El Papa y la cárcel: Reflexionemos cómo las presas cumplen sus condenas

Más allá de cualquier consideración política sobre el contenido de la visita del Papa Francisco a nuestro país, es de total relevancia analizar con mayor profundidad una de las tantas actividades protocolares que llevará a cabo en su estadía: su asistencia al Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín.

Es de relevancia porque la cárcel es un lugar sometido al abandono e indiferencia del Estado y la sociedad en general, y cualquier gesto comunicacional de humanidad -como el que realizará el Papa por el solo hecho de visitar el lugar- se hace necesario y urgente para invitarnos a reflexionar sobre cómo hoy los y las presas cumplen sus condenas.

Pero particularmente respecto de las mujeres condenadas, cabe detenerse en algunos aspectos.

En primer lugar, según estadísticas oficiales de Gendarmería de Chile (en adelante GENCHI), al día de hoy existen 3.672 mujeres presas, que sobre un universo total de 40.000 personas (aprox.) privadas de libertad, representan 9,34% de la población penal en contexto de encierro.

En segundo lugar, que tras la entrada en vigencia de la Ley 20.000 (que sanciona el tráfico ilícito de drogas), entre los años 2005 y 2012 es posible apreciar un explosivo crecimiento de mujeres condenadas, pasando de 2.322 en 2005 a 4.622 en 2012: es decir, un aumento del 99,1% en ese período de tiempo.

En tercer lugar, que, en estrecha relación con el punto anterior, hoy cerca del 50% de las mujeres presas ha sido condenada por la comisión de algún ilícito relacionado con el tráfico de estupefacientes, principalmente el microtráfico. Estos últimos dos aspectos no son azarosos.

En palabras de Carmen Antony, el microtráfico «se trata de una actividad que les permite seguir desempeñando los roles de madre, esposa, abuela y dueña de casa; ya que para realizarla no están obligadas a desplazarse fuera de su vivienda, lo que les permite atender las labores domésticas y cuidar a sus hijos o nietos». Sumado a ello, es imprescindible destacar que el sistema penitenciario, como casi la totalidad de las instituciones de la vida en sociedad, está estructurado atendiendo las características y problemáticas de los hombres; y por tanto no es apto para hacer frente al fenómeno complejo que representa el crimen femenino, y menos a su progresivo aumento. En último término, la privación de libertad representa para la mujer una doble condena: por una parte, aquella emanada del proceso penal respectivo; y por otra, el prejuicio y estigmatización social emanados de la sociedad patriarcal que la condena nuevamente («una mujer que pasa por la prisión es calificada de «mala», porque contravino el papel que le corresponde como esposa y madre, sumisa, dependiente y dócil»).

Otro aspecto crítico en el análisis de las condiciones en que las mujeres cumplen condena, se refiere específicamente a aquellas que son madres al interior de la cárcel. Al día de hoy, más del 85% de las mujeres presas declaran ser madres, con un promedio de entre 2 y 3 hijos cada una, en su mayoría menores de edad. Asimismo, hacia el mes de mayo de 2017, GENCHI informaba la existencia de un total de 70 mujeres embarazadas, 124 lactantes con sus madres y 1 mujer embarazada con hijo lactante, distribuidas en las más de 30 unidades materno-infantiles existentes en las unidades penales de nuestro país. Esta realidad conlleva continuas restricciones y violaciones de las garantías fundamentales que todo niño o niña debe tener asegurada en su primera infancia, así como de derechos fundamentales de las madres, que exceden con creces aquellos restringidos por la sentencia condenatoria. En particular, el programa «Creciendo Juntos» no ha sido capaz de atender de forma adecuada las necesidades de la maternidad en contexto de encierro, como evidenció el caso de Lorenza Cayucán. El nacimiento de su hija Sayén Nahuelán Cayuhán, la convirtió en  víctima de tratos inhumanos y degradantes, y desde principios del año pasado nos ha invitado como organización a apoyar la tramitación de la «Ley Sayén», que se refiere específicamente a este tema.

El interés del Papa por visitar la cárcel femenina no es baladí, ya lo ha hecho también en otros países. La presencia de la Iglesia en general (tanto católica como evangélica) en los recintos penales tampoco es al azar; da cuenta de una preocupación, hasta ahora principalmente con motivación espiritual, de misericordia si se quiere, por una realidad completamente ajena a la nuestra. Una realidad sumida en la exclusión y pobreza más brutal que hoy existe en nuestra sociedad. Así, el mismo Papa Francisco declaraba tras su visita a la cárcel de Ciudad Juárez en México que «Ya tenemos varias décadas perdidas pensando y creyendo que todo se resuelve aislando, apartando, encarcelando, sacándonos los problemas de encima, creyendo que estas medidas solucionan verdaderamente los problemas. Nos hemos olvidado de concentrarnos en lo que realmente debe ser nuestra preocupación: la vida de las personas; sus existencias, las de sus familias, la de aquellos que también han sufrido a causa de este círculo de la violencia».

La invitación entonces, sea de la Iglesia, de la institucionalidad, del movimiento social o desde la política, es a que dejemos de creer en el encierro como única forma de solución a problemas de raigambre mucho más profunda y estructural.