The Weinstein Company (TWC), la compañía que dirigía el productor de Hollywood Harvey Weinstein, su hermano Robert, ha sido el foco de la demanda federal de derechos civiles que el fiscal general del estado de Nueva York, Eric Schneiderman, ha interpuesto este lunes, tras una investigación, por conducta sexual inapropiada.

Tras cuatro meses de indagaciones, la denuncia incluye nuevas acusaciones contra Weinstein, máximo responsable de su estudio de producción, respecto al “maltrato despiadado y explotador” que ejercía sobre sus empleados, así como testimonios de éstos como víctimas de acoso sexual, intimidación y otras conductas.

Weinstein fue acusado de acoso y asalto sexual por primera vez en dos reportajes a principios del pasado mes de octubre, tras los que decenas de mujeres se sumaron con nuevos testimonios contra él a través de la campaña de denuncias por redes sociales #MeToo. Poco después, Schneiderman comenzó a investigar The Weinstein Company.

La investigación, afirmó la fiscalía en un comunicado, “revela nuevos y atroces ejemplos de conducta sexual inapropiada de Harvey Weinstein”, algunos de los cuales detalló específicamente, como la contratación de un grupo de empleadas cuyo “trabajo básico” era acompañarlo a eventos y “facilitarle” las “conquistas sexuales”. Además, según detalló la oficina del fiscal, Weinstein dijo repetidamente a algunos empleados “te voy a matar”, “voy a matar a tu familia” o “no sabes de lo que soy capaz”. Entre otros ejemplos denunciados, el ex productor también hacía ofertas o demandas de favores sexuales a cambio de avances profesionales en TWC.

A pesar las quejas recibidas por el departamento de recursos humanos de la firma y el “conocimiento generalizado” de la cúpula sobre la “persistente” conducta de Weinstein, los ejecutivos y el consejo de administración no adoptaron “medidas significativas” para proteger a sus empleados o frenarlo. Eso, según el fiscal general, supuso “quebrar repetidamente las leyes de Nueva York al no proteger a sus empleados de un acoso sexual, una intimidación y una discriminación extendidos”.

Aunque las pesquisas continúan, el fiscal presentó la demanda ante la “inminente venta” de TWC, que cree dejará a las víctimas sin una reparación adecuada, incluyendo un fondo de compensación, y cuyos términos “permitirían” obtener beneficios a los implicados, como nuevos puestos ejecutivos en una nueva entidad. “Cualquier venta de TWC debe asegurar que las víctimas serán compensadas, los empleados podrán avanzar estando protegidos y ni los autores ni los cómplices se enriquecerán injustamente”, sentenció.