Hospitales privados con financiamiento público no podrán ser objetores por aborto

El protocolo de Objeción de Conciencia de la Ley 21.030, que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, establece que los establecimientos tanto públicos como privados que cuenten con financiamiento fiscal no pueden invocar objeción de conciencia en prestaciones de obstetricia y ginecología.

“Los establecimientos públicos de salud así como aquellos privados que se encuentren adscritos al Sistema Nacional de Servicios de Salud mediante la celebración de convenios a los que se refiere el decreto con fuerza de ley N°36 de 1980, no pueden invocar objeción de conciencia, en la medida en que el objeto de dichos convenios contemple prestaciones de obstetricia y ginecología”, señala el protocolo.

En el texto también se explica el escenario para aquellos centros médicos que son administrados por privados y que además son de propiedad de entidades privadas, pero que tienen convenio con el sistema público para entregar prestaciones del Auge/ges y otras en zonas donde la red pública no puede hacerlo o no hay cobertura.
Según indica el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) los hospitales delegados, que forman parte del sistema público eran 11 en 2017.

Entre los centros médicos que manifestaron que invocarían la objeción de conciencia institucional, y que se encuentran en esta situación, está el Hospital Clínico UC, Hospital de Pucón, Hospital de Panguipulli, Hospital Parroquial de San Bernardo y el San José de Puerto Varas.

Esta resolución del Ministerio de Salud preocupa a algunas de estas instituciones que se han declarado objetoras.
El obispo Juan Ignacio González, patrono del Hospital Parroquial de San Bernardo afirmo a La Tercera que “así como está el protocolo, se intenta imponer la realización de abortos” y agregó que “ya sea, para una institución pública o privada, con fondos del Estado o no, sería inconstitucional y contrario a lo que estableció la ley que dice no hacer ninguna distinción de esta naturaleza”.

Junto con esto adelantó que en la eventualidad de que se vean obligados a adecuarse a este protocolo, éste “puede ser objeto de una reclamación vía recurso ante los tribunales porque es contrario a la ley y la sobrepasa”.
En tanto, el rector de la UC, férreo opositor al aborto señaló que en el caso del Hospital Clínico de la Red UC Christus no tienen convenios en prestaciones ginecológicas ni obstétricas por lo cual podrán ser objetores sin problemas.