Feudalismo Político

El clientelismo político se ha definido como “un mecanismo de dominación y sujeción política operado por sujetos que ocupan un lugar jerárquico superior” (Trotta, 2003), y ha sido conocido ampliamente en Latinoamérica por las prácticas que un porcentaje importante de nuestra clase política e instituciones utilizan para monopolizar el poder. Para empezar, nos gustaría aclarar el marco de esta columna, ya que se enfoca principalmente en la relación que ha existido y existe en Chile entre las autoridades locales de elección popular (Senatoriales, distritales y municipales) y el clientelismo político ejercido por un importante porcentaje de ellas durante los últimos 28 años de democracia.

Es posible imaginar que varios de los que leen esta columna han escuchado más de alguna vez la típica historia del Alcalde, Diputado o Senador que lleva tres, cuatro o cinco períodos reelecto. El mismo que de vez en cuando visita algún club de barrio, junta de vecinos, o club de adulto mayor prometiendo cambios y regalando diversidad de cosas: juegos de camisetas para el próximo campeonato, copas, canastas de navidad, fiestas, etc. Hechas las regalías, probablemente las personas beneficiadas por ellas (mereciendo mucho más que eso) votarán por este “solidario” político y subsecuentemente por sus hijos  o por sus “ahijados políticos” que se presenten a otros o al mismo cargo público de elección popular.

Lamentablemente, esta historia puede llegar a ser eterna, debido a que a ese político (y a su entorno de poder) le acomoda dicho orden de cosas, ya que bajo ese marco puede ser reelecto en infinitas ocasiones. En este contexto, este político y su entorno harán poco y nada para empujar cambios sustanciales en el nivel de información y participación política que pueda tener su electorado, ya que preferirá siempre volver a los lugares de siempre, a entregar los regalos de siempre, a las personas de siempre para ser elegido por siempre (él o alguien de su familia política). Lo peor de esto, es que no irá con quienes no les rindan pleitesía, ni menos velarán por sus intereses, llegando incluso a obstaculizar la posibilidad de ser beneficiados con políticas y/o recursos públicos. Es decir, nos terminamos encontrando con verdaderas “dinastías políticas” que hacen de la actividad pública un verdadero negocio familiar y omiten (si no perjudican) a quienes no los apoyen en esta lógica.

Esta eternización en cargos públicos electos basada en prácticas de clientelismo político, sin duda, ha carcomido nuestra democracia. Algunos podrán defender a estas autoridades planteando que son elegidas democráticamente, sin embargo, ¿cuánta participación ciudadana hemos ganado en estos últimos 28 años con este tipo de liderazgos en el poder? Poca. ¿Por qué? Porque finalmente estos “líderes” promocionan prácticas que han generado un desincentivo a la participación ciudadana en miras al bien común, potenciando en vez, una especie de “toma y dame”, donde los votos han pasado a disputarse y entregarse en una mera lógica de consumo individual.

Lo anterior, termina generando una evidente eternización en el poder. Esta eternización se sustenta en el “amiguismo” y “padrinazgo” de los que conformen los círculos de confianza de la autoridad, quienes también ejercen (sin cuestionamiento alguno) esta lógica clientelar, haciendo gestión pública bajo esos patrones. Tristemente llegamos al punto de encontrarnos con algo que es más grave, la gestión de un cargo o una responsabilidad pública pasa a ser parte de una campaña electoral extendida, rompiendo el objeto por el cual fue elegida la persona, que no es sino trabajar por el bien común ciudadano. Así, este grupo de poder termina ejerciendo cargos públicos solo con miras a ganar una próxima elección, poniendo por sobre el interés común y el proyecto ciudadano, el interés de permanecer en el poder. Luego, lo que era un medio (un representante público) pasa a ser un fin en sí mismo.

Enfrentar y contrarrestar esta manera de hacer política implica estar dispuestos a sufrir eventuales consecuencias electorales y, como hemos visto, en materia electoral para una importante parte de la clase política “el fin justifica los medios” y si “todos lo hacen” vale. Sin embargo, estas malas prácticas afectan gravemente nuestra democracia. Privilegian una mirada cortoplacista en la implementación y diseño de políticas públicas, es resultadista, y lo más grave, instrumentaliza al ciudadano. Será difícil poder pensar y trabajar por un Chile mejor a 20 años, si tenemos un porcentaje importante de autoridades públicas que lo piensan a 4 años con el sólo objeto de reelegirse.

En primer lugar, es fundamental limitar la posibilidad de reelección de estas autoridades, para desincentivar una gestión orientada constantemente al resultado electoral. Junto con ello, es necesario que trabajemos y se implemente un mayor control ciudadano de las autoridades elegidas, con cuentas públicas que reflejen indicadores de cumplimiento de aquello a lo que se comprometió el Alcalde, Diputado o Senador para ser electo (OECD, 2017). Si no cumplió, será decisión del ciudadano o ciudadana reelegirlo o no, pero será una decisión informada y objetiva. Terminando, quizás podría ser bueno preguntarse, ¿cuál es la situación de mi comuna, distrito o región al respecto? ¿Se ejercen estas prácticas de clientelismo político en mí localidad? ¿Soy cómplice o sujeto de este clientelismo? ¿Sé qué cosas cumplió mi Alcalde, Diputado o Senador y cuáles no? Pues bien, exijámoslo saber, pues es nuestro derecho y deber como ciudadanas y ciudadanos, y ayudemos así a ir construyendo un Chile verdaderamente democrático, donde en lugar de mendigarse beneficios a nuestras autoridades, se ejerza la ciudadanía de manera activa y responsable.