idea de que los jóvenes menores de 18 años son sujetos peligrosos. La realidad está mostrando que los delitos cometidos por jóvenes no superan el 10%, cuestión que se aprecia también a nivel internacional.

Si los datos muestran una baja de los delitos cometidos por jóvenes, no se entiende este tipo de iniciativas por parte de algunos “honorables”, a no ser que se enmarquen en una estrategia denominada “populismo punitivo”, cuestión que en aras de un imaginario sobre la seguridad ciudadana –como si esto fuese posible de obtener- pone el control y responsabilidades sobre aquellas identidades y grupos que son más vulnerables y que son identificados como peligrosos (jóvenes de sectores populares, pobres, mapuche, entre otros), poniendo sobre ellos la marca del estigma y de la sospecha, por lo tanto, sujetos socialmente indeseables.

Al poner el acento en la juventud, se resta énfasis al problema central: los narcotraficantes y el tráfico de drogas. Así, es fácil construir una política populista punitiva diciendo que son sólo los adolescentes o los jóvenes el problema y, de paso, invisibilizando cuestiones estructurales de nuestra sociedad que son parte del origen de situaciones ligadas a la delincuencia: la desigualdad, la pobreza, la diversidad de inequidades que afectan a grandes grupos de la población.

Demás está decir que instituciones como UNICEF y el Instituto Nacional de la Juventud, han señalado que este tipo de iniciativas no se condicen con la realidad, la cual indica que la gran mayoría de los jóvenes nunca ha tenido problemas con la justicia. Además contraviene una serie de regulaciones internacionales respecto de los derechos del niño/a. La actual legislación deja al arbitrio de la policía decidir quién es menor de edad, puesto que establece que al hacer un control preventivo de identidad a una persona que puede ser menor de edad, Carabineros siempre debe suponer que lo es. De prosperar el proyecto, la policía uniformada tendría más atribuciones al controlar por ejemplo la identidad a adolescentes con uniforme escolar. Cabe preguntarse, ¿cómo se puede acreditar ser menor de edad, cuando la actual legislación señala que sólo deben portar identificación las personas mayores de 18 años? Este es un vacío enorme que deja entrever la actual iniciativa.

Tampoco es menor la discriminación que implica esta iniciativa. Es claro que en el actuar policial y de ciertos sectores que claman por mayor seguridad, el acento está puesto sobre determinados grupos. Por lo tanto, una iniciativa de este tipo pondría a los jóvenes de sectores populares y a determinadas prácticas culturales juveniles, en la lógica de la represión, sometiéndolos a un trato vulneratorio y vejatorio, cuestión que en muchos casos ya ocurre por parte de los organismos policiales.

Una política populista punitiva no contribuye a avanzar en el problema de la delincuencia. Se debe trabajar más en la prevención del delito, a través de acciones enmarcadas en los estándares internacionales en esta materia y que sean consistentes con la Convención de los Derechos del Niño. Hay que preocuparse más del desarrollo y oportunidades de los jóvenes, de la reinserción social, de las condiciones de empleo y educación, en el fondo, la respuesta está en atender a las condiciones estructurales que posibilitan que un joven caiga en las redes de la vida delictual.