Revolución por la dignidad: Hacia una nueva Política de Drogas socialmente responsable

La ley 20.000, ley de drogas que busca perseguir el tráfico de sustancia psicotrópicas en nuestro país, ha sido sistemáticamente mal aplicada, transformándose en una herramienta de criminalización de la población, particularmente de los sectores más vulnerables. A pesar de lo anterior, los diversos usos del Cannabis, la sustancia no regulada con mayor prevalencia en su consumo en Chile, constituyen una innegable realidad; Chile destaca en la región por el más alto reconocimiento de consumo, con un 40%, seguido por Argentina (39%) y México (32%). Un 48,2% de la población apoya la idea de su legalización, tal como lo han hecho Uruguay y Canadá, según revela el paper llamado “Latin America: Results from a Latin-American Survey” publicado en el International Journal of Drug Policy. En este paper participaron académicos y expertos de diferentes instituciones, entre ellas de la Universidad Andrés Bello, Diego Portales, Universidad de Londres y Asuntos del Sur. Una de las razones que explica esta alta prevalencia de consumo de cannabis es la creciente incorporación de esta alternativa terapéutica en la vida de miles de ciudadanas y ciudadanos, que mejoran sus vidas con ésta antigua planta medicinal. El autocultivo ha sido, sin duda alguna, la principal vía de acceso para los todos los tipos de usuarios de cannabis (lúdicos, espirituales y medicinales), siendo una actividad lícita en nuestro actual marco jurídico, considerado como una excepción en la norma penal cuando está destinado a el uso personal, exclusivo y próximo en el tiempo, o al estar destinado a un tratamiento médico. Esto ha permitido que en la actualidad el 82,6% del cannabis consumido en Chile sea verde, y sólo el 8,1% corresponde a marihuana prensada, según el Décimo Segundo Estudio Nacional de Drogas en población general de Chile, 2016.

A pesar de esta contundente realidad social, las detenciones por cultivo llegaron a 3.266 el 2016, mostrando un alza de 30,8% respecto al año anterior, siendo las detenciones que más aumentan. Esta situación refleja el espíritu represor hacia los usuarios de cannabis que inspira las políticas desplegadas desde los gobiernos e instituciones de seguridad pública. Estas estrategias no han dado el resultado esperado de reducir las redes de narcotráfico, siendo, en cambio, las responsables de expandir la separación abismal entre la regulación responsable en el uso de drogas y la criminalización de usuarios.

Esta sesgada aplicación de políticas de seguridad y estrategias contra el narcotráfico solo dejan un abultado número de encarceladas y encarcelados, con el foco en la persecución de cultivadores y consumidores, alejándose de la necesidad de trabajar y enfocar recursos para el verdadero problema que nos aqueja: la ejecución una nueva y moderna política de drogas.

El aumento del comercio ilegal de drogas en sectores marginalizados es un síntoma más de la precarización laboral, de la violencia cotidiana e institucionalizada, de la estigmatización social y el nulo trabajo organizativo, inclusivo y respetuoso desde las autoridades.

Desde Revolución Democrática hemos dado un giro a la forma de hacer política territorial. Hoy, al desplegarnos en nuestras comunas y poblaciones, tenemos la obligación de abordar el problema del narcotráfico y la estigmatización de usuarios de sustancias declaradas “ilícitas”, particularmente en los sectores más vulnerables, donde gran parte de nuestra militancia hace trabajo político cotidiano

Contamos con el compromiso explícito de todos los parlamentarios de Revolución Democrática para trabajar por la construcción de una Nueva Política de Drogas, lo cual se encuentra consagrado en el “Programa de much@s” de nuestra candidata presidencial, Beatriz Sánchez.

Por otra parte, al definirnos como un partido feminista, no podemos dejar de poner el foco en la precarización y vulneración de los derechos de las mujeres, al ser estas el último eslabón en la cadena del narcotráfico. En Latinoamérica la mayoría de las mujeres encarceladas lo están por delitos no violentos ligados a la comercialización de pequeñas cantidades de drogas. Particularmente en Chile, a partir de la implementación de la ley 20000, el aumento de la población penal femenina ha sido tremendamente desproporcionado en comparación con la población penal masculina, tratándose en su mayoría de mujeres con baja escolaridad, madres o abuelas a cargo del núcleo familiar y de zonas marginales del país: el 52% de las mujeres privadas de libertad en nuestro país lo están por la Ley 20.000. Esto nos indica que, además de no solucionar el problema de fondo, puesto que se apunta al elemento más débil y precarizado, teniendo además un nulo impacto en el desmantelamiento de estas redes delictivas, pone de manifiesto un problema mucho más profundo que dice relación con la falta de oportunidades laborales, la baja tasa de reinserción social y la poca capacidad de hacernos cargo de un problema real, como es el consumo de sustancias (lícitas o ilícitas). Frente a un Estado ausente, sentimos el deber de abordar el tema de forma integral, con todas las aristas que contiene, el impacto en salud, la integración social, los derechos humanos, la educación y sobre todo la libertad de elegir de manera informada y consciente.

Estamos llamados a evaluar esta problemática con perspectiva feminista, solidaria, colaborativa e inclusiva; esto nos permitirá la superación de uno de nuestros más grandes enemigos en esta lucha, la desinformación. Avanzar hacia una sociedad informada, consciente, educada en sus derechos es la tarea que como Revolución Democrática llevamos adelante desde nuestros territorios.

Firman:

Ana María Gazmuri, Territorio Peñalolén, Revolución Democrática

Lorena Cisternas, Territorio Pedro Aguirre Cerda, Revolución Democrática

Patricio Medina, Territorio Pudahuel, Revolución Democrática

Rodrigo Salas, Territorio Santiago Centro, Revolución Democrática

Ignacio Miranda, Territorio La Cabras, Revolución Democrática