Juez Mario Carroza investiga adopciones irregulares a niños durante la dictadura

El juez Mario Carroza investiga  500 casos de adopciones irregulares durante la dictadura.

Un peritaje encargado por el magistrado develó una red de adopciones de niños a madres que estaban en situación de vulnerabilidad. La gran mayoría legó a Estados Unidos.

Carroza ordenó un peritaje a un conjunto de documentos incautados a una asistente social llamada Telma Uribe (96), quien tuvo un rol activo durante la dictadura con diversos organismos internaciones que facilitaban las adopciones a familias extranjeras. Ella guardaba un archivo con el pasado de 579 niños que fueron dados en adopción entre 1950 y 2001, según consigna La Tercera.

Su rol es clave en la investigación del ministro por presuntas adopciones irregulares en el periodo que va desde 1973 a 1990. Entre esos años se consignan 488 adopciones. Telma Uribe fue interrogada el año pasado y está en calidad de inculpada.

El proceso que inició Carroza se amplió a cerca de 500 casos debido a un informe que elaboró la asistente social y abogada de la UC, María Cecilia Erazo, que ejerce funciones de perito judicial en la Corte de Apelaciones de Santiago.

En su escrito, la asistente social indica que Chile no tuvo hasta 1988 un marco legal para regular las adopciones a países extranjeros. El mecanismo era el siguiente, se acreditaba judicialmente que un niño estaba en situación de abandono por sus padres y se establecía que los solicitantes tenían las condiciones para darle cuidado y protección al menor.

Después de esto, la persona que tenía contacto con matrimonios extranjeros pedía la tuición judicial del niño y lo sacaba de Chile y éste era adoptado en el extranjero.

«Lo normal era que llegaban a una madre que estaba embarazada o alguna que iba a dar a luz, conversaban con ella y le preguntaban cuál era su situación y si podría entregarles su hijo por diferentes motivos. Posteriormente, tomaban la tuición de ese hijo y tramitaban en los tribunales de menores la adopción o el envío del menor al extranjero y luego se tramitaba la adopción fuera de Chile y acá», afirmó Carroza a La Tercera.

El ministro advierte que podrían haber problemas de prescripción. «Si estamos hablando de casos que no están contemplados dentro de lo que podrían ser delitos de lesa humanidad, estaríamos hablando de hechos que estarían prescritos», sostuvo.