Ex ministro Jaime Campos se habría negado a firmar los decretos de cierre de Punta Peuco e indulto a Jorge Mateluna

«No se pudo», fue la escueta respuesta que dio ayer la ex vocera de gobierno Paula Narváez ante la consulta de porqué no se concretó el cierre del penal Punta Peuco, que aloja a más de 80 condenados por violadores a derechos humanos en dictadura.

Hoy se sabe que detrás de «no se pudo» hay más que contar. Según informa La Tercera, la ahora ex presidenta Bachelet firmó el decreto que trasladaba a los presos de Punta Peuco hacia el penal de Colina I, transformando el recinto en Til Til en un recinto destinado a presos en situaciones especiales, como enfermos terminales y mujeres embarazadas.

Y además, la mandataria había enviado el decreto de indulto presidencial a Jorge Mateluna, el ex frentista acusado injustamente del robo de un banco, causa a la que se han sumado múltiples figuras del mundo de la cultura y el derecho, ante las claras inconsistencias en la sentencia.

Ninguna de las dos medidas se concretó. Resulta que Jaime Campos, ministro de Justicia, se habría negado a firmar ambos decretos. Como respuesta, señaló que ninguno de los dos llegó a sus manos.

Según La Tercera, el traslado de los presos de Punta Peuco venía planificándose hace 3 años, cuando Javiera Blanco era la titular de la cartera. El objetivo de llevarlos a Colina I era que los violadores de derechos humanos no tuvieron privilegios respecto a otros presos.

Para efectuarse, ya se contaba con un informe técnico que aprobaba el traslado de, entre otros, Álvaro Corbalán, Miguel Krassnoff y Raúl Iturriaga Neumann. Y para eso, se hizo toda una remodelación en el recinto carcelario, en el que se invirtieron $1.500 millones.

Consultado ante el asunto, Campos evadió responder directamente si se había negado a firmar el decreto enviado por Bachelet, pero ante la pregunta de si es posible rebelarse ante una instrucción de la primera autoridad, dijo que «en un caso hipotético, no digo que sea este el caso, pero en un caso hipotético… Si hay una acto que violenta lo que señala mi conciencia o lo que creo indica la Constitución y las leyes, por supuesto que no lo ejecutaré«.