Con advertencias de incluso escalar a un escándalo internacional se llevó a cabo el pasado martes una reunión entre senadores de la ex Nueva Mayoría con los ministros del Interior, Andrés Chadwick (UDI), y Segpres, Gonzalo Blumel (Evópoli).

El principal tema a tratar en el encuentro, según consigna La Tercera, fue la necesidad de reformar al Tribunal Constitucional (TC) luego de las graves acusaciones que han apuntado a que el organismo mantendría “paralizada” la tramitación de distintas causas por violaciones a los derechos humanos.

Por regla general, hasta el año pasado el tribunal declaraba como inadmisibles los recursos que apelaran a la inaplicabilidad de las sentencias de la justicia –este tipo de acciones aluden a que se aplicó un precepto legal en un sentido que resulta contrario a la Constitución– cuando acudieran hasta él las defensas por delitos de lesa humanidad. Pero se decidió cambiar el criterio, y de las 30 causas que han ingresado al TC entre noviembre de 2015 y el 1 de abril de 2018, a 21 se les ha aplicado la suspensión del procedimiento, mientras que 12 están pendientes.

Además, recientemente el actual presidente de la instancia, Iván Aróstica, omitió poner en la tabla del pleno una causa relacionada a la “Operación Cóndor”, mientras que gran parte de los casos de derechos humanos de la Región de Ñuble siguen detenidas.

Ante ese escenario, y como es la zona que él representa, el senador Felipe Harboe (PPD) lideró el envío de un proyecto de ley en el que acusa que el TC “se ha convertido en una verdadera trinchera para la impunidad. Sus magistrados no pueden desconocer que los victimarios prefieren morir antes que ir a la cárcel o, peor aún, prefieren que mueran las víctimas, sus familiares o testigos, antes que se dicte condena”.

En el texto, que cuenta con la firma de parlamentarios como Carolina Goic (DC), Yasna Provoste (DC), Juan Ignacio Latorre (RD), Alfonso De Urresti (PS) e Isabel Allende (PS), se solicita al presidente Sebastián Piñera enviar al Congreso una modificación al TC “que fije plazos breves y perentorios para la dictación de sentencia en materia de inaplicabilidad por inconstitucional, estableciendo que cuando se refieran a procesos penales por delitos de lesa humanidad, sean visto preferentemente por el TC, y disponga, durante la vista del recurso, la imposibilidad de paralizar la secuela del proceso penal en esta clase de delitos”.

Uno de los casos más críticos, por ejemplo, es que ya lleva más de un un año y ocho meses paralizada en el tribunal la causa por el homicidio calificado de Miguel Estol Mery, ocurrido en octubre de 1973.

La investigación se inició en enero de 2011, y en 2016 el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó una condena de 7 años de prisión para el ex brigadier del Ejército Alfonso Videla, y de 5 años para el cabo Víctor Muñoz, sentencia que fue ratificada por la Corte Suprema, que incluso aumentó la pena a 10 años para el primer militar.

Sin embargo, la defensa de Videla recurrió al TC para buscar que se declarara inconstitucional la aplicación de una serie de preceptos legales, y el requerimiento presentado fue admitido por los ministros. En agosto de 2016 el TC suspendió el procedimiento del caso, y si bien siete meses después llegaron a un acuerdo para dictar un fallo, este aún no aparece.