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El ex ministro de Justicia reconoció que se negó a ejecutar lo ordenado por Bachelet en las últimas 48 horas de su gobierno: «Nunca he pretendido amparar a los violadores de DD.HH (…) Sin embargo, quienes debían adoptar las medidas políticas pertinentes, en el momento oportuno no lo hicieron», argumentó.
A través de un video dirigido a personas que participan en la masonería, el ex ministro de Justicia de Michelle Bachelet confirmó que recibió instrucciones de comenzar el cierre del penal Punta Peuco durante el sábado 10 y el domingo 11 de marzo, pero que se negó a ejecutarlas.
«A horas de la transmisión de mando, ¿puede alguien obligarme a ejecutar actos que violenten mi conciencia y que violenten la Constitución y las leyes?», cuestionó.
En cerca de ocho minutos de registro, Campos también aseguró que, hasta el viernes 9 de marzo, «que es cuando en la práctica dejo de actuar como ministro de Justicia y Derechos Humanos, el gobierno nunca me entregó información o instrucción o resoluciones al respecto».
«Sin embargo, y de una manera a mi modo de ver extraña, el sábado 10 en la noche y el domingo 11 en la mañana, a horas de la transmisión de mando, me plantearon la necesidad de ejecutar un acto administrativo que no implicaba el cierre de Punta Peuco, como algunos lo indican, pero que objetivamente se refería a él», agregó.
El ex ministro cuenta por qué decidió rechazar dicha orden: «Les advertí que ese acto jurídicamente era ineficaz, que no iba a producir efecto material alguno, y que me parecía sólo una maniobra político-comunicacional, efectista y que, por cierto, yo para ello no me prestaba»
Además, les habría indicado que la propuesta «adolecía de errores que lo podían transformar en un documento además ilegal, puesto que todo el procedimiento de su génesis no corresponde a lo que nuestro ordenamiento jurídico contiene sobre este punto».
Desde su perspectiva, a horas de la transmisión del cambio de mando, «un acto de esta especie lo único que iba a lograr era empañar lo que ha sido la tradición republicana chilena en materia de transmisión de mando, y con el propósito de evitar ese bochorno, por cierto que me negué a hacerlo».
Campos deslizó que había otras órdenes de Michelle Bachelet que él decidió no cumplir previamente: «Me negué a ejecutar otros actos administrativos que me indicaron, puesto que, desde un punto de vista constitucional y legal, y como ya por escrito se los había advertido, tenía reproches jurídicos sobre la materia», afirmó.
Se presume que el ex secretario de Estado se refería a los indultos presidenciales a presos, como el beneficio que se pretendía otorgar al ex frentista Jorge Mateluna.
Además, Campos cuestionó a Bachelet por no recibir órdenes a tiempo sobre el futuro de Punta Peuco: «Cuando asumí el ministerio de Justicia, le planteé a su excelencia la Presidenta de la República, la necesidad de adoptar una resolución sobre la situación que regía en el penal denominado Punta Peuco. En esa ocasión me advirtió que era una materia muy compleja, que contenía aristas políticas, militares, penitenciarias, de seguridad, y que por ende, la resolución se iba a adoptar más adelante».
Sin embargo, el ex ministro agregó que «en seis ocasiones le volví a señalar la necesidad y la urgencia de que adoptásemos una resolución sobre el particular, e incluso, como Ministerio de Justicia, le planteamos dos o tres alternativas legalmente válidas, a objeto de concretar nuestros anhelos en orden a encontrar una solución a esta materia. Sin embarco, nunca tuve respuesta sobre ello».
La última vez que volvió a recordárselo a la ex Presidenta fue en enero pasado, pero tampoco se tomó una postura al respecto.
«Nunca he pretendido amparar a los violadores de DD.HH. como alguno lo sostiene. Por el contrario, durante un año y medio traté y encontré respuestas para darle solución a esa materia. Sin embargo, quienes debían adoptar las medidas políticas pertinentes, en el momento oportuno no lo hicieron. Y de ahí es que no podía aceptar, a la hora undécima, tratar de ejecutar un acto a sabiendas de que era ilegal y a sabiendas que sólo tenía un propósito comunicacional y que empañaría groseramente lo que era el proceso de transmisión de mando», cerró.
