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Los vínculos de los consejeros, elegidos a dedo y bajo lógicas de cuoteo político, son ampliamente extendidos con la Universidad del Desarrollo y la Pontificia Universidad Católica.
La polémica resolución del Consejo Nacional de Educación (CNED) que ha objetado las asignaturas de Ciencias, Filosofía y Orientación en la malla curricular de 3º y 4º medio, ha reabierto el debate de la importancia de determinados ramos como Filosofía o Ciencias en la malla curricular. Pero esta no es la única discusión que se pone encima de la mesa. Más allá del actuar del organismo, el gremio de los docentes cuestiona también su composición, atribuciones y legitimidad.
Desde la Red de Profesores de Filosofía de Chile, Rosario Olivares criticó que «el CNED no es un órgano representativo ni democrático para decidir qué se enseña y que no en Chile». Además, la docente lamentó que no consulten nada con la comunidad educativa y actúen a sus espaldas.
El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, denunció que los consejeros actuaron con «falta de transparencia» porque aunque en la resolución consta que no hubo acuerdo entre los asistentes, «no especifican con detalle quienes han sostenido las posturas de oposición a esta norma [la propuesta por el Mineduc que integraba los tres ramos en la malla curricular]».
De hecho, en el sitio web del organismo se puede consultar la resolución del acuerdo 25/2018, que incluye la controvertida decisión, sin embargo, no aparece aún el acta de la reunión del pasado 7 de febrero, donde se decidió dicha medida, que debería de recoger el debate entre consejeros. Hasta el momento del cierre de esta nota, la última de las actas es la del 10 de enero de 2018. En ella se detalla que el punto de la orden del día dedicado a debatir la «propuesta reformulada de Bases curriculares para III y IV medio», los consejeros preguntaron a Alejandra Arratia, coordinadora de la Unidad de Currículum y Evaluación (UCE) y una de las invitadas del Ministerio de Educación a exponer la propuesta, algunos aspectos sobre su presentación, entre ellos, «la situación de ciencias y filosofía y el perfil del profesor de educación ciudadana».
El CNED fue creado en abril de 2012 para «promover y cautelar la educación chilena en todos sus niveles», aunque sus orígenes remontan a 1990, con la creación del Consejo Superior de Educación presidido en aquel entonces por el ideólogo de las políticas educativas concertacionistas José Joaquín Brunner.
Está compuesto por 10 miembros, que permanecen seis años en sus cargos y se renuevan por mitades cada tres. Su presidente tiene que ser un «académico de reconocida trayectoria» designado por el presidente o presidenta de la República. Además, lo integran: dos profesionales de la educación tanto del ámbito municipal como particular, nombrados por la Presidencia a partir de ternas elaboradas por el Consejo de Alta Dirección Pública (ADP); cuatro académicos «de reconocido prestigio», propuestos por el presidente a partir de ternas elaboradas por el Consejo de ADP y ratificadas por el Senado; un miembro designado por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, otro por los rectores de las universidades privadas autónomas acreditadas y un tercero designado por los institutos profesionales y los centros de formación técnica acreditados.
«El CNED ha terminado siendo un organismo de cuoteo político entre el duopolio de la Nueva Mayoría y la derecha«, aseguró Aguilar. Según él, «se trata de funcionarios designados, no son elegidos, no existe procedimiento participativo para designarlos», lamentó. Olivares agregó que «la mayoría de sus integrantes la mayoría son gente sin sentido público, pertenecientes a la Universidad del Desarrollo».
La decena de integrantes de este organismo replican hasta el día de hoy la estructura institucional de la transición pactada. Tienen en común que su formación y capacitación ha sido mayoritariamente en Estados Unidos y Europa, bajo los paraguas de universidades privadas y con enfoques economicistas y neoliberales. Los mismos que replican en la mayoría de los espacios laborales desde donde se desempeñan, como la Pontificia Universidad Católica (PUC) o la Universidad del Desarrollo.
El informe «Redes del poder: ¿Quién controla el Consejo Nacional de Educación en Chile? La estafa de Santiago y la élite política-académica conservadora a la revolución pingüina» presenta un mapa interactivo para conocer quiénes hay detrás del CNED, de dónde vienen y cuáles son sus redes.
Pedro Montt Leiva ocupa el cargo de presidente por el período 2015-2021. Es profesor de Ciencias Naturales y Química de la PUC y Licenciado en Ciencias Básicas de la U Chile, con estudios de postgrado en Gestión Pública en la Universidad de Lincoln, Reino Unido. Es académico de la Universidad del Desarrollo y se desempeña en el programa de formación general para alumnos de pregrado de la Universidad Diego Portales.
