Corporaciones Regionales de Investigación: La propuesta del Frente Amplio para una revolución científica

Los debates programáticos de la elección presidencial han mostrado un consenso relativamente amplio en la izquierda y el centro político sobre la necesidad de impulsar el desarrollo de la innovación, la investigación, la ciencia y la tecnología para concretar una transformación estructural del modelo de desarrollo y de la matriz productiva del país. También hay relativo acuerdo en que este impulso requerirá un aumento sustantivo de la inversión estatal en ciencia y tecnología. Sin embargo, para este nuevo y decisivo impulso a la investigación científica y tecnológica, y asegurar que el aumento de inversión no caiga en el “saco roto” de los fondos concursables o las exenciones tributarias a las empresas (modelo subsidiario hoy agotado), se requiere una profunda reestructuración de la institucionalidad existente. Por eso llama la atención que haya pasado desapercibido un elemento central de la propuesta de nueva institucionalidad que se encuentra en el programa del Frente Amplio: la creación de las Corporaciones Regionales de Investigación.

La institucionalidad actual (el “saco roto”) constituye un híbrido de dos momentos de la historia nacional. Una institucionalidad que podemos llamar “desarrollista”, anterior a la política de la dictadura, y que se compone principalmente de Institutos de Investigación del Estado (IIE), y de universidades “tradicionales” que realizan investigación. Esta institucionalidad se encuentra hoy jibarizada, fragmentada, sub-financiada y esclerosada, repartida entre varios ministerios e universidades “públicas” transformadas en empresas sin financiamiento. Los institutos de investigación se dedican principalmente a labores de seguimiento, monitoreo y fiscalización de normas, y algunas veces no logran realizar ni esas tareas por falta de recursos. Existen hoy 17 institutos de investigación repartidos en los ministerios (Economía, Minería, Agricultura, Defensa, además del Inach en RREE, ISP en Salud e Hidráulica en Obras Públicas), los que emplean menos de 800 jornadas completas equivalentes (JEC) de investigadores, aunque gran parte de estos investigadores no realizan tareas de investigación. La otra institucionalidad de fomento que opera hoy surge al alero de las políticas de la dictadura, especialmente de los múltiples programas creados por Conicyt, bajo la dependencia del Ministerio de Educación, y que más que en instituciones consisten en programas de subsidios concursables, y que por eso se puede llamar institucionalidad “subsidiaria”. Los estudios realizados por el mismo Coinycit, el CNID, la Corfo y el Ministerio de Economía, muestran que esta institucionalidad produce individualización de la investigación, competencia entre investigadores, competencia entre instituciones, inseguridad laboral, inestabilidad y fragmentación institucional y de proyectos, privatización del conocimiento producido con fondos públicos, centralización y monopolización de recursos en grandes instituciones en la Región Metropolitana, subsidio al sistema de universidades privadas y/o confesionales que operan bajo el derecho privado, y por lo tanto no responden a las regulaciones de instituciones estatales (por ejemplo a la supervisión de Contraloría, y a las políticas de seguridad social y laboral).

El principal instrumento de Conicyt es Fondecyt, que es una herramienta de subsidio a la demanda de investigadores individuales, y que ha anunciado una reducción del 24% de su inversión para el año 2018. Los estudios muestran que este instrumento genera grandes desigualdades en términos territoriales (centralización) y de género, concentración de recursos en unas pocas universidades, y un creciente traspaso de recursos a instituciones privadas. Adicionalmente, en los últimos 10 años, Conicyt ha desarrollado tres programas diferentes para financiar investigación colaborativa: Programa de Investigación Asociativa, FONDAP, y Programa Regional, a través de los cuales se encuentran funcionando 45 centros de investigación al alero de universidades públicas y privadas (con predominio de la Universidad de Chile y la Universidad Católica, y su consecuente concentración en Santiago). El Ministerio de Economía, a través de CORFO, subsidia por su parte 9 Institutos Milenio y 16 Centros Corfo, todos requeridos de obtener personalidad jurídica propia bajo la figura de Sociedad Anónima, o sea, con fines de lucro y exigencia de auto-sostenibilidad financiera. Como han señalado los informes del Consejo Nacional de Innovación y Desarrollo (CNID), al ser productos de la lógica de subsidios concursables, estos centros se han multiplicado en forma inorgánica, sin estabilidad financiera, y de impacto limitado por su falta de proyección en el tiempo y baja capacidad de contratación de investigadores. Los recursos se concentran en pocas universidades que tienen la capacidad para invertir en la burocracia de administración de concursos, y que además pueden apalancar entre un 10% y un 50% de aportes de contrapartes que exigen los concursos. Aquí nuevamente la institucionalidad subsidiaria muestra sus sesgos: fomenta la competencia entre instituciones e investigadores, fragmentación de los esfuerzos, debilidad institucional o excesiva tecnocracia de administración del sistema (burocracias de concursos y programas tanto en los programas de fomento como en las instituciones receptoras) en detrimento de la inversión en el trabajo científico. Para que la producción de conocimiento sea un aporte a la transformación social y económica de Chile en el siglo XIX, el impulso al desarrollo de la ciencia, la tecnología y el conocimiento en general implica transformar tanto la institucionalidad del siglo XX, la desarrollista y la subsidiaria.

