Las parlamentarias Cristina Girardi (PPD), presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, y Yasna Provoste (DC), también integrante de dicha instancia, se reunieron este miércoles con el Fiscal Nacional, Jorge Abott, para solicitarle que nombre un fiscal especial que investigue el robo de aguas en la provincia de Petorca, en la región de Valparaíso, situación que mantiene enfrentados a activistas de la comunidad con grandes empresarios agrícolas.

Por estos días, Petorca y otras 13 comunas de la V Región permanecen en situación de emergencia hídrica. Ya en 2015 un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) alertó sobre la situación y la vulneración de los derechos fundamentales que viven los habitantes, y estableció que la escasez de agua no solo estaría asociada al fenómeno de la sequía, sino que también a las actividades empresariales de la zona, especialmente el uso de los suelos en el intenso cultivo de paltos y cítricos.

Los habitantes de la zona llevan años difundiendo la situación, y Rodrigo Mundaca, uno de los activistas del lugar, ha descrito que la comunidad “recibe agua en camiones, se bañan por presas y en situaciones de aguda escasez de agua han tenido que hacer sus necesidades en bolsas de plástico”.

Ante dicho escenario, Girardi explicó que “esta reunión surge como un acuerdo general de la comisión ya que recibimos una denuncia de la organización Modatima (Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio ambiente), que relata que luego de que ellos difundieron el robo de aguas que cometían los grandes empresarios de la palta, el gobierno Danés decidió no comprar más esta fruta a Chile“.

La diputada agregó que “a raíz de esta medida, los dirigentes que pelean contra la usurpación de aguan han sido constantemente amenazados, incluso de muerte, siendo el caso de Verónica Vilches el más emblemático, recibiendo amplia connotación internacional, y el Estado de Chile no ha sido capaz de frenar la persecución que viven quienes defienden el derecho al agua para la comunidad”.

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Sobre el caso de Vilches, Girardi detalló que “ella como Presidenta de un Comité de Agua Potable Rural (APR), denunció a una importante empresa de robarles agua. Luego llega la PDI a su casa a verificar la denuncia, pero la acusan a ella de robar agua por no tener los derechos debidamente constituidos, pese a que ella tenía la solicitud de la constitución de la APR. Actualmente Verónica fue declarada como imputada por el Fiscal de la Ligua, pero no ha sido formalizada.”

Sobre la respuesta del Fiscal Abott, la diputada señaló que “él reconoció que estos son delitos muy difíciles de perseguir, pues comprobar el robo de aguas es muy complejo, pero nos manifestó toda su disposición de buscar las herramientas para que estas causas se investiguen con mayor acuciosidad en estos robos de agua, ya que no sólo afectan a La Ligua y Petorca, sino que también a otras zonas del país”.

Provoste, en tanto, agregó que su iniciativa además contempla “mirar cuáles son todas las acciones que se requieren para  dotar de mayores facultades al organismo rector en esta materia, que es la Dirección General de Aguas (DGA)”, ya que “el rol sancionador de la DGA ha sido cercenado por el Tribunal Constitucional”.

“En la Cámara como en Senado estuvimos de acuerdo que es necesario dotar a  la DGA con mayores atribuciones, entres ellas, poder entrar a los predios cuando había una denuncia. Sin embargo, el Tribunal Constitucional nuevamente se pone al servicio de los poderosos y no de la ciudadanía”, agregó.

“Por eso iniciamos conversaciones para que el Ministerio Público, para que ellos  puedan solicitar estas atribuciones con el objeto de avanzar en mayor justicia respecto de un bien que es tan preciado y que no puede transformarse en un bien de consumo como es el agua”, finalizó.