Por qué es importante que la política chilena deje de ser un Panel de Hombres

En las pasadas elecciones, la representación de mujeres en el Congreso tuvo un aumento sin precedentes, pasando del 15,8% al 22,6% en la Cámara Baja y al 23,3% en el Senado. Esto gracias a la nueva ley que, junto con poner fin al sistema binominal, establece mínimos de representación para cada sexo en la etapa de definición de candidaturas al interior de cada partido o pacto.

Si bien la paridad está aún lejos de ser alcanzada, la cantidad de mujeres electas aumentó en casi siete puntos. Un gran logro teniendo en cuenta que sin esta ley la representación de mujeres venía avanzando 1,6 puntos promedio desde 1989.

El objetivo de las cuotas de género en política es mejorar la representación de las mujeres en los espacios de discusión y deliberación democrática. Este mecanismo permite resolver problemas de reconocimiento, es decir, identificar y reconocer a las mujeres como un grupo históricamente discriminado y en desventaja, y darles valor en tanto tales. De este modo, al haber más mujeres en puestos electos democráticamente, las cuotas están haciéndose cargo –gradualmente– del problema de lo que ha sido llamado representación descriptiva, es decir, de asegurar la presencia de mujeres en términos numéricos.

Un mayor porcentaje de mujeres en cargos de representación popular es un paso de justicia mínimo, un punto de partida que crea una mayor masa crítica de mujeres en espacios políticos y laborales como el Congreso o La Moneda. Significa poner en jaque culturas históricamente masculinas y patriarcales, disminuye la presión y el estrés de desempeñarse cotidianamente en ambientes masculinizados y la probabilidad de acoso y abuso, impulsa e inspira a otras mujeres a ingresar a esa esfera, y demuestra a las comunidades y a sus electores la capacidad e idoneidad de las mujeres para el cargo, como ha sido demostrado por Dahlerup, Panday, Shin y otras autoras.

Asimismo, la implementación de cuotas ayuda a las mujeres a ganar mayor experiencia y confianza en sí mismas para mantener una carrera política a largo plazo y se relaciona con sistemas y procesos electorales más formales y transparentes, aportando a la democratización.

Finalmente, estudios han demostrado que la inclusión de mujeres, tanto en política como en la dirección de organismos privados, ha elevado los estándares de elección de candidatos y candidatas, marginando progresivamente a “hombres mediocres” que han mantenido posiciones cómodas en sus cargos hasta ahora.

La designación de gabinetes ministeriales, en cambio, no está sometida a cuotas de género por ley. Sin embargo, desde hace un tiempo, el movimiento feminista, los medios y la opinión pública en general han comenzado a calcular el porcentaje de mujeres nombradas en cada nuevo gabinete, poniendo en la discusión pública el tema de la representación de mujeres en la primera línea del Ejecutivo.

En este sentido, el nombramiento de ministros y ministras del gobierno de Piñera trajo consigo críticas por la falta de mujeres, así como su ausencia en ministerios de alto valor estratégico, como Interior o Hacienda. Bachelet, que sí ha intentado levantar una agenda de igualdad de género, tampoco mantuvo la paridad en la mayor parte de sus nombramientos ministeriales. Así, si depende de la voluntad de quienes toman decisiones en una sociedad y un sistema político patriarcal, y si no está respaldada por ley, la justa representación de las mujeres tiene pocas opciones de transformarse en realidad en los distintos espacios de poder político.

Esa justa representación, sin embargo, no dice mucho respecto al éxito que pudiesen tener las políticas de género con enfoque feminista en el país. No tiene sentido esperar que todas las mujeres en cargos políticos sean voceras y defensoras de la igualdad de género. Al mismo tiempo, es ingenuo esperar que la creación de este tipo de políticas sea un camino fácil en las discusiones y el lobby: las instituciones políticas están cruzadas por las relaciones de género y el patriarcado. Son inhóspitas para las mujeres, hay paternalismo, discriminación y acoso, hay desigualdades de poder y de años de experiencia, hay desdén por el feminismo y desinterés en los temas de género. Ejemplos claros: la ley de acoso sexual callejero, que tuvo amplio respaldo al ser presentada, lleva cuatro años esperando a ser aprobada. La ley general de violencia contra la mujer, impulsada por Claudia Pascual, quedó olvidada por dar prioridad a otros proyectos.

Para lograr un sistema político más justo en términos representativos, y con un mayor peso de la agenda feminista, el primer paso es que la política chilena deje de ser un Panel de Hombres. Necesitamos que las cuotas de género hagan su trabajo y aseguren la presencia proporcional de la mitad excluida de nuestra población en las decisiones de los territorios y del país. No porque las mujeres seamos mejores, ni porque tengamos intrínsecamente incorporados valores e ideas feministas, sino porque es el primer paso de justicia. Un segundo paso es reconocer que las mujeres no somos un grupo homogéneo, y que las mujeres y las ideas que componen la agenda feminista, en sus diversas expresiones, hoy no están suficientemente representadas. Ni en el Congreso, ni qué decir en los ministerios. Necesitamos, entonces, más representantes, más espacios de voz y voto, y un movimiento social feminista más fuerte, que respalde la transformación profunda del sistema político actual.