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Opinión

Propuesta de un acuerdo de garantías para Sebastián Piñera: Gobernar para todos y no en beneficio propio

Por: Luis Cuello Peña y Lillo y Carlos Arrué / Publicado: 15.01.2018
piñera / Foto: Agencia Uno
La pregunta que surge entonces es si existen garantías suficientes para confiar en que no se tramitarán leyes que beneficien a determinados grupos económicos, mediante prácticas oscuras. En este sentido, si bien la agenda de probidad constituye una herramienta de prevención, hace falta una voluntad política expresa.

A semanas de empezar un nuevo Gobierno, conviene repasar algunos hechos históricos, actuales y algunos menos actuales, que debemos tener presente para cautelar que no se produzcan retrocesos en un camino de profundización de  la democracia y  fortalecimiento de la transparencia de las instituciones.

Un primer rasgo histórico de la derecha, menos presente pero subyacente en la gestión anterior del Presidente Piñera, es el sesgo represivo. Los gobiernos de derecha han sido históricamente recordados por masacres, encarcelamientos, exilios. Al respecto es importante fijar posición y condenar claramente los hechos que han involucrado a las  fuerzas militares en actos de represión hacia movimientos de inspiración política y social. Eso es inaceptable y afortunadamente hay sectores de la derecha que han ido comprendiendo esto, como el propio ex Presidente Piñera que fue capaz de cerrar el Penal Cordillera y fue el primer Presidente en hablar de los cómplices pasivos de la dictadura militar. Pero falta que el sector político como tal haga esa reflexión.

Sin embargo, no caben dudas que el gobierno anterior de Sebastián Piñera es más recordado por haber estado plagado de casos de corrupción y escándalos. Es imposible olvidar al ex sub secretario de Minería Pablo Wagner y su intento de vender derechos sobre el litio de forma impropia con subterfugios y a espaldas de la ley. El mismo Wagner impulsó un proyecto de seguridad minera, tras el rescate de los 33 mineros en Copiapó, que fracasó estrepitosamente como resultado de ser un mal proyecto y por su actitud totalmente pedante.

Tuvimos también el caso de la cuestionada tramitación de la Ley de Pesca, cuya nulidad es debatida en el Congreso, que estuvo a cargo del entonces Ministro de Economía Pablo Longuiera. Un escándalo sin comparación y una ley que hasta el día de hoy, carece de legitimidad. Fue también el periodo presidencial del perdonazo a la empresa Johnson por parte de Julio Pereira, entonces director del Servicio de Impuestos Internos. Dicha condonación fue de 125 millones de dólares. Y por cierto, no se puede evitar mencionar el caso de Exalmar que involucró al propio ex Presidente y que pone la guinda a la torta de un periodo presidencial marcado por conflictos de interés, perjuicio fiscal y favorecimiento a los intereses privados. Los conflictos de interés eran comunes  -con casos tan evidentes  como el de Fernando Echeverría- siendo el problema principal de todo esto, el que su efecto es el de mermar la credibilidad y legitimidad de la institucionalidad en un conjunto.

La pregunta que surge entonces es si existen garantías suficientes para confiar en que no se tramitarán leyes que beneficien a determinados grupos económicos, mediante prácticas oscuras. En este sentido, si bien la agenda de probidad constituye una herramienta de prevención, hace falta una voluntad política expresa. La razón es muy sencilla: las leyes aprobadas por la vía del cohecho siguen vigentes. Mientras el producto de la corrupción sigue intacto, rindiendo frutos para las empresas que las promovieron, no podemos confiar en que esas conductas no se repitan.

Hay que respetar, desde luego, el mandato democrático que una mayoría le entregó al presidente electo. Pero eso no impide la adopción de medidas que prevengan hechos que perjudiquen la democracia y su legitimidad. No puede ser el Estado un botín que permita el enriquecimiento ilícito, la represión como respuesta a las demandas populares y el tráfico de influencias como el modo de vida de las autoridades.

En este sentido, convendría promover un Acuerdo de Garantías de Gobernabilidad que asegure transparencia, sanciones a los conflictos de interés y compromisos de todos los actores de la política, con gobernar para todos y no en beneficio propio.

Este Acuerdo podría versar sobre los siguientes puntos:

  1. Que no venderá ningún bien público como litio, cobre, para beneficio propio, de su familia, de su entorno o para beneficio encargado por un tercero.
  2. Que no habrá impunidad con los violadores de derechos humanos.
  3. Que ninguna autoridad gubernamental o legislativa usará las atribuciones que la Constitución y las leyes le ha dado, para sustraerse de la acción de la justicia.
  4. El Estado hará todo lo posible por defender su patrimonio y no enajenarlo. Esto significa también que no se emplearán maniobras engañosas para vender sus bienes.
  5. El compromiso de perseguir civil y penalmente toda acción reñida con la ética en los casos que se determina que, habiendo un conflicto de interés, éste no haya sido declarado.
  6. Que se acompañe a los proyectos de ley del Gobierno, informes sobre los intereses eventuales de los integrantes del gabinete que suscriben los proyectos.

La suscripción de un compromiso de este tipo, debiera ser la base para asegurar la salud del sistema democrático y condición necesaria para cualquier diálogo de la oposición con el oficialismo futuro. No debemos olvidar que si bien fue la derecha la que ganó la elección presidencial, la primera vuelta también arrojó un resultado claro, que la derecha no es mayoría en el Congreso. Un compromiso al tenor de estas garantías, permitirá asegurar que la responsabilidad colectiva de fortalecer la democracia  se haya logrado de aquí hasta el final del periodo.

Luis Cuello Peña y Lillo y Carlos Arrué
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