El futuro Ministerio de Ciencia y Tecnología es un primer paso necesario. Pero ese ministerio no se puede limitar (como ha sido propuesto hasta ahora) a reunir en torno a un mismo nuevo recipiente la vieja institucionalidad, y tampoco se puede concebir como un ministerio tecnocrático, movido exclusivamente por el fomento a patentes, ciencia aplicada y tecnología productiva (es un hecho que este proyecto dejó fuera del ministerio a la investigación en Artes y Humanidades). Por eso el Programa del Frente Amplio ha propuesto modificar el proyecto de ley que crea el ministerio con un nuevo nombre: Ministerio del Conocimiento y la Investigación. Para que el aumento de la inversión en CyT (el Frente Amplio propone triplicar el gasto público en CyT, pasando de 1.000 millones de dólares a 3.000 millones de dólares) tenga un rendimiento potente y exponencial, es necesario impulsar una institucionalidad que esta sea capaz de dar uso eficiente, transparente y de alto impacto al aumento necesario de recursos. No se puede seguir destinando más dinero al modelo subsidiario de traspaso a individuos o instituciones privadas, tampoco se puede destinar recursos a universidades que no tienen investigadores a tiempo completo, ni dejar que la investigación científica sea exclusivamente dependiente de las políticas universitarias.

Por eso, el Programa del Frente Amplio ha propuesto una nueva institucionalidad cuyo eje articulador sean Corporaciones Regionales de Investigación, de carácter público y autónomo, es decir, corporaciones de derecho público (como el Instituto Nacional de Derechos Humanos), y cuyos objetivos sean la investigación científica y tecnológica, teórica y aplicada, la formación de nuevos investigadores, la producción de bienes comunes por la transferencia de conocimientos y la socialización pública de la investigación, la ciencia y la tecnología, incluyendo las artes y humanidades. Se propone que cada región tenga una Corporación de Investigación (en el caso de la RM podrían ser dos o tres corporaciones), dedicadas a un área de investigación estratégica y prioritaria (definida participativamente entre organismos regionales y nacionales y coherentes con el potencial regional, por ejemplo, una Corporación de investigación en bosques y madera en el Sur, en cobre, litio o astronomía en el Norte, en ciudades y transporte en el Centro), un cierto número de áreas complementarias (relativas a demandas locales y a investigación básica o teórica) y ciertas áreas transversales presentes en todas las Corporaciones (agenda digital y tecnologías de la información, artes y humanidades, patrimonio, educación científica). Como corporaciones de derecho público, los lineamientos estratégicos de cada Corporación serán dados por sus consejos directivos compuestos por una diversidad de representantes (del gobierno central y regional, de las instituciones regionales y de las comunidades territoriales y profesionales). Estos lineamientos deberán incluir la asociatividad con instituciones y organizaciones internacionales, nacionales y regionales, como universidades, institutos técnicos y profesionales, Pymes, cooperativas, escuelas, museos y bibliotecas, por medio de convenios de colaboración a largo plazo.

Las Corporaciones Regionales de Investigación constituirán estructuras capaces de absorber los Centros Conicyt, Institutos Milenio y Centros Corfo, asegurando el financiamiento permanente de su personal e infraestructura, la evaluación de sus resultados, y la socialización de su actividad. Además, podrán absorber las actividades de investigación de los Institutos de Investigación del Estado que tienen estructura regionalizada (como Sernageomin o IFOP), mientras que las funciones de evaluación y monitoreo de los IIE quedarán potenciadas en el Ministerio del Conocimiento y la Investigación quién también será el ente supervisor de la actividad de las Corporaciones y articulará la Red Nacional de Corporaciones.

Las Corporaciones de Investigación permitirán alcanzar el pleno empleo de los profesionales de la investigación, ofreciendo condiciones laborales estables, acabando con la competencia por los puestos laborales y poniéndolos al servicio de la transformación productiva y cultural del país. Por eso, la creación de las Corporaciones va de la mano con la creación de la Carrera del Investigador, ya que esta institucionalidad será responsable de contratar a los investigadores en función de un escalafón que se inicia en la educación superior con los técnicos en investigación (practicantes de centros de formación técnica e institutos profesionales) y sigue con los investigadores en formación (estudiantes de posgrado), los investigadores jóvenes, los investigadores con experiencia y los investigadores consagrados. Las Corporaciones serán empleadoras de los investigadores, profesionales y técnicos de apoyo adscritos desde sus procesos de formación a la Carrera de Investigador, pudiendo asignar jornadas completas o medias jornadas de los investigadores de carrera para cumplir sus funciones en las instituciones asociadas con los Convenios mencionados (Universidades, Pymes, Cooperativas, Escuelas, Museos). Los trabajadores adscritos a la Carrera del Investigador tendrán así movilidad laboral entre las diferentes Corporaciones Regionales y las instituciones asociadas a ellas, incluyendo los socios internacionales.