Es militante demócratacristiano de dilatada trayectoria. Fue subsecretario de Educación durante la administración del Presidente Ricardo Lagos, y ha mantenido varios altos cargos al interior del Ministerio de Educación. Ha realizado consultorías en el Ministerio de Educación de Ecuador y en la Secretaría de Educación de México. Es investigador asociado del Centro de Estudios del Desarrollo (CED) y colabora con el Centro de Estudios de Políticas Públicas (CEPP, Argentina). Ha hecho carrera gestionando proyectos de ley en educación, como el Estatuto docente, la Jornada Escolar Completa (JEC) y la Subvención Escolar Preferencial (SEP).
Jorge Toro Beretta es consejero (2012-2018) y profesional de la educación en Química y Ciencias Naturales. Ex rector del Instituto Nacional, cuenta con una extensa trayectoria como profesor y en cargos en el ámbito de la administración y coordinación en establecimientos educacionales. Además, ha sido dirigente gremial, ocupando el cargo de presidente de la mesa comunal Santiago del Colegio de Profesores.
Kiomi Matsumoto Royo, consejera (2015-2021) y educadora de Párvulos. Con formación de postgrado por la PUC. Es docente de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo y representante del Consejo de Alta Dirección Pública para procesos de selección de directores de excelencia en establecimientos municipales. Fue coordinadora académica en los colegios Saint George´s College y San Francisco Javier. Entre los años 2007 y 2010 fue coordinadora del área de Evaluación de Duoc UC. Además, ha participado en proyectos de investigación de distinta índole.
María Francisca Dussaillant Lehmann es consejera (2012-2018) con ratificación por el Senado. Ingeniera Civil de Industrias y Ph.D. en Economía de la PUC y Master por la Universidad de Carolina Norte en Chapel Hill. Es directora del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo.
Cecilia Sepúlveda Carvajal, consejera (2015-2018) ratificada por el Senado. Médico-cirujana de la U Chile, especialista en Medicina Interna de la PUC y especialista en Inmunología de la U de Chile y del Instituto Pasteur de París, Francia. Fue presidenta de la Asociación de Facultades de Medicina (ASOFAMECH), de la Sociedad Chilena de Inmunología y Secretaria de la Asociación Latinoamericana de Inmunología (ALAI), y es miembro de sociedades científicas nacionales e internacionales.
María Loreto Fontaine, consejera (2015-2021) con ratificación del Senado, es profesora de Educación Básica con Mención en Artes de la PUC y Máster en Ciencias de la Educación de la Universidad de Kansas, Estados Unidos. Durante 12 años fue investigadora del Centro de Estudios Públicos. Ha ocupado cargos directivos al interior del Mineduc y se ha desempeñado como docente en la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo y en la Universidad Diego Portales.
Lorena Meckes Gerard, consejera (2015-2021) ratificada por el Senado. Psicóloga de la PUC y magíster por el Instituto de Educación de la Universidad de Londres. Coordina el área Internacional del Centro de Medición de la PUC. Entre 2003 y 2008 dirigió el SIMCE, actual Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de Aprendizaje. Ha sido consultora en materia de estándares educacionales y evaluación para la OCDE, UNESCO y el Banco Mundial, entre otros.
Carmen Norambuena Carrasco, consejera (2012-2018) designada por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. Profesora de Historia y Geografía Económica en la Universidad Técnica del Estado. Es profesora titular de la Universidad de Santiago (Usach). Fue directora del Instituto de Estudios Avanzados y decana de la Facultad de Humanidades. Ha sido profesora de la U de Chile.
Roberto Guerrero del Río, consejero (2012-2018) designado por los Rectores de las Universidades Privadas autónomas acreditadas. Abogado de la U de Chile. Fue profesor de Derecho en la Facultad de Economía de la PUC y profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Finis Terrae, donde ocupó varios cargos. Fue socio fundador del estudio de abogados Guerrero, Olivos, Errázuriz y Novoa, vinculado a Jovino Novoa hasta 2015. Pese a que fue imputado por emitir boletas falsas a SQM -su estudio recibió un total de $600 millones de la minera-, no está condenado por el caso.
Alejandro Espejo Silva, consejero (2015-2021) designado por los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica acreditados. Ingeniero Forestal de la U de Chile y MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez. Posee un postgrado de Dirección Estratégica de las Universidades, y una Cátedra UNESCO de Dirección Universitaria de la Universitat Politècnica de Catalunya. Ocupó varios cargos en la Escuela de Recursos Naturales de Duoc UC.
Tanto Aguilar como Olivera coinciden en destacar que el organismo opera como «símil del Tribunal Constitucional», como «ente conservador y defensor del status quo en educación que impide cualquier cambio en modelo educacional chileno». El llamado, desde el gremio de docentes es a que la ministra de Educación, Adriana Delpiano, apele o trate de reconsiderar la controvertida decisión. «La Nueva Mayoría tiene que hacerse cargo de este organismo que ella misma creó», concluye Olivares.
