En Perú aprueban cadena perpetua y discuten castración química para violadores de niños, niñas y adolescentes

El pleno del Congreso de Perú aprobó, en primera la votación, una modificación del Código Penal que permite ejecutar la cadena perpetua y la castración química en violadores de menores de 14 años.

El texto, que reúne cerca de 20 proyectos de ley planteados por diversos sectores políticos, planteó la cena perpetua para los abusadores y fue aprobado por unanimidad, mientras que la castración química como medida complementaria logró 67 votos de apoyo, 20 abstenciones y 7 votos en contra, por que lo que tendrá que ser ratificada en una nueva votación.

Al respecto, el parlamentario Yonhy Lescano, uno de los impulsores de la propuesta, señaló que la castración química ha logrado un efecto disuasivo en otros países: «En 6 estados de EEUU se aplica. Hoy hay que aprobar cosas distintas de aumentar las penas, porque no han disminuido las violaciones», argumentó.

El tratamiento médico podría ser administrado mediante inyecciones o pastillas, disminuyendo los niveles de testosterona y frenando el deseo sexual. Sin embargo, especialistas en el tema aseguran que la medida es demagógica ya que no existen estudios científicos que avalen su aplicación en Perú.

En tanto, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, sostuvo que lo primero es la prevención del delito: «No puede ser la principal medida (la castración) para luchar contra los violadores, porque estamos yendo a la fase final», señaló.

Además, la iniciativa que se discute en el Congreso peruano contempla la imprescriptibilidad de los delitos contra la libertad sexual y eliminar los beneficios penitenciarios para los condenados por estos casos. En caso de que el abusador sea profesor, sacerdote o familiar de la víctima, la ley podría considerarlo un agravante.

Se estima que cerca de 4 mil casos de violación a niños, niñas y adolescentes son reportados al sistema judicial, según estableció un informe del Ministerio del Interior del 2016, mientras que datos del Plan de Acción a favor de la Infancia y la Adolescencia señalan que existen más de cinco mil denuncias al año.