Hoy en el país se emplean 7.600 jornadas completas equivalentes (JEC) de investigadores, de las cuales el estado emplea 770, y las universidades 3.600. Este número es equivalente al número de becas de doctorado que se han otorgado entre 1988 y 2011, de manera que los becarios de posgrado que han realizado sus estudios entre el 2012 y la actualidad no tienen cabida en el sistema, y constituyen lo que se puede llamar un “ejército de reserva” científico, el que contribuye a la individualización de la competencia por los puestos laborales y la precarización del trabajo científico. Además, se sabe que las jornadas académicas en las universidades están sometidas a una fuerte presión para ejercer una mayor cantidad de horas en docencia en detrimento de la actividad investigativa. Un conjunto de 16 Corporaciones Regionales podrían emplear una gran cantidad profesionales de la investigación y profesionales de apoyo, sin contar el impacto en generación de servicios y demanda de suministros que el funcionamiento de las Corporaciones va a generar en sus respectivos territorios y a nivel nacional. Estas otorgarán contratos dignos, seguridad social y estabilidad laboral para dedicación a la investigación, a más de 3.000 investigadores hoy académicos en universidades o empleados en servicios públicos, y otros 4.000 investigadores que han vuelto o se encuentran en proceso de retorno al país luego de posgraduarse en el extranjero. A estos investigadores, se puede sumar los varios miles de estudiantes de posgrado que se incorporarían a la Carrera de Investigación como investigadores en formación, y otros varios miles de estudiantes en práctica de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica que se desempeñarían como técnicos y profesionales de apoyo a la investigación. De manera que las Corporaciones Regionales de Investigación podrían emplear directamente entre 15.000 y 20.000 investigadores y técnicos, generando pleno empleo en el área y poniendo en movimiento todas las capacidades existentes en Chile para impulsar la innovación e investigación científica, tecnológica, en artes y humanidades. La Carrera del Investigador será la vía única para garantizar el aporte de los investigadores al desarrollo del país, permitiendo terminar con la precariedad y la sobrecarga, asegurar condiciones laborales dignas para todos los profesionales de la investigación, permitiendo concentrar los esfuerzos de los investigadores en la investigación.

La relación de las Corporaciones de Investigación como instituciones autónomas con las universidades públicas será un elemento clave del diseño de la nueva institucionalidad. La propuesta de algunas orgánicas del Frente Amplio (por ejemplo de Izquierda Autónoma, que no participó en los debates del GAP en CYT) es que todo el esfuerzo de impulso a la investigación se concentre en las universidades. En la situación actual de las instituciones de educación superior, creemos que ese modelo tiene varios problemas: el impulso a la investigación, el empleo de los investigadores y la socialización pública del conocimiento no pueden depender de las universidades públicas (y menos privadas), ya que estas están llamadas a concentrarse en mejorar sustantivamente sus procesos docentes y a aumentar masivamente su matrícula, contexto en el cual la investigación constituye una sobrecarga de sus responsabilidades, la que siempre va a quedar subordinada al proceso pedagógico. Además, la burocracia universitaria entraba la agilidad que requieren los procesos de investigación y socialización de la investigación. Y finalmente, la estructura actual de las universidades no garantiza que la producción de conocimiento tenga un fin exclusivamente social y público para la producción de bienes comunes. Las Corporaciones de Investigación constituirán un apoyo y un alivio para las universidades públicas, ya que se harán cargo, por una parte, de emplear y remunerar a los investigadores que enseñaran en los posgrados otorgados por las universidades, y por otra parte, de reorientar los recursos administrativos, insfraestructurales y pedagógicos de las universidades hacia su principal misión que es la formación universitaria. Las Corporaciones de Investigación podrán poner a disposición de las universidades, los investigadores y la infraestructura de investigación, los conocimientos producidos y las redes institucionales, en una asociación virtuosa que también beneficiará a las instituciones de la cultura (museos, bibliotecas, centros culturales, medios de comunicación), los centros e institutos de formación técnica, las PYMES, las cooperativas y las comunidades territoriales. Al mismo tiempo, la autonomía de las Corporaciones permitirá a los investigadores desempeñar sus funciones sin las sobrecargas de docencia y administración, ni los obstáculos burocráticos que sufren hoy en las universidades. Las Corporaciones de Investigación, regionales y autónomas, serán la garantía institucional del uso de la nueva y masiva inversión pública en investigación para la producción del conocimiento como bien público y social, otorgando así las bases institucionales, laborales y económicas para la revolución científica que requiere la transformación del modelo económico extractivista en Chile.