Una política de alimentación y nutrición en un Chile con sobrepeso

La publicación anual de la FAO (Food and Agriculture Organization) y OPS (Organización Panamericana de la Salud) correspondiente a su informe Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 2017, nos entrega o ratifica más bien un escenario realmente preocupante para nuestra sociedad: Chile es el tercer país de la región, y el primero en Sudamérica, con la mayor cantidad de población adulta con sobrepeso, llegando a dos tercios y en obesidad a un tercio. Una de las principales razones de este incremento ha sido el aumento sustancial en el consumo de productos ultra-procesados y la disminución del consumo de alimentos tradicionales y saludables.

En este contexto, es importante mencionar que desde hace algunos años el crecimiento del retail, principalmente supermercados, se ha desarrollado fuertemente en desmedro de nuevos puntos de venta de alimentos sanos como lo son las ferias libres y verdulerías. Esto, si bien es solo un antecedente, refleja de manera importante como el acceso a alimentos sanos por parte de la población se ha ido reemplazando por aquellos donde las grandes cadenas distribuidoras de alimentos entregan y promueven el consumo de alimentos procesados y ultra-procesados.

Junto a esto, la inexistencia (hasta hoy) de una política pública por parte del Estado que aborde la problemática alimentaria ha permitido regular el consumo de alimentos mediante las nefastas leyes del “libre mercado”. El concepto de “elegir” vivir sano, sin considerar las determinantes sociales (contexto) dentro de las cuales se desenvuelve la población, es entregar la seguridad alimentaria y nutricional de las personas a un sistema mercantil con sus característicos intereses económicos de unos pocos por sobre el desarrollo de la sociedad.

Iniciativas como la nueva Ley de Etiquetado por parte del Ministerio de Salud o las Compras Públicas (indirectas y lejos aún del modelo brasileño) promovidas desde el Ministerio de Agricultura y la Junaeb son esfuerzos positivos dentro de un sistema perverso donde imperan fuertes intereses económicos en torno a la industria alimentaria. Es importante celebrar y apoyar estas iniciativas, más aún en un país donde la “mano invisible” del mercado ha sido la que ha dirigido el desarrollo del país.

Es por esto, que el lanzamiento de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud se reconoce como un importante hito en materia alimentaria y de salud. Si bien una política nacional es un primer paso y esfuerzo en el desarrollo más equitativo y justo en la población de una alimentación sana, esta requiere ser adoptada y conocida por toda la población, incorporando en su operación a los actores proveedores de alimentos a nivel nacional, es decir los campesinos, pescadores artesanales, feriantes/comerciantes y nosotros como consumidores. Sin esta visión integral del canal alimentario, será imposible contar con un acceso por parte de la población a alimentos sanos, frescos y de calidad. Es responsabilidad del Estado promover políticas operantes y no un libro más para el estante respectivo.

Cabe mencionar que el informe de la FAO/OPS recomienda trabajar hacia sistemas alimentarios saludables, equitativos y sostenibles, donde las políticas diferenciadas para los sectores de la AFC, la pesca artesanal y las ferias libres o mercados locales, sean desarrolladas de forma integral por ministerios de Salud, Agricultura, Economía y Desarrollo Social. No es tiempo de ir por caminos separados, la experiencia de muchos años de políticas sectoriales nos dice que estas son condenadas al fracaso. Más aún en el nuevo escenario político al que Chile está entrando.

Sabemos que la industria alimentaria seguirá promoviendo y usando todo tipo de argumentos relacionados a la libertad de competencia, con el fin de continuar incrementando su poder en torno a un tema de derecho humano como es la alimentación sana. No obstante esto, cuando se tienen indicadores como el que indica que 1 de cada 4 niños sufre de obesidad en el país (Mapa Nutricional Junaeb, 2016), la urgencia por estas políticas no pueden recibir cuestionamiento alguno, ni menos aún sentirnos amenazados por vergonzosas campañas en torno a excusas sobre la afectación a la libertad económica que amenazaría el desarrollo del país. Hoy en día somos la sociedad en su pleno los llamados a defender y exigir políticas que busquen fortalecer nuestros derechos en torno a un mejor vivir, digno y más justo.