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Activistas de DD.HH. valoran proyecto que pone fin al indulto presidencial, pero critican la tardanza con que se presentó

Por: Equipo El Desconcierto / Publicado: 22.01.2018
ddhh / Agencia UNO
El proyecto de ley que pone fin al indulto presidencial en casos de delitos de lesa humanidad y traslada dicha acción a los tribunales fue valorado en parte por las agrupaciones de Derechos Humanos. La principal crítica es la tardanza: Sin urgencia, la iniciativa no verá la luz antes del cambio de mando y difícilmente siga más allá, pues el tema no es una prioridad para Sebastián Piñera.

Sin urgencia y a pocos días de que termine el tramo final legislativo del gobierno de Michelle Bachelet, se envió al Senado el proyecto de ley que “modifica diversos cuerpos legales en lo relativo al cumplimiento de penas y medidas de seguridad”. En lo específico, una iniciativa que se hace cargo de las penas para criminales de lesa humanidad, de guerra y genocidio, abordando las medidas a tomar en casos de enfermos terminales.

“Este proyecto reúne los más altos estándares en materia de Derechos Humanos”, aseguró la subsecretaria de DD.HH., Lorena Fries. Por su parte, el ministro de Justicia Jaime Campos dijo que la iniciativa terminaba con una “reminiscencia de los regímenes monárquicos”.

Campos se refería a uno de los puntos más importantes que considera el proyecto: eliminar el indulto particular presidencial en casos de personas condenadas por crímenes de lesa humanidad. Así, aunque se trate de casos de enfermedades terminales, esta medida dejaría de estar al arbitrio del Ejecutivo y cualquier beneficio sería revisado por los tribunales de justicia.

Fin al indulto presidencial

“Impediremos que ante el vacío de una ley se recurra al indulto particular para resolver una cuestión que es propia de los tribunales de justicia”, dice el proyecto de ley de 27 páginas ingresado al Senado.

Para la argumentación sobre este punto, se cita un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos que dice: “Se ha sostenido que siendo la prescripción una institución más beneficiosa que el indulto, y estando la primera prohibida por el derecho internacional, no se puede sino colegir que en relación a esta categoría de delitos, el indulto también está prohibido”.

Hasta ahora, el artículo 1° de la Ley 18.050 sobre indultos particulares solo restringe el beneficio a condenados por actitudes terroristas según el artículo 9° de la Constitución. Este proyecto vendría a sumar a esa restricción a condenados por genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.

“La eliminación del indulto presidencial para beneficios carcelarios en casos de criminales de lesa humanidad no es más ni menos que adecuar la legislación interna a las obligaciones internacionales que el Estado chileno tiene sobre esta materia”, dice en conversación con El Desconcierto la abogada de Derechos Humanos y diputada electa por el Partido Comunista, Carmen Hertz.

Por otro lado, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, dijo valorar el fin al indulto presidencial, pero aseguró que sus principales reparos están con el segundo pilar del proyecto.

Los requisitos que permitirían a criminales de lesa humanidad acceder

Otro de los puntos fundamentales del proyecto presentado por el gobierno tiene que ver con la posibilidad de sustituir las penas de personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, de guerra o genocidio, contemplando el acceso al arresto domiciliario, la libertad condicional y permisos de salida bajo ciertos requisitos. Para acreditar las enfermedades terminales o enajenaciones mentales, se debe presentar una certificación del Servicio Médico Legal, el cual deberá ser actualizado periódicamente.

Además, se ponderará el hecho de si en la determinación de la pena se consideró la atenuante de confesión espontánea o de colaboración sustancial. En caso contrario, también está la opción de que después de ejecutoriada la condena, se consignara que hubiese aportado antecedentes serios y efectivos en causas criminales por delitos de lesa humanidad.

Otro punto es que se debe suscribir una declaración pública que contenga “una manifestación inequívoca de su arrepentimiento por los hechos cometidos que les atribuye la sentencia condenatoria y por el mal causado a víctimas y familiares”.

Cualquier manifestación que luego negara o contradijera ese arrepentimiento podrá ser considerado un “incumplimiento grave del régimen de ejecución de la pena”. En ese sentido, el beneficio es revocable.

Desde la AFEP, Alicia Lira criticó esta medida. “Llevamos 27 años en democracia, los procesos han llevado más de 11 años y nunca ha existido arrepentimiento ni aporte a las causas e investigaciones, ni antes ni después. No estamos de acuerdo con esa parte porque es una puerta abierta a los violadores de Derechos Humanos. El Estatuto de Roma habla del arrepentimiento eficaz y aporte a la investigación desde el inicio hasta el final en las causas. Acá ninguno de los que están en Punta Peuco ha entregado información ni ha tenido la voluntad, y además mantienen los pactos de silencio”.

“Ya hubo una campaña donde victimizaron a los criminales, donde han hablado de la deshumanización de los familiares de víctimas, de estos ‘pobres viejitos’. Ellos llegaron a viejos porque gozaron de impunidad muchos años, llegaron viejos a Punta Peuco. Tienen una cárcel especial y un recinto como el Hospital Militar. Solo los presos comunes viven en un mundo infrahumano, pero ellos no”, agrega la dirigenta.

Carmen Hertz, en tanto, asegura que las normas se condicen con el derecho internacional y que para el acceso al beneficio tiene que existir un arrepentimiento eficaz. “No se trata de que el tipo vaya al confesionario o a la consulta del psiquiatra a arrepentirse. El arrepentimiento eficaz significa que el tipo entregó antecedentes serios que hayan permitido desbaratar la organización criminal a la que perteneció”, dice.

Sin embargo, coincide con Lira en que esto no se ha dado hasta el momento: “No hay ningún criminal de lesa humanidad en Chile que haya cumplido con ese requisito. Ninguno colaboró con la justicia desde sus inicios y ninguno ha entregado antecedentes serios o suficientes para desbaratar la organización criminal a la que pertenecieron”.

“Un saludo a la bandera”

Cuando la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, fue consultada por El Siglo sobre si el proyecto -presentado a 15 días de que empiece el receso legislativo de febrero- fue “para el titular”, ella señaló: “Yo creo, pero nosotros no estamos para titulares, no entendemos para qué se presentó un proyecto que no tendrá futuro alguno. Sentimos que solo se hizo para decir que se quiso hacer algo, pero no prosperó”.

Tomando en cuenta que existe dificultad en impulsar un proyecto sin patrocinio del Ejecutivo, la dirigenta tildó la iniciativa de “casi una burla”.

En conversación con El Desconcierto, Alicia Lira coincide: “Es impresentable que el proyecto se envíe cuando faltan menos de dos meses para que la presidenta entregue el poder. Esto es una forma de saludo a la bandera, porque hay que recordar que febrero es un mes de vacaciones y es engañoso”.

A pesar de que Carmen Hertz asegura que como parlamentaria impulsará iniciativas como esta y como el congelado proyecto de término del secreto Valech, admite que ve muy poco probable su tramitación. “Dudo que (Sebastián) Piñera vaya a otorgarle algún tipo de urgencia. Por lo tanto, si este gobierno no le da urgencia inmediata al proyecto en estos días que faltan, para que pase aunque sea un trámite, el proyecto está muerto”.

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