Luego de una batalla arbitral que duró cuatro años, este miércoles se conoció que la minera no metálica SQM y la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) finalmente firmaron un acuerdo de conciliación con respecto a la explotación del Salar de Atacama, proceso que se inició luego de que la empresa realizara graves violaciones en los contratos de arrendamiento del lugar.

En 1995, el Estado entregó 81 mil hectáreas del Salar de Atacama a la empresa para la explotación “exclusiva y excluyente” del litio y sus derivados, actividad que representa parte importante de la empresa: en 2014, dicha explotación (de litio y potasio principalmente) representó el 39% de las ventas de la compañía y le generó ingresos por más de US$771 millones. 

Sin embargo, el escándalo –no el de las platas políticas sino que uno paralelo– se destapó cuando se conoció que la empresa se excedió durante años en el espacio delimitado para la explotación y, por lo tanto, además incurrió en una serie de irregularidades exportar su producción a países extranjeros como Estados Unidos o Corea del Norte. Todo esto amparado por las escandalosas omisiones y “fallas” de la Comisión de Energía Nuclear, organismo estatal que –en conjunto con Corfo– debía supervisar y fiscalizar a la empresa. De este modo, lo anterior generó un daño en en el patrimonio del Estado de Chile estimado en cerca de US$30 millones.

Y a pesar de que la sanción que arriesgaba la empresa por incumplir sus obligaciones era la revocación de la autorización para explotar el salar, finalmente el acuerdo derivó en que ni Julio Ponce Lerou, el ex yerno de Augusto Pinochet y controlador de SQM, ni su familia –hermanos ni hijos– tengan presencia en el directorio hasta 2030, y se deshaga el pacto de actuación conjunta con Kowa que le daba la mayoría.

Pero a cambio, la empresa verá grandes beneficios ya que podrá aumentar su capacidad y explotar el triple de la cantidad de litio que produce hasta 2030. “SQM expandiría su producción anual al menos a 216 mil toneladas al 2025 y generaría recursos adicionales para el Estado, la región y la comunidad por US$ 8300 millones entre 2018 y 2030”, explicó a la salida del encuentro Patricio de Solminihac, CEO de la minera.

Para este incremento, la empresa deberá invertir cerca de US$ 1.000 millones. El acuerdo incluye la entrega de un pago extraordinario de US$20,3 millones a Corfo, más una modificación sustantivo al contrato de arriendo, para igualar las condiciones con las de la empresa Albermarle. Éste último incluye un aumento en el pago que SQM deberá entregar al Estado, cambios en la gobernanza de la minera, más un incremento sustantivo en la producción de litio.

En la cita de conciliación también estuvieron presentes el árbitro Héctor Humeres y Eduardo Bitran, vicepresidente ejecutivo de Corfo, y este último recalcó que el cambio de estructura en el gobierno corporativo de SQM “otorgará garantías permanentes de pleno cumplimiento de lo acordado y desarrollo de prácticas alineadas con los estándares de empresas globales y de la OCDE”.

“Corfo ha sido exitosa con su compromiso de establecer las condiciones que cautelen el interés público, ayudando así a restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones de la República”, agregó Bitran.